
De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Libertad, en el primer trimestre del año, entre las 34 empresas públicas nacionales sumaron un déficit operativo de $93.348,3 millones, es decir, poco más de $1.000 millones por día ($1.037,2 millones). O el equivalente a más de 3 millones de jubilaciones mínimas de aquel período, cuando rondaban los $30.000.
Por su parte, el desequilibrio de los primeros tres meses del año resulta un 69,7% mayor al del mismo período de 2021. Teniendo en cuenta que la inflación para el lapso de tiempo en cuestión fue de 55,1%, se puede afirmar que el crecimiento del déficit fue tanto nominal como real.
El Estado “empresario” ha resultado ser un gran despilfarrador del dinero de los ciudadanos. Demuestra una ineficiencia estratosférica, cuando notamos que tan solo 6 de las 34 empresas contempladas obtuvieron un resultado operativo positivo para el primer trimestre de 2022 (Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, Vehículo Espacial Nueva Generación, Talleres Navales Dársena Norte e Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias).
En el otro extremo, el peor resultado lo obtuvo Trenes Argentinos Operaciones, con un déficit operativo de $31.767,6 millones. Atrás se encuentran Integración Energética Argentina, con $20.930,6 millones, y Aguas y Saneamientos Argentinos, con $11.413,6 millones. Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, con déficits de $7.029,4 y $6.980,9 millones, completan el top 5 de peores resultados. Además, entre las 5 mencionadas acumulan casi el 84% del déficit operativo total para el primer trimestre del 2022.
La deficiencia que caracteriza al Estado “empresario” es compensada con transferencias de recursos por parte del gobierno nacional, que no son más que subsidios a las empresas de su órbita. Los envíos corrientes de este último hacia las empresas alcanzaron la cifra de $75.127,3 millones, valor 58,8% superior a los $47.304,9 millones del mismo período del año anterior. Alrededor de un tercio de los ingresos de las empresas públicas analizadas corresponden a subsidio estatal, completamente ajeno a los ingresos que obtienen por sus llevar a cabo sus actividades operativas.
Para comprender mejor la importancia que tienen este tipo de transferencias dentro del presupuesto público, se debe mencionar que equivalen a casi el 80% del monto transferido a las universidades públicas y alrededor del 70% de la Inversión Real Directa, ambas comparaciones teniendo en cuenta los números del primer trimestre del 2022.
Es inaceptable que un país con una pobreza estructural creciente e inflación desbocada se dé el lujo de seguir sosteniendo a un conjunto de empresas estatales sumamente deficitarias a costa del trabajo de los ciudadanos. Por ello es vital hacer una restructuración del sector público que lo vuelva más austero y solvente.
Los argentinos no tienen por qué cubrir con sus impuestos la incapacidad y la torpeza del Estado. La ineptitud no debe ser subsidiada.
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