La inflación y su discusión teórica en la Argentina

Más allá de los efectos sociales adversos sobre la población, en especial en sectores que dependen de un ingreso fijo, desencadena un debate que trasciende el ámbito académico y se adentra en el terreno político

En lo que va del presente año, enero representa el 4%, febrero el 3,6%, marzo 4,8%, abril el 4,1% y mayo el 3,3%. Nos estamos refiriendo al Índice de Precios al Consumidor calculado por el INDEC, el cual nos permite cuantificar el incremento general de precios en el país.

La inflación, además de sus efectos sociales adversos sobre la población, especialmente aquellas clases y sectores que dependen de un ingreso fijo, desencadena una discusión teórica en nuestro país que trasciende el ámbito académico y se adentra en el terreno político. Es así que mientras una corriente más “ortodoxa” esgrime que este mal endémico de la economía argentina constituye un fenómeno exclusivamente monetario, otros economistas más “estructuralistas” reconocen un conjunto de causas concomitantes para explicar la realidad argentina, sosteniendo que el origen, al obedecer a diversas causas que escapan a lo estrictamente monetario.

Lo cierto es que la inflación no es un hecho, sino que es un proceso. La presión alcista sobre los precios es constante. Si para medir el fenómeno se toma un momento determinado, en el cual se recoge la información de los precios para cuantificar su evolución, el alza de precios que define a la inflación es un movimiento continuo. En el caso de este último año en el país, el aumento del 17,6% de los precios, se extiende desde el primero de enero y el 30 de abril pasado. Es decir, no fue en un momento, sino en un período continuo.

Otra cualidad fundamental de la inflación es su carácter generalizado. El alza de precios afecta a la totalidad de los bienes, siempre que éstos no estén regulados por la autoridad estatal.

Si bien todos los precios “libres” aumentan, no todos los hacen a la misma velocidad, algunos se ajustan a mayor velocidad que otros. Así, por ejemplo, en abril de este año, según información suministrada por el INDEC, mientras el incremento de precios en las Prendas de Vestir era del 6%, el de Alimentos y Bebidas era de del 4,3%, el del rubro Salud del 3,7% y el ajuste alcista en Educación sólo alcanzaba al 2,5%. Vemos que, en cuanto al ritmo de crecimiento de precios, el alza es un movimiento heterogéneo, dando lugar a cambios permanentes en los precios relativos.

Volviendo a la discusión teórica-política sobre la o las causas de la inflación, podemos clasificarlas en causas inmediatas (monocusales) y mediatas (pluricausales). No cabe duda que un aumento de la oferta monetaria, sin la contraparte correspondiente a la demanda monetaria por motivos transaccionales o de especulación provoca una ruptura en el equilibrio monetario, que termina impulsando los precios al alza y el cambio en la relación entre ellos. Eso no puede entrar en el terreno de la duda, cualquiera sea la posición teórica que se adopte. Pero, cabe preguntarse sobre las circunstancias que obligan a las autoridades competentes a expandir el dinero en circulación.

Si tomamos el caso argentino, podemos encontrar varias explicaciones, tales como el déficit fiscal crónico, los incrementos y altos de costos de logística y energía, las restricciones de divisas para cubrir los insumos y bienes de capital del sector industrial, la rigidez del mercado laboral, alta tasa de presión tributaria, entre otras.

En conclusión, mientras que a los ortodoxos se le asigna la razón en cuanto a las causas inmediatas, a los estructuralistas se les otorga la razón en causas mediatas, por lo menos, en el caso argentino.

Más allá del diagnóstico, nos encontramos con las propuestas para encarar este problema sabiendo que reducir la masa monetaria, o por lo menos controlarla, es una condición necesaria pero no suficiente. Esto nos lleva a afirmar que, para reducir y controlar la inflación, la política de restricción monetaria tendrá que ser sólo una parte de un plan económico general, el cual tienda al cambio estructural de la organización económica del país, eso que tradicionalmente se denomina desarrollo económico.

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