
El miércoles 16 de marzo se oficializó una nueva ley para crear el programa federal único de informatización y digitalización de historias clínicas de la República Argentina, que instruye al Poder Ejecutivo a determinar la autoridad que regirá las decisiones de dicho programa en los próximos 90 días.
Hasta el momento, la ley es un conjunto de buenas intenciones y prácticas que habilitará la generación de un repositorio seguro y federal para que todos los registros clínicos (es decir, la información resultante de cada atención médica, estudio clínico o intervención) queden almacenados, respetando la privacidad de los datos y la seguridad de los pacientes; asegurando la disponibilidad de la información, confidencialidad, trazabilidad e integridad.
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Este mecanismo busca, además, otorgarle al paciente la autoridad de compartir su historia clínica digital con el profesional médico que desee.

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Lamentablemente Argentina llega tarde. Este es un tema que se viene hablando desde el principio de la década pasada, donde la conclusión era clara: “sin dudas, es rol del Estado impulsar este tipo de iniciativas”. Ya en esa época se veía cómo en Reino Unido o Canadá lo tenían muy avanzado; mientras Chile, Perú y Colombia implementaban sus registros, además de la ley.
Las dificultades que tiene el sistema de salud argentino no son nada sencillas y ostentan problemas de sustentabilidad enormes. Estamos en 2023, un año de elecciones, contamos con una distribución geográfica y una descentralización de la autoridad muy fuerte de los ministerios de salud a lo largo del país, y la situación económica que vivimos no es para menos.
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Independientemente de todos los desafíos que tiene el Estado y el sistema de salud, aprovechar el camino recorrido por otros pares puede ser una oportunidad enorme para el país, ubicándolo en la vanguardia, situación que siempre destacó a Argentina. ¿Cómo? Definiendo las políticas públicas necesarias para adoptar la tecnología disponible para generar esta plataforma federal, que permita brindar acceso seguro a las historias clínicas de todos los argentinos y argentinas, y cumpliendo con los atributos de calidad que se están pidiendo.

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Deberíamos pensar seriamente en los drivers de este programa, en el contexto mundial y en la gravedad de la situación de un sistema de salud colapsado y con un riesgo enorme para los actores del sistema. Tendríamos, además, que evaluar las diferentes soluciones y tendencias tecnológicas que hoy tenemos a disposición y que otros países no tenían.
Sin dudas, blockchain, inteligencia artificial y data driven vienen a cambiar la ecuación. Los motivos son varios: hoy un sistema federal requiere descentralización y blockchain es la solución más escalable que va a permitir cumplir paulatinamente con el registro universal de historias clínicas, con un modelo seguro y transparente, que puede adoptarse en fases, asegurar la disponibilidad de la información y permitir una proyección regional. ¿Se imaginan los ahorros de costos que hubiéramos generado en la pandemia?
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Actualmente, ya hay varias startups y países que están encarando este tipo de solución para el registro médico. Blockchain, como repositorio de información segura, trazable y disponible, permitiría garantizar que la información esté resguardada y no requiera que un ente centralizado cuente con el poder único y punto de fallo. Todos los participantes aportarían capacidad de cómputo, lo que lo haría universal y, a través de smart contracts, podría garantizar los acuerdos de partes manteniendo la confidencialidad de la información, que el dueño de esa información sea el paciente y no una entidad de salud.
De esto se trata la Web 3.0; en definitiva, que el dueño de la información sea la persona y no un ente monopólico, como el Estado, o empresas, como Meta o Google. Y si a esto le sumamos la posibilidad de mejorar los diagnósticos, asistir a las preguntas más sencillas, y/o entrenar un modelo universal de salud a través de los datos (anónimos) y motores de Inteligencia Artificial, realmente podríamos definir el estándar de registros médicos universales.
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A Argentina le sobran talentos que hay que potenciar, en lugar de ponerles restricciones. Seguramente, a miles de ingenieros formados en universidades públicas y privadas los motivaría encarar un desafío como éste. Soñemos un impacto real en la vida de las personas y esperemos que la política acompañe.
Sí, con la ley se dio un gran paso, aunque sea tarde; ahora hay que encarar este programa de manera profesional.
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