El ataque al Poder Judicial ya parece ser directamente un eje de gestión del Gobierno nacional. Desde la asunción de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, se pueden enumerar fácilmente varios hitos o ejemplos concretos como la Reforma Judicial, la Reforma del Ministerio Público Fiscal, el permanente cuestionamiento público a jueces y fiscales, el intento de ampliar la Corte Suprema y, ahora, diferentes artilugios para obstaculizar la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El Máximo Tribunal se expidió, en diciembre pasado, sobre la conformación del órgano que se encarga, entre otras funciones, de la designación y remoción de jueces. En este fallo, exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley de composición con fecha límite el 15 de abril de este año.
El vencimiento de dicho plazo significó la vuelta a la conformación anterior a la Ley presentada en 2006 -declarada inconstitucional por la Corte Suprema- que le atribuye al Consejo de la Magistratura de la Nación un total de 20 miembros.
Pero una cuestión que debería ser obvia para un funcionario público, como lo es el estricto cumplimiento de la norma y los fallos judiciales, les tomó al Presidente de la Cámara de Diputados y a la actual Vicepresidenta de la Nación una cantidad de tiempo inusitada, sin argumento razonable más que el de dejar que se dilate la situación.
El modus operandi del Gobierno nacional es la especulación y manipulación de las normas. En este caso, en lugar de respetar los mecanismos institucionales, se retrasó intencionalmente la designación de los dos miembros legislativos para dividir el bloque oficialista y quedarse así con un representante más en el Consejo, inventando ser la segunda minoría. Es que ese lugar corresponde al bloque que constituía la segunda minoría al tiempo en que la sentencia debió haber sido cumplida. Y está claro que al 15 de abril era el PRO el que ocupaba ese lugar.
Es decir, pusieron intencionalmente en riesgo el normal funcionamiento de la Justicia nacional, y, en particular, de un órgano vital para la democracia como es el Consejo de la Magistratura, con el solo fin de beneficiar a un frente político. De esta forma, el Poder Ejecutivo no hace más que sembrar inestabilidad en el orden de los poderes, en lugar de colaborar para lograr un equilibrio en el servicio de Justicia, tal como reclamó explícitamente la Corte.
Es de máxima urgencia terminar con la discrecionalidad en los concursos de los jueces y este objetivo solo se logra con un Consejo imparcial que no esté influenciado por el poder político de turno. Necesitamos un sistema judicial independiente y transparente, pero si bajamos la guardia y finalmente nos acostumbramos a un Gobierno que desobedece constantemente los fallos de la Justicia, la idea de construir una República plenamente democrática y de fortalecer las instituciones seguirá siendo solo eso, una idea.
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