El fiscal Fernando Domínguez decidió no impulsar la acción y aceptar la propuesta “reparadora” del Presidente para cerrar la causa sobre la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en la quinta de Olivos. Alberto Fernández ofreció pagar 1.600.000 pesos para saldar el daño provocado por su acción.
El fiscal dice que Don Alberto es igual que Don José. Con el detalle de que Don Alberto es nuestro presidente y que Don José es nuestro vecino de la panadería de la esquina.
¿Cuál es la diferencia entre ellos? El fiscal afirma que “Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas”. Pero no son los derechos los que hay que comparar, Dr. Domínguez, sino las obligaciones. Y claramente Don Alberto tiene más obligaciones que Don José.
Por si el acusador público todavía no se enteró, el Presidente las asumió formalmente cuando juró por Dios, la Patria y sobre los Santos Evangelios aquel 10 de diciembre de 2019, donde prometió “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden”.
¿Qué valor tiene la jura de un presidente o de un fiscal que también jura al asumir? Además de ser una ceremonia para que la orgullosa familia lo aplauda y se saque fotos, es un acto formal vinculado al derecho como una exigencia ineludible para empezar a ejercer el cargo. Un acto jurídico esencial.
¿Cuánto vale ese “sí, juro”? ¿Mucho, poco, nada? ¿La Patria tiene alguna forma de reclamar? Para peor, el Presidente no sólo es abogado sino que es un orgulloso y autopublicitado profesor de Derecho.
La Constitución Nacional está presente en cada norma dictada en la que se pretende reglamentar su ejercicio. El mismo Fernández dictó y firmó un decreto avisando que el que lo incumplía sufriría graves consecuencias.
Así, los tribunales tramitaron decenas de causas traídas por la Policía que detenía, todos los días, a ciudadanos en infracción al decreto que incumplió la misma persona que lo dictó.
Pero el expediente de su fiesta está teñido de una benignidad amoral. Todos dudan que Dios y la Patria se conformen con tan poco.
El mismo Presidente que, ante la verdad inocultable que le costó la vida a miles de compatriotas con viles especulaciones en la compra de vacunas, reclama indebidamente por su dudoso honor, una cifra abusiva con la que pretende acallarnos.
El honor de Dios y de la Patria valen un $1.600.000, pero el suyo, ante un hecho inexistente, vale $100.000.000. Curiosas unidades de medida. La Justicia tiene los ojos vendados, pero los jueces y los fiscales no deben ser ciegos.
Al parecer, ni el Presidente ni el fiscal se han tomado demasiado en serio la idea de que Dios o la Patria algún día se lo demanden. De eso nos tendremos que encargar nosotros.
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