
El 21 de Septiembre de 1972, el mundo se conmovió con el asesinato de Orlando Letelier, ex embajador de Chile ante los Estados Unidos y ex miembro del gabinete ejecutivo presidido por Salvador Allende. El crimen fue planeado y perpetrado por agentes de la DNA de Chile, país que a la sazón estaba gobernado por Augusto Pinochet.
Y si bien el desencuentro que el asesinato causó entre las autoridades de Chile y las de Estados Unidos jamás trascendió a la opinión pública, los factores de poder de Estados Unidos le indicaron a Pinochet que la comisión de delitos políticos en su territorio no era bienvenida en Washington.
Hace 70 años la mayoría de las naciones de región estaban gobernadas por dictaduras militares. Esas dictaduras, excepto la de Pinochet y la de Rafael Leónidas Trujillo respetaron el estado de derecho en otros países del hemisferio. Esta práctica no es seguida por los dictadores modernos, ya que los organismo de inteligencia de la región reportan que existen grupos delictivos quienes llevando ropajes políticos y aduciendo credenciales de izquierda han adoptado los modus operandi de ambos dictadores.
La nueva generación autoritaria ha innovado en materia de violación del estado de derecho y de ejecución de misiones destinadas a violentar los principios del asilo político y la inviolabilidad de los territorios extranjeros.
Vemos así como el régimen de Venezuela mezcla entre los desesperados migrantes que huyen de la pobreza y la muerte elementos del crimen organizado con los cuales han sellado pactos de cooperación. Así las comunidades exiliadas y la diáspora llana son vigiladas por un cuerpo de delincuentes que no solo informa al régimen de Venezuela sobre los acontecimientos que se suceden dentro de la comunidad expatriada, sino que también ejecuta acciones punitivas, sean estas asaltos, robos o asesinatos.
Muchas de estas prácticas pasan desapercibidas ya que las víctimas son personas que actúan como correos de las fuerzas de oposición o como activistas que organizan manifestaciones y protestas. El modus operandi del régimen de Venezuela consiste en enviar uno de los matones infiltrados en los ríos de migrantes a indicarle a la persona que desee silenciar que habrá represalias si continúa denigrando al régimen bolivariano. Y desde luego que las amenazas se hacen creíbles cuando los matones se aparecen en las inmediaciones de los colegios o de los sencillos hogares de los migrantes.
Tampoco falta la realización de operaciones de secuestro de personas que, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, han podido salir de Venezuela. El más reciente episodio de esta serie ha sido el secuestro perpetrado en suelo chileno contra el teniente Ronald Ojeda Moreno.
En síntesis, el estado de derecho creado por las generaciones que lucharon por la democracia en América Latina como Víctor Paz, Víctor Haya de la Torre, José Figueres Ferrer, Alberto Lleras Camargo, Eduardo Frei Montalvo, Arturo Frondizi, y Rómulo Betancourt está siendo destruido por el socialismo del siglo XXI.
El colapso del estado de derecho en América Latina tendrá graves consecuencias para la estabilidad regional y podría ocurrir que Estados Unidos no pueda enfrentarlo con éxito como no ha podido confrontar la ola migratoria de latinoamericanos que buscan vivir en una nación que se rija por el estado de derecho. La democracia líder del mundo libre podría entonces ser secuestrada.
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