
La Resolución N° 91/2021 que publicó el Poder Ejecutivo Nacional en el Boletín Oficial hace unos días implica en los hechos una suerte de vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos comprendidos en el Art. N° 8 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley N° 24.156 y sus modificatorias. Sin embargo, este formato no será volver a la modalidad “prepandemia”, sino que significa la implementación de una “presencialidad programada” a partir del 1° de septiembre.
¿Pero qué significa “presencialidad programada”?
Quienes hayan recibido al menos una de las dosis de cualquier vacuna contra el COVID-19, independientemente de su edad y condición de riesgo, deberán regresar a sus puestos de trabajo presenciales.
La resolución también plantea que, según cada dependencia o edificio, deberán organizarse diferentes burbujas con los cuidados ya conocidos: ventilación, distancia, sanitización de los espacios, que no haya aglomeraciones en los lugares de uso común y sólo quedarán exceptuados en el cumplimiento de la presencialidad aquellas personas con inmunodeficiencias (pacientes oncológicos, HIV, trasplantados) y las embarazadas.
Si bien la crisis del coronavirus aceleró el proceso de teletrabajo en todos los ámbitos laborales, no solamente en el empleo público, es en el Estado donde más impacto tuvo, ya que muchísimos puestos y normativas jamás se hubiesen pensado en términos de trabajo a distancia si no hubiera sido por la situación epidemiológica. En ese sentido, es llamativo que, a pesar de los avances del siglo XXI en el campo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y del nivel de digitalización del empleo público, haya una fuerte demanda para una presencialidad estricta, que tiene más que ver con una mirada siglo XX antes que con una que pueda utilizar la infraestructura y las capacidades estatales de manera inteligente. Además, existen múltiples estudios que indican que el teletrabajo ha mostrado resultados positivos respecto del cumplimiento y las posibilidades de sostener las actividades laborales desde la distancia.
Desde ya, es absolutamente real que existen determinados puestos de trabajo en los cuales una virtualidad al 100% sería claramente inviable. En especial, en aquellos espacios en donde sus roles han sido esenciales. Sin embargo, hay que pensar creativamente y que esta discusión involucre también a las universidades y a la sociedad civil.
Innovación no solo es mejorar procesos, sino también pensar “fuera de la caja”
Hay puestos de trabajo que podrían tener modalidades mixtas, o que parte de sus dotaciones vayan migrando a esquemas virtuales. Acá no hablo solo del trabajo administrativo “de oficina”, que puede virtualizarse fácilmente gracias al expediente electrónico y las múltiples plataformas que ya existen en el Estado. Estoy hablando de dar un paso más y animarnos a pensar si realmente es necesaria la presencialidad de 8 horas diarias los 5 días de la semana. Pensemos, por ejemplo, en una persona que trabaja en atención al público 100% presencial. ¿Por qué no se podría modificar esto? ¿No puede pensarse que en algún momento se nos atienda desde un tótem como, por ejemplo, se ven en algunos edificios al servicio de la seguridad privada? ¿Acaso no descendería el uso del transporte público y privado con la consecuente contaminación ambiental? Por citar solo uno de los posibles impactos visibles.
¿Cuál es el verdadero sentido de estructurar el trabajo en jornadas laborales presenciales cuando hay ciertas tareas para las que no es necesario? ¿Por qué no aprovechar esta gran oportunidad para repensar el empleo? El proceso implica reconfigurar normativas y avanzar hacia una administración 4.0, que sea ágil, operativa, capacitada, bien remunerada y que brinde un servicio público de calidad.
El camino más difícil e impensado ya se recorrió. Es cuestión de decisión política continuar mirando hacia el futuro. Y no solo en formato del servicio público, sino también para los organismos privados. ¿Por qué no pensar en un sistema híbrido? La Universidad de Buenos Aires ya está llevando adelante sus concursos de manera bimodal. Las personas que aspiran a un cargo docente pueden hacerlo de manera presencial o virtual y tiene la misma validez.
Pensar puestos de trabajo en donde la virtualidad sea una nueva forma de trabajo definitiva podría significar, entre otras cosas, la oportunidad de que ciudadanos y ciudadanas residentes en provincias lejanas a la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder a puestos de trabajo en ella. Esto implicaría materializar un Estado nacional con un cuerpo administrativo federal real, pensar el rol del servicio civil, la calidad del empleo público, la capacitación y la formación de quienes brindan servicios públicos, y por sobre todas las cosas, pensar integralmente el diseño de las políticas públicas a través de medidas innovadoras, aunque esto signifique un cambio de 180°.
*El autor es especialista en administración y políticas públicas (UBA – Georgetown)
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