
Históricamente, los Estados han querido controlar temas y problemas sociales a través del Código Penal. Quienes somos parte de sectores que han sido víctimas de estas políticas sabemos cómo termina esto.
Hay temas sociales que no requieren de ningún control estatal, como la sexualidad. En esto hemos avanzado mucho, aunque todavía hay figuras abiertas en algunos códigos de faltas y contravencionales provinciales con los que todavía se pretende ejercer un control sobre la sexualidad de las personas. Figuras como “atentado al pudor” o “buenas costumbres”, entre otras, dejan al arbitrio de la policía y -a veces- también de la Justicia la posibilidad de detener a alguien con criterios que lamentablemente son parte de la batalla cultural que todavía está pendiente.
Hay otros sectores que son víctimas también de estas políticas estructuralmente represivas por parte del Estado, entre ellos, la juventud. Una de las herramientas que se utiliza es la comúnmente llamada “Ley de Drogas”, que criminaliza a les jóvenes usuaries de drogas con la excusa de la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.
Su ineficacia respecto de la lucha contra el narcotráfico ya ha sido probada en los hechos en todo el mundo. No funciona. Les jóvenes pobres terminan en la cárcel por tener un porro en el bolsillo (porque les de clase media y alta -si llegan siquiera a detenerles- ponen une abogade y resuelven una situación que no podría pasar ningún control de constitucionalidad) y los grandes “narcos” viven en barrios cerrados y countries en todo el mundo.
Tampoco se puede resolver el tema de las adicciones y el consumo problemático con el servicio penitenciario. Primero, hay que distinguir el consumo, del consumo problemático y las adicciones. Y luego, atender con seriedad estos últimos dos, que son un tema de salud y no una cuestión criminal. Por otro lado, si se trata de proteger la salud de las personas, habría que tener en cuenta que el cigarrillo está más relacionado con el mayor índice de muertes por enfermedades en Argentina, que cualquier otra sustancia ilegal.
Tampoco es cierto que el consumo de las drogas ilegales tenga gran incidencia en accidentes y delitos violentos, mucho menos la marihuana. Son las sustancias legales, como el alcohol, las que guardan mayor relación con estos temas. Y no hemos escuchado a nadie proponer la criminalización de quienes consumen algún tipo de bebida alcohólica producto de esto.
En realidad se trata de coartar libertades individuales como forma de control social sobre la juventud y los sectores más vulnerados de la sociedad. Y en realidad debería tratarse de acompañar a la juventud respetuosamente, con información, educación, comunicación, políticas públicas y amor, y resolver los problemas de los sectores más vulnerados con mayor presencia del Estado y respuesta a las necesidades de la población. La criminalización y la violencia institucional no pueden ser la respuesta para esto.
La criminalización no sirve para luchar contra el narcotráfico, no sirve para luchar contra el consumo problemático y las adicciones, no sirve para evitar accidentes ni delitos violentos. En definitiva, es una forma más de imponer la moralidad de un sector sobre la vida de todes. La legalización, sin embargo, permite un marco regulador que podría contribuir con algunas de estas cosas, ofreciendo la ayuda del Estado a quienes la necesiten y que elles puedan tomarla o buscarla sin miedo a la persecución penal.
Lo que estamos debatiendo cuando se plantea el tema de la legalización de la marihuana no es si estamos de acuerdo o no con fumar o consumir marihuana, sino cómo queremos acompañar a la juventud y resolver los problemas que hay en la sociedad. La marihuana es solo una herramienta que sirve de excusa para quienes quieren resolver todo con la cárcel y con violencia institucional.
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