
Recientemente volvió a reavivarse la disputa que tiene nuestro país con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre nuestras Islas Malvinas y el territorio marítimo correspondiente. Se da a partir del viaje que realizó el ministro de Asuntos Exteriores británico Cameron a las islas y a la cumbre de cancilleres del G20 en Río de Janeiro, sus declaraciones y la respuesta de nuestra canciller Diana Mondino.
No es nuevo este intercambio de afirmaciones de derechos y posturas de las partes. Tampoco será el último. Lo cierto es que, más allá de las declamaciones de ambos países, de aquellas pronunciadas por organismos internacionales como la ONU y de expresiones partidarias, de políticos o personas preocupadas, la situación así como está no cambia.
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Por un lado, el país agresor, actual ocupante de una enorme porción de territorio terrestre y marítimo argentino, se consolida en las Islas Malvinas, redefiniendo su espacio de control marítimo, fortaleciendo su base militar, mejorando sus condiciones portuarias y aeroportuarias, incrementando sus actividades vinculadas con la Antártida y otorgando licencias de explotación ictícola y de hidrocarburos en los espacios marítimos adyacentes a las Islas. Es decir, hace lo que quiere.
Por el otro lado, el país agredido, el nuestro, reclamando ante los foros internacionales sus derechos, esperando que la otra parte se siente a negociar. Pergeñando estrategias cambiantes de seducción o de exacerbación de nacionalismo, de efectos que no hacen siquiera cosquillas en el agresor. Es decir, con su frágil condición socio-económica y militar, hace lo que puede.
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No es difícil concluir que si mantenemos esta condición jamás lograremos recuperar la integridad de nuestra soberanía. Y poca esperanza cabe a nuestras pretensiones en la Antártida.
La diplomacia por sí sola no resuelve nada. Las protestas formales ante la comunidad/organismos internacionales es un deber que permite mantener el reclamo de derecho vivo en el tiempo. Si bien la fortaleza de la gestión está relacionada con la calidad y habilidad de los diplomáticos, su éxito siempre estará condicionado al poder del país al que representan.
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Para negociar y ganar, hay que tener poder. Para tener poder, hay que crecer como país y para crecer, hay que saber qué queremos y cómo lograrlo, es decir, tener un “Proyecto de Nación”.
Es saludable la iniciativa del Gobierno de definir políticas de estado que permitan sanear la economía del país y asegurar una estabilidad en el tiempo para comenzar a crecer. Los 10 puntos propuestos por el Sr. Presidente para acordar en el denominado “Pacto de Mayo” deben ser atendidos con responsabilidad y altura por parte de quienes ocupan puestos de conducción política.
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Pero también es imperativo que toda la clase dirigente tome conciencia de que, simultáneamente a esas medidas de corto plazo, hay que definir y orientar ese camino de progreso hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de largo plazo. Entre ellos, el definido por nuestra Constitución Nacional: la recuperación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
No podemos seguir perdiendo el tiempo en chicanas baratas, exabruptos que encuentran a políticos y honorables congresistas en un permanente tire y afloje de cosas banales y superficiales, que a la gente no le interesa y sólo contribuyen a confirmar que carecemos de una clase dirigente a la altura de lo que hoy necesita nuestro país.
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Señores dirigentes, tienen la oportunidad histórica de ser parte de la generación que nuestros hijos y nietos recuerden como la que puso a la Argentina de pie, construyendo el poder que ella necesita para hacerse valer en el mundo, defendiendo los intereses de todos los argentinos.
De lo contrario, quedarán como mediocres desconocidos oportunistas, movilizados sólo por ambiciones personales, favorecidos por la ilusión de ciudadanos inocentes que les entregaron su confianza, y a los que les fallaron.
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