
Entre los tantos debates y análisis que se llevan a cabo hoy sobre cómo encarar el futuro próximo de nuestro país, uno de los más trascendentes refiere a la frágil situación económica y financiera en la cual nos encontramos estancados desde hace ya varias décadas.
Sabemos, claro, que no existen soluciones mágicas. Podrán existir medidas de corto, mediano o largo plazo. Pero la salida de esta crisis no será por arte de magia sino por la construcción de un camino el cual nos lleve -sostenidamente- hacia la normalización de las cuentas públicas y de las variables macroeconómicas.
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En este sentido, en esta breve columna los invito a conocer el sendero que durante estos últimos años llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encontrar el equilibrio fiscal.
En diciembre del 2007, cuando nuestra fuerza política asumió la gestión en la Ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, se inició un proceso en la búsqueda del ordenamiento de sus cuentas públicas.
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Este camino se profundizó aún más a partir del 2015. Desde el inicio de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, una de las principales prioridades consistió en alcanzar la sustentabilidad de las cuentas públicas, en función de lo cual procuramos –y logramos– recuperar indicadores económicos acordes con el adecuado funcionamiento de una ciudad de las características de Buenos Aires.
El criterio que nos condujo hasta la situación actual fue claro y se mantuvo a pesar de los vaivenes de la realidad económica y financiera que vivimos como argentinos. Era preciso optimizar los recursos y contener el gasto corriente, para que cada día el manejo del gasto público resultara más eficiente.
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Los resultados demostraron el acierto de elegir ese camino.
Mediante una política responsable de administración de la deuda, focalizada en un cambio en el mix de monedas, desde el 2016 fuimos pasando gran parte de la deuda pública de la Ciudad que estaba en moneda extranjera a pesos. Esto permitió un manejo sustentable de la deuda. De hecho, al asumir nuestra gestión, el peso de la deuda de la Ciudad respecto a los ingresos era del 41%, en este momento es del 19% y será aún menor al finalizar el corriente año. En este sentido, tras ocho años de gestión, la Ciudad tendrá –a fines del 2023– un menor stock de deuda que en el 2015, cuando asumimos al frente del Gobierno de la Ciudad.
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Asimismo, a fines del 2022 logramos, primero, alcanzar el Déficit Cero y, luego, un superávit financiero equivalente al 9% de los ingresos de la Ciudad. En ese camino, preparamos también un presupuesto equilibrado para este año, el cual –seguramente– presente nuevamente superávit.
Como gobierno tenemos en claro que ese resultado financiero, indudablemente auspicioso, debe ir acompañado por una inversión en infraestructura pública que se ajuste a los requerimientos del distrito. Por eso, al tiempo que ordenamos las cuentas públicas, planteamos y llevamos adelante el plan de inversión en infraestructura más ambicioso y transformador en toda la historia de la Ciudad.
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Para graficar esta afirmación bastará recordar que mientras en 2007 el nivel de inversión en obra pública porteña era del 7%, durante el período 2016-19 alcanzamos un promedio de casi el 21%, en un listado de iniciativas que comprende al Paseo del Bajo, los viaductos para cruzar las vías de los ferrocarriles Mitre y San Martín, 54 escuelas nuevas, obras contra las inundaciones, nuevas estaciones de subte y la urbanización de barrios populares, entre muchas otras.
Estamos seguros de que el camino que elegimos es el que debería haber seguido el país para evitar encontrarse en la situación presente, sobre la cual no hace falta abundar. Se trata de empezar por equilibrar las cuentas, alcanzar el déficit cero y mantener un nivel razonable de endeudamiento. Una vez logrados esos objetivos, entonces sí iniciar una baja impositiva, sobre todo para el sector productivo.
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Bajar impuestos para generar mayor trabajo e inversión
Justamente, en este mismo camino de ir reduciendo la presión fiscal, la Ciudad presentó días atrás el proyecto de ley aprobado hoy por la Legislatura, el cual contiene una fuerte baja impositiva a distintos sectores productivos.
Lo que la Ciudad propone hoy es dar un paso más en el sendero iniciado por el Consenso Fiscal del 2017. Al igual que en ese entonces, se busca ahora profundizar en un camino hacia la baja de la presión fiscal y la eliminación de distorsiones impositivas.
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En este contexto de orden fiscal y cuentas públicas equilibradas, el Jefe de Gobierno impulsa entonces un plan de alivio impositivo que implicará una reducción en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Concretamente, definimos una reducción del 33% en la alícuota de Ingresos Brutos a la industria manufacturera, que pasa del 1,5 al 1%, para la construcción impulsamos una baja del 20% (del 2,5 al 2%) y para el llamado sector primario –agro, ganadería y pesca- la eliminación total del impuesto.
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Este beneficio comprende, además, un impacto federal, ya que esta medida alcanza tanto a las empresas e industrias radicadas en la Ciudad, como así también a las que, por vía del Convenio Multilateral, presentan actividades comerciales en la Ciudad y en otras provincias.
El esfuerzo fiscal que requiere la puesta en práctica de estas reducciones es de casi $40.000 millones. En síntesis, con la aplicación de esta iniciativa, la Ciudad queda entre las jurisdicciones con más bajas alícuotas del país para los sectores productivos.
Me permito, entonces, dos reflexiones finales.
La primera: como dije anteriormente, estas decisiones pueden tomarse responsablemente sólo en un contexto de ordenamiento fiscal y cuentas equilibradas como el que la Ciudad goza desde hace ya casi 16 años.
La segunda: la experiencia demuestra que éste es el camino que debe transitar la Argentina, a partir de diciembre próximo, si quiere promover realmente el crecimiento económico como herramienta indispensable para generar empleo genuino y, de ese modo, librar al país de una vez por todas del populismo y la improvisación.
El autor es Ministro de Hacienda y Finanzas del GCBA
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