Evolución autoritaria y minorías extremistas

La paradoja de la tolerancia formulada por Karl Popper plantea una cuestión fundamental sobre las sociedades ilimitadamente tolerantes que eventualmente serán destruidas por los intolerantes. Para preservar una sociedad tolerante, esta debe ser intolerante con la intolerancia. En las últimas décadas, esta paradoja ha sido revisitada en diversos contextos contemporáneos, especialmente en el ámbito público y la regulación de ciertas libertades contra extremismos dentro de los límites de una sociedad democrática. La pregunta es cómo equilibrar las libertades con la necesidad de proteger a la sociedad de discursos y actos que incitan al odio y la violencia o que cercenan otros derechos.

Según Frank Furedi, este fenómeno se observa especialmente en las redes sociales que enfrentan el desafío de moderar contenido sin caer en la censura excesiva, lo cual es una aplicación directa de la paradoja de Popper. Por ello, se han aplicado políticas para la eliminación de publicaciones que incitan a la violencia, el odio racial, religioso o étnico, y la suspensión de cuentas que violen repetidamente estas normas, justificando estas medidas bajo la necesidad de proteger a la sociedad de la intolerancia.

En Alemania, la Ley de Aplicación de la Red (NetzDG) impone multas a las redes sociales que no eliminen rápidamente el contenido ilegal, como los discursos de odio. Al respecto, Heiko Maas sostiene que estas medidas son una forma de aplicar la paradoja de la tolerancia de Popper, ya que buscan impedir que la libertad de expresión sea explotada por individuos o grupos intolerantes para socavar la misma democracia que la protege.

Las políticas gubernamentales contra el extremismo también manifiestan la paradoja de la tolerancia, donde la intolerancia hacia los intolerantes es esencial para mantener una sociedad abierta y libre. Muchos gobiernos han implementado estrategias para prevenir el extremismo violento y la radicalización, reconociendo que permitir la propagación de ideologías extremistas pone en peligro la estabilidad y seguridad de la sociedad. En este sentido, Michael Minkenberg argumenta que las democracias deben encontrar un equilibrio entre la protección de las libertades civiles y la implementación de medidas contra aquellos que buscan destruir el orden democrático y el estado de derecho.

En respuesta a diversos ataques terroristas, Francia implementó la Ley de Prevención y Control del Extremismo Violento, aprobada en 2021, permitiendo a las autoridades cerrar lugares de culto que promuevan el odio y la violencia, y disolver organizaciones que fomenten el extremismo. Esta ley se puso en práctica cuando el gobierno francés cerró varias mezquitas y asociaciones vinculadas con el radicalismo islámico, especialmente después del asesinato del docente Samuel Paty en 2020, decapitado por un extremista islámico. La medida, según Lorenzo Vidino, fue defendida como necesaria para proteger los valores de la República Francesa y prevenir la propagación de ideologías intolerantes que amenazan la seguridad pública.

En el 2014, Ucrania prohibió el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores (Svoboda), una organización política conocida por su retórica y acciones xenófobas y antisemitas. Esta prohibición fue parte de un esfuerzo más amplio para evitar el resurgimiento de ideologías que promuevan el odio y la violencia en un país que ha enfrentado conflictos internos y actualmente una guerra. La acción, acorde a Anton Shekhovtsov, fue justificada como necesaria para proteger la integridad del estado y los derechos humanos de todas las comunidades.

Por otro lado, están los movimientos que bajo la consigna de defender derechos alcanzaron el poder y ejerciéndolo autoritariamente cancelan aquellos mismos derechos. Hamas, un grupo islamista devenido en una agrupación terrorista, comenzó como una organización que demandaba derechos y resistía la denominada ocupación israelí, ganando apoyo popular en parte debido a su retórica de justicia social y resistencia. En 2006, Hamas ganó las elecciones legislativas palestinas y asumió el control de la Franja de Gaza. Tal como demuestran Beverley Milton-Edwards y Stephen Farrell, una vez en el poder, Hamas implementó políticas autoritarias, suprimió la disidencia política y restringió las libertades individuales. Los derechos de las mujeres y las minorías, así como la libertad de expresión y de prensa, fueron significativamente restringidos. Además, se impusieron leyes basadas en la ley islámica (Sharía), que afectaron negativamente a diversas comunidades dentro de Gaza.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) liderado por Recep Erdoğan llegó al poder en Turquía en 2002, gracias a su promesa de representar a las minorías musulmanas y defender la democracia y los derechos humanos, contrastando con los gobiernos laicos anteriores que marginalizaban a los religiosos. Sin embargo, una vez en el poder, Erdoğan ha erosionado la democracia consolidando el autoritarismo. Omer Taspinar detalla como AKP ha reprimido a los opositores políticos, periodistas y activistas, además de realizar purgas en diversas instituciones. Sus políticas han restringido significativamente la libertad de expresión y los derechos de las minorías políticas y étnicas.

En su estudio, Christophe Jaffrelot demuestra como el BJP, bajo el liderazgo de Narendra Modi, llegó al poder en 2014 con una consigna que incluía la defensa de los derechos de la mayoría hindú y la promesa de desarrollo económico. Inicialmente, se presentó como un partido que respetaba la diversidad y la democracia de la India. No obstante, al asumir el poder, sus políticas marginalizaron a las minorías musulmanas y promovieron una agenda nacionalista hindú. Numerosos incidentes de violencia sectaria y linchamientos de minorías religiosas han sido provocados por el gobierno promulgando leyes controvertidas como la Ley de Enmienda de Ciudadanía de 2019, discriminando a los musulmanes. Estas acciones han erosionado los principios democráticos y promovido una agenda autoritaria.

Desde lo sociodemográfico, enclaves europeos con alta concentración de población musulmana han implementado informalmente leyes basadas en la Sharía, especialmente en asuntos comunitarios y familiares. Esto ha llevado, según Kenan Malik, a conflictos con los derechos humanos y valores democráticos de los países anfitriones, afectando negativamente los derechos de las mujeres en temas como matrimonio, divorcio y custodia de hijos. En Bélgica, algunas comunidades musulmanas como en Molenbeek, han buscado autonomía cultural y religiosa, promoviendo la segregación y rechazando valores democráticos, lo cual se evidenció tras los ataques terroristas de París en 2015, acorde a Samir Amghar. En Francia, John Boewn ha demostrado cómo ciertas áreas con alta población musulmana, conocidas como “zonas de no-go”, imponen normas sociales y religiosas estrictas, limitando las libertades individuales y desafiando los principios de igualdad y libertad de la República Francesa.

La paradoja de la tolerancia de Karl Popper también puede aplicarse al contexto de movimientos sociales como ciertos feminismos, la interseccionalidad, ideología de género y cultura woke, ya analizados en el anterior artículo El despertar distópico y la interseccionalidad woke. Estas ideologías han devenido casi en obligatorias y punitivas para quienes no las adoptan plenamente.

Estos ejemplos contemporáneos ilustran cómo la paradoja de la tolerancia de Karl Popper puede manifestarse en situaciones donde grupos que inicialmente exigen tolerancia y derechos, al obtener el poder, adoptan políticas autoritarias. Este fenómeno demanda medidas para la protección de una sociedad libre y abierta previniendo la intolerancia, pero asegurando al mismo tiempo que no se conviertan en una forma de autoritarismo. Para ello, la importancia de establecer y mantener salvaguardas democráticas y el estado de derecho, asegurando que la intolerancia no se imponga bajo la apariencia de la tolerancia. En este sentido, las leyes deben encontrar un equilibrio entre la libertades y la necesidad de mantener el orden social, bajo el criterio donde los beneficios de limitar la intolerancia superen los costos de restringir las libertades.