Acusan a salvadoreño en Estados Unidos por posesión de ametralladoras fabricadas con tecnología 3D

Las autoridades hallaron 17 marcos, varios cargadores y cerca de 70 dispositivos para convertir armas semiautomáticas en automáticas durante un allanamiento en North Bergen

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Primer plano de un hombre con camisa gris, manos esposadas al frente, flanqueado parcialmente por dos agentes de policía.
El hallazgo de componentes de armas impresos en 3D y dispositivos de conversión de ametralladoras en North Bergen derivó en la acusación formal de Erick Márquez Cruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de componentes de armas impresos en 3D y dispositivos de conversión de ametralladoras en una vivienda de North Bergen, Nueva Jersey, derivó en la acusación formal de un ciudadano salvadoreño de 21 años.

El caso involucra la presunta fabricación de piezas ilegales mediante tecnología de impresión tridimensional y ha puesto en alerta a las autoridades federales y locales de Estados Unidos.

Durante un operativo realizado el 25 de junio de 2026, agentes policiales ejecutaron una orden de registro en el domicilio de Erick Márquez Cruz, encontrando una impresora 3D y materiales asociados a la fabricación de armas de fuego. Entre lo incautado se contabilizaron 17 marcos y varios cargadores, todos elaborados con el mismo método, además de cerca de 70 dispositivos para convertir armas semiautomáticas en automáticas según datos de La Prensa Gráfica.

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Investigación y fundamentos de la acusación

Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), los dispositivos hallados permiten que un arma semiautomática dispare múltiples rondas con una sola presión del gatillo, lo que las clasifica como ametralladoras de acuerdo con la legislación federal. La existencia de estos artefactos agravó la situación legal del imputado y motivó la intervención conjunta de la ATF y el Departamento de Policía de North Bergen.

El cargo principal expone a Márquez Cruz a una posible condena de hasta 10 años de prisión y a una multa que podría alcanzar los USD 250.000, o el doble de la ganancia obtenida o de la pérdida sufrida por terceros, según lo que determine el tribunal.

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El operativo del 25 de junio de 2026 en Nueva Jersey permitió secuestrar una impresora 3D, 17 marcos, cargadores y cerca de 70 dispositivos de conversión de armas. (Foto: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey)
El operativo del 25 de junio de 2026 en Nueva Jersey permitió secuestrar una impresora 3D, 17 marcos, cargadores y cerca de 70 dispositivos de conversión de armas. (Foto: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Nueva Jersey)

Proceso judicial y partes involucradas

El acusado compareció ante el juez Michael A. Hammer en la corte federal de Newark, donde se resolvió que permanecería bajo detención preventiva durante el desarrollo del proceso. El fiscal asistente Shriram Harid, de la Unidad de Crímenes Generales, representa al gobierno estadounidense en la causa. La defensa, encabezada por el abogado Robert Frazer, sostiene que su cliente debe ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario en el juicio.

Durante la audiencia inicial, se presentaron los documentos judiciales y las pruebas recolectadas en el allanamiento. La autoridad judicial valoró la gravedad de los hechos y la naturaleza de los elementos incautados para justificar la detención provisional.

Desafíos legales y contexto

La utilización de impresoras 3D para producir armas o componentes no registrados supone un desafío creciente para las fuerzas de seguridad en Estados Unidos. Los dispositivos de conversión de ametralladoras, denominados Machinegun Conversion Devices (MCD), reciben especial atención, ya que facilitan la modificación de armas legales en automáticas, cuya posesión está fuertemente regulada.

El caso de Márquez Cruz refleja la coordinación entre las agencias federales y locales para combatir la proliferación de armas ilegales fabricadas fuera de los canales tradicionales. Las autoridades reiteraron que los cargos presentados son acusaciones formales y que la culpabilidad del imputado solo podrá definirse en un tribunal.

La investigación continúa abierta y las instancias judiciales decidirán el desenlace de la causa en función de las pruebas presentadas. El asunto sigue bajo estricta vigilancia de las autoridades, que buscan evitar que este tipo de delitos se multiplique en la región.

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