Quienes somos hijos de la educación pública siempre vamos a agradecer y defender su existencia, la búsqueda de la excelencia y el acceso a la misma para todos los argentinos, cualquiera sea la situación económica de sus familias.
Recordamos con nostalgia aquellas épocas en que los egresados de la Universidad de Buenos Aires sabíamos que, en principio, ningún egresado de una universidad privada podía competir con nosotros al momento de buscar una salida laboral. Tal era la diferencia de capacitación que suponía el nivel de nuestros profesores.
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La discusión sobre el presente y futuro de la universidad pública requiere ser encarada desde la verdad objetiva: en los últimos 20 años su nivel ha caído ostensiblemente, al igual que los niveles primario y secundario de la educación en manos del Estado.
Se oculta que, como el reciente conflicto lo desnuda, es financiada por el conjunto de los argentinos. Es decir, no es ”gratuita”, sino que los que acceden a ella no pagan un arancel.
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Para mayor injusticia, tampoco pagan suma alguna (por ninguno de los tres niveles de enseñanza) los extranjeros ni sus hijos.
En el caso de las universidades, un tema especialmente irritante es la ausencia de un control público, transparente y en tiempo real sobre el destino de los fondos que el Estado aporta. Se supone que, si son administrados correctamente, no tendría que existir recelo en cuanto a ser auditados.
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La autonomía universitaria nació hace 105 años para democratizar y lograr que lo político no se inmiscuyera en lo académico. Que se autogobernara. Que, como oportunamente decidió la Corte Suprema, “la autonomía implica libertad académica y de cátedra”.
Quienes conducen una universidad no pueden hacer lo que quieren con el dinero de todos los argentinos. Así lo puntualiza el reciente fallo que ratifica la condena penal a las ex autoridades de la Universidad Nacional de San Martin por ”administración fraudulenta en perjuicio de la administración publica”.
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