Eficiencia energética para mejorar la economía familiar y cuidar el ambiente

La eficiencia energética es nuestra aliada invisible. Desconocida, abstracta, e incluso “poco interesante”, pero con el potencial para abordar varias de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. La eficiencia energética es la tecnología para obtener una misma prestación, con un menor consumo. Esto puede aplicarse tanto a un proceso industrial, como al uso de instalaciones domiciliarias o a los medios de transporte.

Tal como ocurrió con el recambio a lamparitas LED, la eficiencia energética requiere de una inversión que se realiza una sola vez y que, en gran parte de los casos, tiene una diferencia de precio insignificante con respecto a una instalación menos eficiente. Cuando no la hacemos, tenemos un alto consumo a largo plazo y, si a esto le sumamos subsidios para solventarlo, tenemos también un costo inflacionario.

Esta herramienta tiene tres grandes beneficios: en primer lugar, nos permite cumplir con los compromisos de la Argentina en materia de acción climática, en segundo, cuidar el bolsillo y, en tercer lugar, combatir la inflación.

El primer punto atañe al rol de la eficiencia energética como una de las principales medidas de mitigación del cambio climático, junto con el fomento de las energías renovables y de la generación distribuida (posibilidad de inyectar a la red eléctrica la energía producida en casa que no utilizamos). Estas estrategias apuntan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los distintos sectores de la economía, en línea con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (acciones comprometidas para reducir estas emisiones y para adaptarnos a los impactos) en el marco del Acuerdo de París, del que la Argentina es parte, y de nuestra propia ley nacional de cambio climático. Las políticas de eficiencia energética apuntan a reducir la huella de carbono sin que merme la productividad o la calidad de vida.

El segundo beneficio tiene que ver con la manera en que una tecnología o una instalación más energéticamente eficiente nos permiten obtener una misma prestación con un menor consumo. Por ejemplo, la prestación de mantener nuestros alimentos refrigerados las 24 horas del día. Optimizar el uso de la energía implica un ahorro para la economía familiar, que es aún mayor en un contexto de sinceramiento tarifario y de segmentación con topes de consumo para los subsidios del sector residencial. En este caso, la eficiencia energética ayuda a que los medidores no alcancen dicho tope y a reducir los montos de las facturas en general, sin dejar de satisfacer las necesidades del hogar o del comercio.

Por último, en el caso de nuestro país y con el esquema de subsidios energéticos que tenemos, la eficiencia energética colabora en la lucha contra la inflación. Esto, si tenemos en cuenta que los subsidios se están pagando con déficit y que, a mayor eficiencia energética, menor es el consumo que debe subsidiarse. Mayor aún sería este efecto, si priorizamos los criterios de construcción sustentable en las viviendas sociales, que son las que mayor porcentaje de subsidios reciben en el esquema actual. Por ejemplo, la colocación de ventanas con doble vidrio hermético, un buen aislamiento de la envolvente, una orientación adecuada de la vivienda y sus aberturas, la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, o la utilización de paneles solares para calentar el agua.

Esta idea no aplica únicamente a nuestro país, sino que, en un contexto de inflación global -aunque en una escala mucho menor- países como los Estados Unidos la han recogido en su reciente Ley para la Reducción de la Inflación, que propone la creación de créditos para la eficiencia energética en viviendas y otros edificios. En la Argentina, un primer paso sería avanzar con una ley nacional de etiquetado de eficiencia energética en viviendas para poder conocer las características de éstas y pensar políticas públicas que mejoren estos índices en el sector residencial.

En definitiva, la eficiencia energética, en sus tres dimensiones, nos permite alcanzar nuestros compromisos frente al cambio climático, cuidar el gasto y desacelerar el aumento generalizado de precios. Esto la convierte en una herramienta de alto valor y en una solución para la economía familiar y el cuidado del ambiente, por lo que debe ser visibilizada y jerarquizada en la agenda pública.

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