Energía: entre subsidios, aumentos, decretos y gasoductos

Durante los últimos 15 días el Ministerio de Economía en general y la Secretaría de Energía en particular, se han mostrado muy activos, implementando medidas, resoluciones y señales al mercado a los efectos de asegurar previsibilidad al mercado energético, sin embargo, parece que siempre se choca con la misma piedra.

Es que la industria de la energía no escapa a las limitaciones macro y microeconómicas que sufre el país, en un contexto de restricciones de todo tipo, solamente mencionar la imposibilidad de importar insumos que son indispensables para la operación y mantenimiento de las actuales instalaciones, presión sindical para concertar paritarias cercanas al 100% y el pago de bonos de fin de año que ponen las cajas de las compañías en una situación muy delicada. Toda medida, toda resolución tiene una contraparte que impacta o directamente en los resultados de las empresas o bien en las arcas del Estado y en última instancia en los bolsillos de todos los consumidores.

Por ejemplo, el 2 de noviembre la Secretaría de Energía dispuso un incremento del precio para el biocombustible a base de caña de azúcar y de maíz. Así el Gobierno primero recompuso el precio para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar para octubre, se fijó en $92,699 por litro.

Actualmente, la nafta tiene un corte del 12% con biocombustibles y se compone de 6% para el bioetanol de caña de azúcar y de 6% de bioetanol de maíz, una medida aplaudida por los productores que ven aliviadas aunque sea por un par de meses sus cajas, la consecuencia no se hizo esperar, el 3 de noviembre YPF aumentó sus combustibles un 6% en promedio.

Este aumento, que nadie discute que es necesario, va a impactar directamente en los bolsillos de los consumidores y en el índice de inflación de noviembre. Aún con este incremento, el precio de los combustibles líquidos tiene atraso cercano al 30 por ciento.

En cuanto a las tarifas eléctricas se oficializó la segunda etapa de la quita de subsidios y las tarifas eléctricas acumulan un incremento del 89%, luego de estar congeladas por 3 años.

En consecuencia, un usuario R2 que renunció al subsidio o que no supo o no pudo hacer los trámites correspondientes para mantenerlo, y tiene un consumo de hasta 325 kWh por bimestre, comenzará a recibir en las próximas semanas una factura de $2.738. Más presión para los consumidores y para el índice de inflación.

Cancelación de deuda con Cammesa

Al mismo tiempo Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA, sigue intentando cobrar de alguna manera la deuda que tienen las distribuidoras, haciendo arreglos arbitrarios con las distintas empresas provinciales y que en el caso de tener que pagarlas, deberían trasladar a tarifa este sinceramiento. Es así, que las distribuidoras eléctricas de todo el país recibirán la autorización para saldar deudas por $500.000 millones en cuotas mensuales durante ocho años, en caso de que resulte sancionado el proyecto de ley de Presupuesto 2023 con el agregado de Diputados.

Pero hay un beneficio extra para las empresas: en los próximos tres meses podrán disponer de recursos adicionales a través de un aumento de tarifas. En el caso particular de Edenor y Edesur tendrán ocho años para pagar una deuda de $200.000 millones que mantienen con la administradora mayorista del sistema eléctrico, originada en el citado atraso en el valor de las tarifas respecto de los costos.

Se supone que la Secretaría de Energía publicará en el Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que creará otro Plan Gas, que fijará las pautas para los contratos en el mercado local de gas natural durante los próximos seis años, entre 2022 y 2028. La razón es muy simple, en el caso que la primera parte del Gasoducto Néstor Kirchner esté terminada para agosto del 2023, se necesitarán todavía entre 10 y 22 millones de metros cúbicos por día, dependiendo si estarán instaladas las estaciones compresoras para alimentar ese ducto.

Aún se deben cerrar los contratos de provisión lo más urgente posible, de la misma manera que se deben dar concesiones especiales a empresas operadoras y de servicios a importar los equipos necesarios en condiciones distintas al resto de la industria.

Este decreto ha provocado mucho recelo en la industria dado que, desde la visión de las petroleras, el nuevo Plan Gas 5, ofrece dos atractivos centrales; 1) primario y más evidente, que está dado por la posibilidad de formalizar en contratos la venta del gas que producen en el mercado interno hasta diciembre de 2028, eso le otorga un horizonte de mediano plazo para planificar el desarrollo de sus yacimientos; y 2) menos explícito, pero no menos importante, se apoya sobre la chance de poder exportar parte de la producción de gas al mercado chileno durante el período de verano que se extiende entre octubre y abril.

La licitación que realizará el Gobierno en las próximas semanas definirá, de manera simultánea, no sólo el precio que recibirá cada productor por el gas que inyecte en el mercado local, sino también cuánto podrá exportar hacia el otro lado de la Cordillera y a qué precio.

Si bien la exportación hacia Chile mueve un volumen de gas mucho más chico que el que se comercializa en el mercado argentino, para los privados termina siendo igual o más atractivo que el segundo.

Se puede observar en el marco regulatorio del nuevo Plan Gas que establece una serie de criterios para definir qué empresas tendrán prioridad para exportar que favorecerá en forma exagerada a YPF y en menor medida a Tecpetrol, el otro gran productor de la cuenca Neuquina.

Mientras tanto, se espera que se habilite la exploración de petróleo off shore frente a las costas de Mar del Plata; que se anuncie cómo se va a enfrentar el próximo invierno respecto del abastecimiento de gas natural y gas oil para no repetir los errores de previsión de este año; y se despejen las dudas que existen alrededor del Gasoducto Néstor Kirchner.

Por el momento, solo se ven muchas promesas, muchos aumentos que pagan siempre los mismos consumidores y poco sacrificio por parte del Estado a la hora de redimensionar impuestos y tasas.

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