
No es noticia decir que el narcomenudeo hace estragos en la vida de familias y barrios enteros, especialmente en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Uno puede acostumbrarse a eso, y seguir tomando su té o mirando una serie, sin inmutarse.
Más complicado es ver que el impacto de este modo de “vida” llega también a otras partes: robos violentos, violencia de género, caída significativa en la calidad de la fuerza laboral… Eso ya impacta sobre nuestra vida. Sea por solidaridad o por interés propio, vemos que estamos ante un problema serio.
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¿Qué pueden hacer las fuerzas de seguridad? ¿Qué puede hacer la justicia? Quizás sea mejor empezar a ver -o a preguntar- qué se les pide que hagan desde las altas esferas, para qué sirve eso que se les pide, y qué otras cosas hacen los que piden.
En general, y sin distinción de colores políticos, lo que se suele difundir en los medios son los allanamientos, las cantidades de droga secuestradas, el número de personas detenidas. “No se publica qué pasa el día después de un operativo o de un megaoperativo”. O el año después.
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En muchísimas ocasiones, a los pocos días se sigue vendiendo droga en el mismo sitio allanado. O en otros lugares vecinos. ¿Todos contentos?
Siempre va a haber lugares para allanar, siempre va a haber droga para secuestrar, siempre va a haber personas para detener. ¿No será que la política institucional centrada en lo publicitario padece una adicción a las pujas electorales o a la búsqueda de figuración? Más aún, ¿no será que esto sucede en la medida en que no ejercemos la ciudadanía activa?
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Quizás no haya suficiente valentía para informar cuántas personas padecen adicciones, y cuál es el porcentaje que recibe tratamiento (¿fracciones de 1%?). O cuántos narcoadictos o mujeres en condición vulnerable pueden salir de la cárcel del narcomenudeo y tener otra vida. Más importante: tal vez no hay suficiente interés ciudadano en saberlo, o en exigir saberlo.
Mientras tanto… esa pandemia sigue, esa pandemia avanza. Más rejas en las casas, más vigilancia privada, más cámaras, más gastos en seguro, más causas por hechos violentos… Ese es el impuesto al desinterés, o a una vida social narcotizada ante un problema que nos afecta a todos.
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Escribo esto siendo integrante del sistema de justicia penal. No represento la postura institucional, y menos pretendo que esto sea una rendición de cuentas oficial sobre el impacto de nuestras acciones y omisiones. Simplemente trato de hacerme eco del drama que se vive en los barrios presos del narcomenudeo, y comparto una preocupación que no es solamente mía.
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