El impacto económico del COVID-19 obliga a priorizar la protección de ingresos

El principal mensaje para 2021 es que las ayudas estatales son necesarias

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La pandemia de COVID-19 continúa generando efectos adversos en niñas, niños, adolescentes y en sus familias en múltiples dimensiones de su bienestar, especialmente en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

UNICEF ha realizado en los meses de octubre y noviembre la tercera encuesta sobre el impacto del COVID-19, representativa de 6 millones de hogares con niñas y niños. Describe de forma robusta la situación socioeconómica de estos hogares, entre otros aspectos relevantes, y da continuidad y comparabilidad a los relevamientos implementados en abril y julio de 2020.

Si bien hay múltiples aspectos de importancia relevados, uno requiere atención particular. Los efectos de la pandemia han generado cambios en los niveles de actividad económica afectando el empleo y los ingresos de las familias. Más allá de los esfuerzos presupuestarios realizados en políticas de protección de ingresos, el principal canal de transmisión de la pandemia en términos del bienestar de la niñez ha sido los niveles de empleo y los ingresos laborales de los hogares.

Los datos relevados por el estudio muestran que, a noviembre, 2,1 millones de hogares donde residen niñas y niños aún tienen sus ingresos laborales reducidos (41% del total) y que el 10% tiene algún miembro que perdió su empleo, lo que en términos poblacionales representa 1,1 millones de personas. En este contexto, un 20% de los hogares está endeudado para afrontar la compra de alimentos o pagar sus necesidades básicas cotidianas, siendo el peso de la deuda muy significativo para una gran parte de ellos: el 42% de los hogares endeudados definen la deuda como elevada.

Por su parte, para muchos hogares, el poder adquisitivo de las prestaciones recibidas se ha visto reducido. El 89% de los hogares plantea que con la AUH pueden solventar la mitad o menos de la mitad de los gastos requeridos por las niñas y niños, situación compleja teniendo en cuenta que el 88% manifiesta que el destino de estos fondos es la compra de alimentos. Una situación similar, aunque menos severa, ocurre con el poder adquisitivo de la Tarjeta Alimentar. Los efectos combinados de estas situaciones implican que un 28% de los hogares haya tenido que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero, proporción que se mantiene en estos niveles desde el inicio de la pandemia. Finalmente, otro de los efectos asociados es que un 16% de los adolescentes ha manifestado realizar actividades laborales destinadas al mercado (cabe destacar que 46% de ellos no lo hacía antes de la cuarentena). Esto mostraría que, lamentablemente, ante la disminución de ingresos de los hogares, los adolescentes se ven en la necesidad de aportar recursos al hogar.

El esfuerzo realizado por el Estado en la implementación de políticas destinadas a enfrentar los efectos socioeconómicos de la pandemia ha sido significativo. La atención de la emergencia representó una rápida y oportuna respuesta presupuestaria vinculada con políticas sociales con impactos directos o indirectos en la niñez y la adolescencia. La magnitud del refuerzo COVID-19 en el crédito presupuestario en su conjunto, actualizado a finales de septiembre de 2020, asciende a $941.337 millones para todo el año, de los que ya fueron implementados $770.480.

Existe un relativo consenso de que más allá de los datos alarmantes que arrojan este y otros estudios, los efectos de la crisis habrían sido mucho más severos si no se hubiesen implementado estas medidas de protección de los ingresos. Sin embargo, los datos relevados muestran que los hogares donde viven niños y adolescentes son los más afectados, y lo eran también antes de la pandemia.

9 de cada 10 personas afirman que las ayudas son necesarias: este es el principal mensaje para el 2021. El presupuesto nacional aprobado recientemente no contempla asignaciones de emergencia y tiene disminuciones en términos reales en partidas sensibles para la niñez. Con registros alarmantes de pobreza entre los niños y niñas, es momento de priorizar a la niñez y la adolescencia en las políticas públicas y el presupuesto como medio impostergable para contener los efectos de la post pandemia y contribuir especialmente a erradicar la pobreza extrema.

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