Transparencia, celeridad y nuevo perfil de magistrado

En los últimos años se han ido incrementando los descontentos sobre el funcionamiento del Poder Judicial. En muchos casos se trata de razones compartidas, pero en otros esas razones deben problematizarse. Por un lado, porque ciertas críticas no resultan tan certeras y, por otro, porque no deberían dirigirse exclusivamente al Poder Judicial. Dicho de otro modo, ciertos descontentos sobre el Poder Judicial pueden y deben resolverse no solo al interior de ese Poder del Estado, sino desde otras instituciones públicas. Una de ellas son los consejos de la magistratura, que son los órganos encargados, entre otras cuestiones, de llevar adelante el proceso de selección de magistradas y magistrados.

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires tiene representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de las asociaciones de magistrados y de colegios de abogados. Pero además del debate al interior de dicho órgano, nos parece importante someter a un debate más público cuestiones que no solo afectan a esos sectores, sino a toda la población, y sobre los cuales hay numerosas voces valiosas que debemos escuchar. Es por eso que a continuación nos interesa detallar una pequeña propuesta que desde el Frente de Todos hemos presentado en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires en vistas de mejorar el proceso de selección de juezas y jueces, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, asesoras y asesores tutelares.

Los consejos de la magistratura fueron creados con la idea de reducir la discrecionalidad en la designación de magistradas y magistrados. Y la herramienta principal para lograr ese objetivo han sido los concursos de oposición y antecedentes. Sin embargo, si no están debidamente reglamentados pueden generar la consecuencia contraria a la deseada.

En la Provincia, actualmente el sistema de concursos incluye cuatro instancias: examen escrito, oral, entrevista, y evaluación de antecedentes, y cada una tiene un máximo de 100 puntos. A nuestro entender es necesaria una revisión integral, que debe poner en discusión si un examen escrito, que guarda el anonimato y es corregido por personas expertas, debe tener igual puntaje que un examen oral que pierde ese anonimato, y que una entrevista que sin ser anónima es evaluada por las propias consejeras y consejeros. Una revisión integral también debe poner en discusión cómo evaluar la sensibilidad las y los aspirantes frente a las desigualdades de géneros y de clases. Sin embargo, dadas las dificultades para llevar adelante transformaciones estructurales en este contexto, hemos planteado en el Consejo un proyecto puntual, que propone modificar la evaluación de antecedentes.

La propuesta se encuentra guiada por tres principios: transparencia y supresión de la discrecionalidad, celeridad en el trámite, un perfil de magistrada o magistrado con un recorrido profesional y académico más plural al existente en la actualidad. Estos tres principios, aunque tienen pretensiones de generalidad, pretenden resolver dificultades del proceso de selección de magistradas y magistrados de la Provincia. La evaluación asigna puntaje por: a) Antecedentes profesionales, 60 hasta puntos; b) Actividades académicas (docencia y publicaciones), hasta 16 puntos; c) Posgrados, hasta 16 puntos, d) Escuela judicial, hasta 8 puntos. Excepto para los antecedentes profesionales, donde el puntaje se incrementa con la antigüedad, para los demás rubros el sistema no se encuentra tabulado, y no hay criterio para asignar puntajes a cargos docentes por concurso o sin concurso, publicaciones en libros o revistas, no hay criterios para distinguir el puntaje de una especialización, maestría o doctorado, y un enorme listado de etcéteras. ¿Cuál es el problema de este sistema? La enorme discrecionalidad de las consejeras y consejeros para delimitar, en cada concurso y para cada aspirante, el puntaje final. ¿Qué consecuencias trae esta discrecionalidad? Entre otras, una enorme demora en el trámite de los concursos, puesto que los puntajes se definen cuando las discrecionalidades encuentran un punto en común, algo nada sencillo. Asimismo, la ausencia de tabulación precisa genera múltiples impugnaciones, en muchos casos más que razonables.

El proyecto del Frente de Todos en el Consejo busca transparentar y reducir al máximo las posibles discrecionalidades en la asignación de puntajes. Es decir, se plantea un régimen más reglado, que delimita cada uno de los antecedentes, detallando el puntaje de los cargos docentes (según modo de acceder al cargo y el escalafón), las publicaciones (de acuerdo a su tipo), y los distintos tipos de posgrados y cursos de formación (con énfasis en los cursos sobre géneros y derechos humanos). Con esta tabulación buscamos reducir la discrecionalidad y, en consecuencia, agilizar el trámite de los concursos.

Además de transparentar y agilizar proponemos redefinir el perfil de magistrada o magistrado. En la actualidad, 60 sobre 100 puntos se definen por la antigüedad en la matrícula o en el propio Poder Judicial. Esta puntuación, y otras variables del proceso de evaluación, genera que se inscriban a los concursos, y obtengan los mejores puntajes, las personas que ya forman parte del sistema judicial. El perfil de magistrada o magistrado al que apunta el actual sistema es el de una persona con antigüedad en estructuras que no evalúan su desempeño. Nuestra propuesta busca equilibrar la antigüedad con las actividades académicas, la formación, y el desarrollo profesional comprometido con la comunidad, y con ello alcanzar órdenes de méritos más diversos. Es así que el sistema propuesto además de tabular todos los antecedentes reordena los puntajes en estos términos: 40 puntos para los antecedentes profesionales (con foco en la especialidad y la territorialidad, y equiparando la antigüedad en la función pública con la antigüedad en la matrícula y el Poder Judicial), 30 puntos para actividades académicas (docencia y publicaciones); 20 puntos para la formación (posgrados, y especial atención a cursos en derechos humanos y géneros), y 10 puntos para el ejercicio de la profesión comprometido con la comunidad (trabajo en patrocinios jurídicos gratuitos y participación en proyectos de extensión o vinculación universitaria).

El Frente de Todos ha presentado en el Consejo de la Magistratura una pequeña propuesta en vistas de modificar el paradigma del proceso de selección de juezas y jueces, fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, asesoras y asesores tutelares. El proyecto se encuentra bajo estudio y a la espera los comentarios y sugerencias de los restantes sectores que componen el Consejo. Este tipo de iniciativas encontrará la resistencia de aquellos sectores que se benefician con el estado actual de las cosas. Pero como dijimos al principio, es un estado de cosas que no tiene a la sociedad satisfecha con el funcionamiento del Poder Judicial. Y es por eso que el debate público debe ayudarnos a pensar colectivamente cómo mejorarlo.

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