Bienes Personales: la llave para que los porteños no paguen tanto no la tiene la AFIP sino Rodríguez Larreta

La guerra está declarada. Desde el momento en el que la Administradora Federal, Mercedes Marcó del Pont, informó que cambiaría la disposición que define cómo se valúan los inmuebles porteños, todo cambió en Bienes Personales.

¿Por qué? Con este cambio las valuaciones se multiplicarán por 4. Y, considerando que el mínimo quedó determinado en $30 millones en la última modificación, es muy probable que muchas personas queden ahora en la órbita del impuesto.

Los que tienen propiedades en la Ciudad de Buenos Aires pusieron el grito en el cielo desde el mismo momento del anuncio. Ahora, además, se les sumó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En declaraciones públicas, el funcionario aseguró que era una medida “discriminatoria” ya que, en definitiva, sólo afectaría negativamente a quienes tuvieran un inmueble en territorio porteño. También resaltó que es “ilegítimo” porque desconoce lo definido en el Código Fiscal de la Ciudad y, por último, remarcó que el nuevo dictamen “atenta contra la seguridad jurídica”.

Sin embargo, Rodríguez Larreta se olvida de un punto que, a mi entender, es crucial: lo que establece la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales al momento de valuar los inmuebles.

Y qué dice la ley: “El valor a computar para cada uno de los inmuebles, determinado de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible -vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida el presente gravamen- fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal determinado a la fecha citada”.

También asegura que “este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio”.

“El valor establecido para los inmuebles según las normas contenidas en los apartados 1. a 4. del primer párrafo de este inciso, deberá únicamente incluir el atribuible a aquellos edificios, construcciones o mejoras que hayan sido tomados en consideración para determinar la aludida base imponible”, agrega.

Y concluye: “Aquellos no tomados en cuenta para dicha determinación, deberán computarse al valor establecido según los mencionados apartados (este párrafo comenzó a aplicarse para el período fiscal 2007 y siguientes).

Es decir, que la misma base imponible del ABL porteño es la que debe considerarse para valuar los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que pretender que sólo se considere una parte de la fórmula es un error.

Recordemos que desde el 2012 existen dos variables que determinan el impuesto inmobiliario en la Capital, que son la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

Según el Gobierno porteño, la USC es un índice que permite mantener uniformes y homogéneas las valuaciones técnicas, sin afectar la base imponible para otros impuestos.

Esta definición surge del mismo Código Fiscal. No obstante, pretender que una norma local busque imponerle una metodología diferente a la que establece una Ley nacional es un desacierto.

Si para calcular el impuesto inmobiliario en la Ciudad se utiliza tanto la VFH como la USC, es inaceptable que se tenga que considerar solo uno de estos parámetros para valuar la base imponible en el impuesto patrimonial nacional.

Tampoco podríamos hablar de discriminación si se considera que en todas las jurisdicciones -excepto la CABA- la valuación de los inmuebles que determinan la base imponible son iguales tanto para el impuesto inmobiliario como para Bienes Personales.

Se puede estar a favor del Gobierno porteño respecto de medidas del Ejecutivo nacional en contra de la administración de Rodríguez Larreta, como la quita injustificada de fondos de Coparticipación. Eso no quita que en este caso tenga razón en su reclamo sobre este tema puntual. Incluso, parece más un justificativo para incrementar impuestos sin pagar los costos políticos de hacerlo.

Porque, en definitiva, la llave para que los propietarios porteños no abonen el Impuesto sobre los Bienes Personales está en manos del Gobierno local y no de la AFIP, como se pretende afirmar.

Así que ya saben: si los que tienen un inmueble en la Ciudad no quieren pagar el gravamen patrimonial, el reclamo no se lo tienen que hacer a Marcó del Pont, sino a Rodríguez Larreta.

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