El presidente Alberto Fernández desembarcó en México este lunes con el objeto de visitar a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y fortalecer así las buenas relaciones y colaboraciones que tienen los dos gobiernos.
Como parte del itinerario, Fernández estuvo presente en el laboratorio Liomiot, que son los encargados de envasar la vacuna de AstraZeneca, y se reunió con empresarios aztecas para instarlos a invertir en nuestro país.
Pero no todo fueron visitas protocolares. Al menos no para el diputado federal mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aprovechó la llegada de nuestro mandatario para proponer crear un aporte solidario al estilo argentino. En un comunicado que difundió el mismo lunes, afirmó que “necesitamos fortalecer la capacidad de gasto en tiempos de crisis mediante este tipo de aportaciones extraordinarias”.
Además, recordó que “en otros países ya se han implementado medidas similares” y mencionó el caso de Irlanda (que implementó un aporte tras la crisis del 2008) y el de Ecuador (que impuso un impuesto especial tras el terremoto del 2015).
“Nuestro contexto requiere que todos los segmentos de la sociedad aporten según sus capacidades. Quienes más tienen deben solidarizarse con nuestro país tal y como está ocurriendo en otras partes del mundo con los ‘millonarios patrióticos’”, concluyó.
Más allá de que los dos sistemas tributarios son muy diferentes entre sí (por caso, en México no existe un impuesto patrimonial como nuestro Bienes Personales), creo que hay algunas cuestiones que no hay que perder de vista para evitar problemas en el futuro.
La implementación de un aporte solidario como el que aprobó la Argentina el año pasado, implica, lisa y llanamente, crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio de los contribuyentes.
Como ocurre en estos casos, sumar un nuevo tributo en cualquier sistema impositivo termina aumentando directamente la presión fiscal. ¿Qué efectos tienen las medidas de este estilo? En primer lugar, espantan las inversiones.
Recordemos que los dueños del capital no hacen otra cosa que buscar incrementar sus ganancias, por lo que buscan colocar su dinero donde mayores rentas puedan obtener (que, generalmente, es en aquellos lugares donde menos impuestos pagan).
De esta manera, uno de los objetivos primordiales que buscan todos los Estados (y el de México no es la excepción), que es el de obtener inversiones extranjeras directas, podría verse comprometido con medidas de este estilo.
Asociado a este punto, surge otro gran problema: la pérdida de competitividad. Es más que sabido que aquellos países que tienen una gran presión impositiva terminan perdiendo competitividad en manos de quienes reducen su carga fiscal.
Un buen ejemplo de esto puede verse en los casos de los argentinos que decidieron irse a vivir a Uruguay, que en los últimos meses no hizo más que crear beneficios impositivos para quienes quisieran radicarse allí.
Por último, el aumento de la presión impositiva termina provocando un incremento en la informalización de la economía. Las operaciones en negro terminan ganando terreno en contra de la recaudación.
No hay que olvidar que, en el pasado, México tuvo ese problema. También por eso es que el país azteca pasaba de amnistía fiscal en amnistía fiscal, para intentar recuperar algo del dinero que quedaba fuera de la vista del organismo recaudador mexicano.
Si miramos este escenario, es difícil entender cómo una nación que tanto esfuerzo hizo para lograr la formalización, que dejó la mala costumbre de implementar blanqueos impositivos quiera ahora hacer todo lo contrario.
¿Habrá tenido en cuenta Ramírez Cuéllar todo esto a la hora de proponer que México cree un nuevo impuesto disfrazado de “aporte solidario” como ocurrió en nuestro querido país?
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