
Cada día que transcurre con alguna noticia política de relevancia nos deja inmersos en cierta desolación, sintiendo que de algún modo fuimos alcanzados por un nuevo impuesto, por una nueva regulación o por un nuevo infortunio que se transformará con seguridad en nuevas complicaciones en la vida de todos.
La votación de la Ley de Presupuesto 2023 no es más que la fiel y contundente muestra de la distancia enorme que separa a la política argentina de la realidad: proyecciones absolutamente inconsistentes (empezando por el índice de inflación del 60%, número éste del cual parte todo el cálculo presupuestario), gastos absolutamente ridículos e ineficientes (como los montos presupuestados para el Ministerio de las Mujeres –más de 54.000 millones de pesos– o al Inadi –algo más de 1.000 millones de pesos donde el 95% responde al pago de los sueldos de los empleados públicos que dependen del organismo– y hasta algunas cuestiones que marcan una gran inequidad (como el beneficio impositivo para el sindicado de los camioneros). Todo parece ser un gran desaguisado absolutamente fuera de control.
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Más allá de lo evidente el debate parlamentario ha dejado varios sinsabores, pero por sobre todo lo nos ha dejado más presión fiscal sumado a muchas cuestiones relevantes que se han omitido en la discusión presupuestaria. Las empresas públicas son vacas sagradas de las que –al menos hasta aquí- nadie tiene bien en claro que hacer con ellas. Las mismas consumen de las arcas públicas unos 18 millones de dólares diarios aunque a nadie parece importarle demasiado: tal vez lo estén reservando como tema para la campaña electoral, aunque por desgracia para el tiempo y las necesidades de los contribuyentes estas fechas resultan algo lejanas.
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El beneficio en términos del impuesto a las Ganancias otorgado al gremio de los camioneros es sin dudas una de las grandes postales de nuestros tiempos. Un sindicato que ante descomunales presiones logra imponer un artículo en la Ley de Presupuesto que beneficia con exclusividad a sus trabajadores en detrimento de todos. En primer lugar esto genera una gran inequidad con el resto de los trabajadores de todos los rubros, que cada mes ven como se escapa de su recibo de sueldo una buena parte en retenciones por el impuesto a las ganancias. Por otro lado, resulta increíble que el beneficio fiscal que se les otorga termine resultando en el tiempo gravoso para el resto de los contribuyentes: esa merma fiscal por la menor recaudación que genera el beneficio no será traducirá en otra cosa que no sea más impuestos para el resto de nosotros o en su defecto más emisión monetaria que generará más inflación –la que también terminará impactando en los bolsillos de todos-. Absolutamente demencial.
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La “tasa de seguridad aeroportuaria” –nuevo gravamen incorporado y aprobado en la Ley de Presupuesto 2023, que a valores de hoy se estima en los 250 pesos adicionales por ticket aéreo– no es otra cosa que una muestra más de la barbarie y de la voracidad fiscal reinante: sobre un pasaje al exterior se pagan más impuestos que el propio valor del pasaje. Al menos nueve impuestos y tasas alcanzan a gravar el pasaje aéreo. Sin embargo parece que a la política no le resulta suficiente.
Los monotributistas y quienes están dentro del régimen de Autónomos que esperan actualizaciones en las escalas y mayores deducciones impositivas, el mercado inmobiliario destrozado por la ley de alquileres esperando la derogación de la misma, las pymes que abogan por mejoras en las leyes laborales y por una baja considerable de la presión impositiva que les permita seguir produciendo y tantos otros actores que piden a gritos algo de atención de la política parecen ser también parte de los grandes olvidados de la política.
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Mientras el poder juega a intentar llegar a las elecciones de la mejor manera posible, la gente de a pie solo intenta sobrevivir cada día en un país donde por momentos sus propios representantes parecen ser sus peores enemigos.
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