Cómo y por qué Perón fue el único Presidente expulsado de la Iglesia

El 16 de junio de 1955, la Sagrada Congregación Consistorial le había aplicado, cuando todavía era Presidente, la excomunión denominada “latae sentencia”, por razones que ese mismo día fueron publicadas en el periódico L’Osservatore Romano

Perón y su amigo, después enemigo, Santiago Copello, arzobispo de Buenos Aires. En 1954 estalló el conflicto Iglesia-Estado, que en determinados momentos adquirió ribetes muy violentos
Perón y su amigo, después enemigo, Santiago Copello, arzobispo de Buenos Aires. En 1954 estalló el conflicto Iglesia-Estado, que en determinados momentos adquirió ribetes muy violentos

El 13 de febrero de 1963, “sinceramente arrepentido y contento, además, de poder hacer este acto de humildad”, Perón se arrodilló ante el arzobispo de Madrid, monseñor Eijo y Garay. Recién entonces el Vaticano levantó la excomunión que pesaba sobre él desde hacía nueve años.

Era toda una humillación hacer esto, pero tenía que hacerlo. Era una de las exigencias (la otra era su casamiento con Isabelita) que el gobierno pro-católico de Franco le había impuesto como condición para asilarse en España.

El 16 de junio de 1955, la Sagrada Congregación Consistorial le había aplicado, cuando todavía era Presidente, la excomunión denominada “latae sentencia”, por razones que ese mismo día fueron publicadas en el periódico L’Osservatore Romano.

La sanción tenía que ver con cosas que habían sucedido en la Argentina entre 1954 a 1955. En esos años, la realidad de los católicos argentinos fue exactamente la misma que habían vivido los católicos italianos en 1931, bajo la tiranía de Mussolini.

Perón era ultra católico. Por lo menos así se había manifestado siempre. Por eso sorprendió tanto que el 1° de mayo de 1954 (Día del Trabajador) se lanzara a una desenfrenada persecución a la Iglesia de una forma que nunca antes había ocurrido en la historia argentina.

Ese 1° de mayo, en la Plaza de Mayo, para sorpresa de todos, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la separación de la Iglesia del Estado. Alegó que era “un clamor del pueblo”.

Y Perón respondió: “Yo voy a hacer lo que el pueblo quiere”.

Hasta allí las relaciones Perón-Iglesia eran normales, de convivencia mutua, y de ayuda mutua. De hecho, la Iglesia era un organismo más del Gobierno, en el que tenía presupuesto propio. Curas, obispos y arzobispos por igual eran empleados públicos, asalariados del Estado.

Pero, en consonancia con lo que se había dicho el 1° de mayo anterior, todo cambió el 11 de noviembre de 1954, cuando en oportunidad de un encuentro de gobernadores Perón se refirió a la existencia en varias provincias de “malos sacerdotes”.

Obispos peronistas

En esa reunión de gobernadores, Perón dijo que únicamente en Catamarca no había malos sacerdotes, porque allí el obispo era peronista.

La verdad era que en otros lados también había y había habido “buenos sacerdotes”, curas que comulgaban con el régimen. Algunos de ellos hasta eran diputados nacionales por el peronismo.

Uno de esos “buenos sacerdotes” se llamaba Luis A. Rothamel, quien declaró: “Nadie duda que Jesucristo volverá a la tierra. Y si no retorna por el camino que no sepan señalar sus emisarios lo hará por el camino que le preparan los gobiernos de los pueblos que, como este de Perón, saben interpretar su verdadera doctrina”.

También había obispos claramente identificados con el régimen, como el caso del obispo de Rosario, que en el marco del XLI Congreso de la Federación Agraria Argentina, confesó: “Si no fuera pastor de almas, si no fuera obispo, sería peronista, porque quiero estar con el pueblo”.

Lo mismo había sucedido con el obispo de Resistencia, monseñor Nicolás De Carlo, a quien Perón presentaba como modelo de “obispo peronista”, por su tarea social.

A este obispo, Perón le regaló la construcción de un seminario en las afueras de la ciudad y el 10 de abril de 1948 en un acto solemne le entregó un pectoral de oro con amatistas.

Más aún, al morir De Carlo el 19 de octubre de 1951 Perón dictó un decreto de honores disponiendo que la bandera nacional permaneciera a media asta en todos los organismos nacionales del país y que, además, al religioso fallecido se le rindiera honores correspondientes a un General de Brigada.

Nunca se supo muy bien por qué Perón incurrió después en un giro tan radical en sus relaciones con la Iglesia.

Desde España, otro dictador, muy amigo suyo, Francisco Franco, opinó al respecto: “Es una lástima que este Presidente se deje aconsejar ahora por la masonería y que esta secta esté ejerciendo tanta influencia en su gobierno. Si viviera su mujer, mucho más inteligente que él, no perseguiría a la Iglesia Católica como lo hace ahora. Perón es un hombre débil que primeramente se dejó dominar por su inteligente mujer y ahora se deja dominar por las logias masónicas”.

Comienza la cacería

La cuestión es que, de repente, el gobierno peronista comenzó a perseguir a la institución que hasta poco tiempo atrás había sido una de sus principales aliadas y favorecedoras.

Así, por resolución N° 3.140 del 22 de diciembre de 1954, ratificada por el decreto 22.273 del 28 de diciembre del mismo año, fueron separados de sus cargos más de cien docentes católicos.

A raíz de esa masiva cesantía, unas ochenta escuelas de Buenos Aires y de otros lugares del país cerraron sus puertas y sus empleados quedaron en la calle, sin trabajo.

Muchas de las escuelas afectadas funcionaban en comunidades indígenas del interior y cumplían su obra argentinista, cultural y religiosa de manera totalmente gratuita. La cesantía de sus docentes las obligó a suspender sus actividades.

El gobierno violaba una y otra vez el estatuto del docente, que aseguraba la estabilidad e inamovilidad del magisterio. Las cesantías se aplicaban sin dar conocimiento previo a los afectados, violándose una y otra vez el tradicional derecho constitucional que establece que nadie puede ser castigado sin defensa previa.

La persecución no se limitó a las cesantías masivas porque también se dejó sin efecto la apertura de nuevos colegios católicos. No se permitió, por ejemplo, que se abrieran los colegios Santa Ana de Villa Ballester, Castro Barros de Lucas González (Entre Ríos) y San José de Coronel Dorrego (Buenos Aires), entre otros.

Donde la presión sobre la Iglesia se hizo más intensa fue en Córdoba. Allí, varios funcionarios judiciales y profesores universitarios fueron cesanteados por usar distintivos de Acción Católica o de la agrupación denominada Hermandad del Santo Viático.

La comunidad judicial y educativa cordobesa protestó inútilmente por el despido de los doctores Marcelo Barrera y Carlos Herrera (secretarios del Juzgado Nacional Número 2) y del secretario de la Hermandad del Santo Viático, doctor Julio B. de Vértiz, quien fue alejado de su cargo de profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba.

“Complots” en Buenos Aires

En Buenos Aires, el 30 de abril de 1955 la policía anunció haber descubierto “complots” católicos en distintos puntos de la provincia, uno de ellos en Cañuelas. Varios sacerdotes y militantes del grupo Acción Católica fueron inmediatamente apresados.

Nunca antes en la historia del país había sucedido que sacerdotes fueran apresados por criticar a un Gobierno. También fue un caso único en la historia argentina tener que pedir permiso para rezar. La policía reprimía todo acto religioso no autorizado.

El presidente del Partido Comunista Argentino, Victorio Codevila, denunció en un comunicado todo esto. “La Iglesia católica es perseguida, sus fieles no pueden reunirse, el temor aleja a los católicos de los templos, en la Argentina peronista los católicos no pueden cumplir con sus ritos”, expresaba en su denuncia.

Se eliminó el juramento católico en la Cámara de Diputados y se expulsó de allí al diputado nacional cordobés Roberto A. Carena por oponerse al proyecto de separación Iglesia-Estado. Perón incluso devoró a una de sus propias creaciones: la enseñanza de la religión católica en las escuelas.

Se sancionó una ley convocando a una convención constituyente para suprimir el sostenimiento de la Iglesia católica por el Estado, se prohibió la transmisión de misas en las radios, se aprobó la ley de divorcio, se prohibió la procesión del Corpus Christi del 9 de junio de 1955 y se expulsó del país, pese a ser argentinos, a los monseñores Manuel Tato (arzobispo de Buenos Aires) y Ramón Novoa.

Piquetes policiales allanaron en Buenos Aires y en otros puntos del país las parroquias, asilos, colegios, seminarios, monasterios y locales del Círculo de Acción Católica.

El 16 de junio de 1955, en horas de la noche, anónimos incendiarios quemaron diez de los más emblemáticos templos católicos de Buenos Aires y esa misma noche golpearon tan bárbaramente al padre Jacobo Wagner, de la Iglesia de las Victorias, que murió dos días después.

Madrid bien vale una misa

“Recientemente han sido conculcados de muchas maneras en la República Argentina los derechos de la Iglesia y se ha usado violencia contra personas eclesiásticas”, rezaba el texto de la mencionada sentencia de excomunión contra Perón.

Ya en Madrid, Franco le advirtió a Perón que su concubinato con “Isabelita” no era bien visto y que su Gobierno tampoco estaba cómodo con el tema de la excomunión que pesaba sobre él.

En otras palabras: blanqueaba ambas situaciones o ya no sería bienvenido en España.

Si para el hereje Enrique IV París bien valía una misa, según dicen que dijo, para Perón Madrid bien valía un casamiento y un humillante arrodillarse ante un obispo.

El financista Jorge Antonio y el doctor Raúl Matera tramitaron ante el Vaticano el fin de la sanción.

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