Hace unas semanas se presentó ante el Congreso la Ley de Presupuesto para el 2023, con un conjunto de previsiones en el plano económico sobre las principales variables macroeconómicas. Algunos de los datos claves que deja esta herramienta: una inflación para finalizar el 2023 de un 60%, un tipo de cambio oficial de $269, crecimiento del PBI de 2% y un déficit primario de -1,9%. Son los números que definirían previsibilidad para el próximo año.
Es importante recordar que el Presupuesto es una expresión fiscal y financiera del programa que el Gobierno espera llevar a cabo en el año siguiente, lo cual generaría previsibilidad para la toma de decisiones en todo el ejercicio, además que permitiría reflejar las prioridades de políticas públicas y transparencia en la utilización tanto en los recursos como en los gastos de nación.
Un Presupuesto debe tratar de estar en sintonía con el año en que se elabora sumado a precauciones internacionales, es así que para este 2023 los hacedores de políticas lo estimaron tomando en cuenta algunos ejes, como ajustes fiscales derivados de la actual segmentación de tarifas públicas, una devaluación del 60% del tipo de cambio, la continuación de obra pública ejecutada para provincias, además que se aguardaba que el contexto internacional ingresaría en una crisis en Europa lo cual afectaría en cierta forma a nuestro país debido a la conformación de las exportaciones netas e inversión.
El cuestionamiento de fondo es que, a pesar de ajustar por el contexto nacional e internacional actual, los números son en cierta medida “demasiados optimistas” si son comparados con los que se informaron por el REM, las consultoras y bancos que releva el Banco Central. Mientras se establece una inflación de 60%, el REM pronostica poco más de 100 por ciento. Para el tipo de cambio que tiene una brecha de $29 con el valor que establece el presupuesto, un crecimiento del 1% del PBI (presupuesto 2%), y coinciden en el dato de la meta fiscal para el 2023. El problema que genera esta “brecha” entre los valores del Presupuesto y los de las consultoras del REM es que lejos de tener un carácter real se acercan a una representación poco realista de lo que luego termina aconteciendo.
Pero el problema con el presupuesto de este año no es una particularidad sino más bien una generalidad histórica . Si vamos al 2019, veremos la misma problemática. Por ejemplo, con la inflación. El entonces ministro de economía Nicolás Dujovne presupuestó una suba de los precios de 23% y termino en 53,8%, con un tipo de cambio de $40 , que llegó a $62,99. Si bien es cierto en medio de la ejecución del Presupuesto la inestabilidad política no fue contemplada así como la laxitud de las medidas fiscales.
Algunas conclusiones parecidas se pueden sacar para la ley de presupuesto del 2020 en donde en medio de la crisis sanitaria mundial los datos presupuestados se encontraban alejados de la realidad, ya que una característica de esta herramienta es que las metas puedan flexibilizarse para adecuarse a los hechos.
Lo que sucedió es que se insistió en metas como el crecimiento del PBI del 1% (finalmente terminó en una caída de -9,9%) y un déficit fiscal del 1% (caída del -6,5%). Es importante, tomar en cuenta que la ley del presupuesto 2020 fue presentado por el ministro Hernán Lacunza sin prever la inestabilidad de una crisis sanitaria global, pero que en el tiempo pudo ajustar el nuevo ministro entrante.
Ya en el 2021, Martín Guzmán, con más información sobre la economía nacional y mundial, insistió en un dato de inflación para el 2021 del 29% que termino al final del año en un 50,93% y con un crecimiento del PBI en formato de recuperación en un 10,3% (se estimó que iba a ser del 5,5%).
Al evaluar la ley de presupuesto a lo largo de su aprobación versus resultado de los ministros de economía que las elaboraron, podemos ver que el menor desvió con respecto al déficit fiscal fue de Dujovne en el 2019 (-4%) y el de mayor brecha Guzmán en dos ocasiones -33 % en 2021 y –24 % en 2022.
Con respecto al crecimiento del PBI proyectado, vemos que el mayor desvío lo tuvo con Guzmán a favor con una proyección de 5,5 % para 2021 que finalizó en 10 % con 87,3 % de diferencia en relación lo presupuestado.
Para el caso del tipo de cambio proyectado en el Presupuesto, la mayor diferencia de la brecha la tuvo Dujovne en 2019, con un 57% de diferencia, y la menor brecha fue en 2020 con Guzmán: apenas un 6 % de diferencia.
En el caso de la inflación proyectada la mayor diferencia la está teniendo Guzmán en 2022 con un presupuesto de inflación de 33% y una proyectada del 100,3%.
Todo este recorrido por los presupuestos nacionales nos trae nuevamente al presente en donde para este 2022 el ex ministro Guzmán, defendió la meta inflacionaria ya en medio del acuerdo del FMI de un 33% para este 2022, así como crecimiento del PBI de un 10%, un tipo de cambio de $131 y un déficit fiscal del -3,3%.
La realidad es que faltan dos meses y medio para finalizar el año y cada vez esas metas no solo se vuelven inalcanzables, sino que muestran que aunque se cambie de ministro de economía para intentar anclar las expectativas económicas lo único que se encuentra demostrando por parte de los policymakers es que mostrar datos pocos realistas en post de enfriar la economía.
Este Presupuesto que se debatirá y podría votarse recién a finales de octubre solo hace que los agentes económicos se encuentren con más dudas que certezas de previsibilidad en cuanto al manejo de la economía.
El debate de la nueva ley de Presupuesto 2023 tiene 2 perspectivas. Aceptación de desvíos como lo que venimos mostrando o un debate profundo de cada una de las variables macroeconómicas con un compromiso real de todo el arco político con cifrasque sean consensuadas en el tiempo para salir de la mediocridad de los últimos 12 años.
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