Salarios, inflación y discriminación

En Economía Laboral, una categoría fundamental de análisis es la de “salario de reserva”, cuyo significado es la remuneración mínima que acepta una persona para abandonar el ocio e ingresar al mercado laboral. Esta remuneración no es una referencia general, sino que está determinada por cada persona. Así, un o una estudiante de nivel terciario destinará parte de su tiempo de ocio a la actividad laboral, solo si evalúa que la utilidad o satisfacción que le brinda el ocio es menor a la que genera el conjunto de bienes que pueda comprar con el ingreso monetario que surge de su trabajo.

De acuerdo a lo anterior y tomando como “ocio” a todas aquellas actividades que no le reportan ingreso monetario, el salario de reserva no será el mismo para una persona desempleada y que está estudiando, como para aquella otra que también está desempleada y no tiene otra actividad. En ese caso, la primera demandará un salario de reserva más alto por canalizar parte de su tiempo desde la formación profesional hacia la actividad laboral. Toda elección lleva implícita un sacrificio al que se denomina “costo de oportunidad” y que constituye la evaluación de la alternativa sacrificada.

De acuerdo a datos suministrados por el Indec, el 60% de la población ocupada en la República Argentina, al final del primer trimestre del año, recibió un salario promedio de $ 39.504 mensuales. Es decir, para una gran proporción de la Población Económica Activa del país, su salario de reserva ronda los USD 250, siendo éste uno de los más bajos de Sudamérica.

De lo anterior, profundicemos en dos aspectos. El primero es que en la Argentina, que es un país donde los movimientos defensores de la igualdad de género están muy movilizados y que han puesto tanta atención a temas como el lenguaje inclusivo, el ingreso promedio de los perceptores varones es de $ 48.570 (aproximadamente, USD 300), mientras que el de las mujeres, por igual actividad, es de $ 36.123 (aproximadamente, USD 225), lo cual nos hace pensar que las propuestas reivindicativas tendrían que revisar sus prioridades.

En segundo lugar, al tomar en consideración el ajuste de salarios frente a la inflación, si tomamos abril de 2020 a abril de 2021, tenemos un incremento de precios del 46,3%, frente a un incremento de sueldos del 35,7% de los trabajadores formales y 29,4% de jubilaciones y pensiones.

Lo paradójico es que la población laboral del sector público se incrementó durante este período de clara disminución del poder de compra salarial de ese segmento y que, al mismo tiempo, se reduce la población ocupada del sector privado. Según datos suministrados por el IARAF, el 42% de cada 100 empleados privados, en 2012, trabajaban para el sector público; ese índice, en la actualidad, se eleva al 55%.

El cierre de fuentes de trabajo del sector privado que redondea las 20.000 empresas desde que inició la cuarentena, la pérdida de productividad en el sistema económico en general, el aislamiento del país que impone la pandemia y la consecuente pérdida de dinamismo que ello implica, la necesidad de canalizar mayores recursos públicos a la ayuda social en desmedro de inversiones en infraestructura, entre otras razones, impactan sobre el nivel de remuneraciones y de una robusta demanda laboral.

Las razones mencionadas determinan que la demanda laboral se reduzca y, con ello, la remuneración salarial también tienda a disminuir. Por su parte, la oferta laboral, debido a la implementación de los planes sociales, crece pero a un ritmo más lento que al que lo hubiera hecho tomando en cuenta incorporación de nueva fuerza laboral y los expulsados del sector privado, estimados estos últimos en 100.000 trabajadores durante el 2020. En consecuencia, las condiciones materiales de vida no solo han disminuido, sino que tienden a complicarse aún más.

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