Que las “trompadas” sean electorales

No se necesita un alto grado de educación cívica para entender que la existencia de los Estados no es producto del placer que a las sociedades les produce ser gobernadas por autoridades que, en aras de ordenar la convivencia, dicten normas que limiten y restrinjan nuestros derechos y libertades, sino por la necesidad que tienen sus integrantes de vivir en paz y en armonía.

Esas organizaciones políticas denominadas “Estados”, existen porque la gente necesita seguridad jurídica y personal.

La seguridad jurídica se logra cuando las autoridades, a las que les transferimos el poder del que somos titulares en democracia, nos aseguran la posibilidad de poder ejercer nuestros derechos y libertades sin interferencias arbitrarias y sin ser molestados por terceros. Eso se logra con previsibilidad, reglas claras de juego y la existencia de un Poder Judicial independiente, al cual cada uno pueda acudir cuando sus intereses fueran vulnerados.

Por su parte, la seguridad personal es la que los gobernantes deben asegurarnos, protegiendo la vida, la salud, la dignidad, la privacidad, la igualdad, la propiedad, entre otros derechos, de cada uno de los habitantes.

Esa es la tarea de quienes conducen los destinos de un país: ordenar la convivencia y recrear un marco de seguridad para la gente. Pues para eso se necesitan normas adecuadas y jueces que las hagan cumplir. Y tanto esas normas como los jueces que las aplican, deben tener, como objetivo principal, la protección de la sociedad en su conjunto, para que sus integrantes puedan vivir en paz y armonía, lo cual constituye, al fin y al cabo, la finalidad de cualquier Estado.

Pero cuando la sociedad advierte que los gobernantes no cumplen con esos objetivos, que están distraídos en luchas políticas internas, que se preocupan más por preservar el poder y velar por sus propios intereses que por brindar seguridad a la gente, que parecieran poner más énfasis en proteger a quienes delinquen y en justificar su accionar delictivo que en hacer lo propio con quienes cada día transitamos por la senda del buen vivir, y que los malvivientes a los que deben combatir deambulan por las calles como si fueran sus dueños, poniendo permanentemente en jaque nuestras vidas y libertades, el hastío y el fastidio comienzan a crecer, hasta que en algún momento, producto de una bronca razonablemente acumulada, aparecen las reacciones violentas que jamás pueden justificarse en un Estado de Derecho, pero que encuentran cierto grado de lógica cuando lo que reina es la desidia por parte de quienes deben cuidarnos.

Como si los escandalosos índices de pobreza, la inflación descontrolada, la presión impositiva, la corrupción, la falta de trabajo y el caos en las calles no fueran suficientes para castigar a una sociedad harta de tanta incompetencia, crece exponencialmente una apabullante inseguridad que nos pone en jaque cada día, a tal punto que salir a la calle, o volver a casa, se ha convertido en una macabra aventura, no solo porque los malvivientes se adueñaron de nuestras libertades, sino además porque lo hacen con la impunidad de saberse protegidos por un elenco gobernante que los justifica (y una policía impotente que confiesa no sentirse apoyada políticamente), aseverando que si hay delincuentes es porque hay una sociedad que no les da oportunidades, y que si hay menores y adolescentes que nos matan y asuelan, es porque son el producto de padres desaprensivos que los maltratan.

Tal vez esto último sea cierto, pero en todo caso no es ello responsabilidad de la gente, que no tiene por qué cargar con responsabilidades que no le son propias.

Mientras la Constitución Nacional prevé la existencia de cárceles sanas y limpias para aislar a los delincuentes y proteger a la sociedad de sus acciones violentas, el criterio de nuestra dirigencia es que hay que integrarlos a la misma para recuperarlos, que los castigos y las penas estigmatizan, que la causa del delito es la incomprensión de la sociedad que los rechaza, que los menores solo tienen noción de la gravedad de lo que es matar a los dieciséis años, y que la dureza del código penal es propia de fascistas. Mientras tanto los delincuentes andan libres, y los que debemos estar libres somos atemorizados esclavos. Pareciera que la consigna es: “protéjanse y sálvense como puedan”.

No hay peor diagnóstico que el que no se hace; pues la consecuencia de tanta irrealidad y desidia es que la gente empieza a perder la paciencia. El ministro de seguridad bonaerense acaba de vivirlo en carne propia. La incógnita a develar es, si para despertar a nuestros dormidos o distraídos gobernantes y advertirles lo que están provocando, necesitan más de esas “trompadas” que recibió Sergio Berni.

Es de esperar que las reacciones violentan no se propaguen, porque no son propias de una sociedad civilizada, pero también es inevitable esperar que esas “trompadas” se tornen electorales, y se conviertan en una aluvión de votos que terminen para siempre con tanta negligencia e impericia.

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