Eutanasia en Uruguay: un protocolo que contradice sus fundamentos

El reciente Protocolo de abordaje del deseo de adelantar la muerte (DAM) en pacientes adultos con enfermedades avanzadas, elaborado por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay en junio de 2026, contiene un quiebre operativo bioético. Describe con lucidez el deseo de morir como un fenómeno fluctuante, por lo que resulta difícil conciliar ese diagnóstico con la incorporación de la eutanasia, aun definida como “último recurso”, como una respuesta irreversible dentro del mismo marco.

El protocolo define el “deseo de adelantar la muerte” como un fenómeno reactivo al sufrimiento en el contexto de una enfermedad que amenaza la vida. Advierte que es una experiencia subjetiva, multidimensional, dinámica y dependiente del contexto sociocultural. Y reconoce algo decisivo: puede expresar una decisión firme, pero también un pedido de ayuda, una forma de comunicar un sufrimiento intolerable o un intento de recuperar control frente a una enfermedad que lo ha reducido drásticamente.

Cuando una persona enferma dice “quiero morir”, puede esconder otras demandas como “no quiero este dolor”, “no quiero seguir siendo una carga”, “tengo miedo”, “no puedo soportar esta soledad”. Escuchar verdaderamente no significa necesariamente obedecer la literalidad de las palabras, sino descubrir qué sufrimiento está hablando a través de ellas.

El propio protocolo parece comprenderlo. Afirma que el deseo de adelantar la muerte es dinámico y fluctuante, exige investigar sus causas y reconocer la frecuente ambivalencia del paciente. Reconoce pacientes que desean vivir si disminuye su sufrimiento, otros donde aparece desesperanza, pérdida de sentido y, recién en el extremo, solicitudes de eutanasia. Es decir, el deseo de morir debe comprenderse antes de responderse.

Y cuando el protocolo investiga sus causas, el cuadro se vuelve aún más revelador. Porque habla de dolor físico, ansiedad, depresión, desesperanza, miedo al proceso de morir, sensación de ser una carga, falta de apoyo, alteración del rol familiar, pérdida del sentido de la vida, de la dignidad o del control. Frente a ello, la indicación es categórica: “tratar lo tratable”.

Eso implica controlar síntomas, abordar depresión y ansiedad, facilitar prestaciones sociales, involucrar a la familia cuando el paciente lo acepte, planificar cuidados, adecuar el esfuerzo terapéutico y, ante sufrimiento refractario, considerar la sedación paliativa. Hasta aquí encontramos un modelo clínico razonable: el sufrimiento se interpreta como una realidad multidimensional.

Pero entonces aparece un salto conceptual y clínicamente infundado.

Después de describir el deseo de morir como dinámico, fluctuante, ambivalente y potencialmente modificable, el protocolo incorpora la eutanasia como posibilidad y afirma que constituye “el último recurso legal en un espectro continuo de toma de decisiones al final de la vida”.

Allí está el problema.

Porque la eutanasia no constituye simplemente el último escalón de las intervenciones anteriores. Es un acto de naturaleza distinta. Controlar el dolor, tratar la depresión, asistir socialmente, acompañar espiritualmente, retirar un tratamiento fútil o realizar una sedación paliativa tienen algo esencial en común: la persona que sufre continúa siendo el objeto del cuidado. En la eutanasia, por el contrario, la muerte deja de ser el desenlace de la enfermedad y pasa a convertirse en el medio utilizado para terminar con el sufrimiento mediante la eliminación del paciente.

Esta diferencia es bioética y jurídicamente cardinal. Como sostengo en mi libro Cuidar sin matar, la autonomía, que incluye rechazar tratamientos incluso cuando pueda conducir a su muerte, no equivale a una potestad para redefinir los fines de la medicina ni para imponer a otro un deber de cooperación letal, y más aún existiendo alternativas reales de alivio o sedación.

Retirar un tratamiento desproporcionado permite que la enfermedad siga su curso, a diferencia de la eutanasia que introduce una intervención cuya eficacia es causar la muerte. Puede coincidir el desenlace, pero no la naturaleza moral ni clínica del acto.

Luego, si el protocolo afirma que el deseo de morir es fluctuante y reevaluable, ¿cómo puede justificarse un acto cuya consecuencia, la muerte, es irreversible?

La pregunta cobra todavía más relevancia porque el propio protocolo obliga a investigar factores reversibles, recomendando preguntar si una modificación del dolor, del miedo o de la sensación de ser una carga haría reconsiderar o posponer la decisión. Esto cambia la discusión. La pregunta bioética ya no debería ser ¿tiene derecho la persona a adelantar su muerte obligando a terceros a cooperar letalmente?, sino ¿qué condiciones hicieron que llegara a considerar preferible no existir?

Porque una decisión nunca ocurre en el vacío.

Una persona abandonada, deprimida, empobrecida, dolorida, sola o insuficientemente cuidada puede pedir morir. Pero su solicitud no puede evaluarse del mismo modo que una decisión tomada luego de contar con control del dolor, apoyo psicológico, contención familiar, asistencia social y cuidados paliativos efectivos.

Aquí aparece una cuestión de justicia sanitaria, reconocida por el propio protocolo al exigir cuidados paliativos efectivos. Cuando aliviar el sufrimiento resulta difícil, costoso o institucionalmente insuficiente, la muerte puede transformarse en la respuesta más rápida frente a aquello que el sistema no pudo o no quiso resolver. Entonces una supuesta ampliación de la autonomía encubriría una falla del deber público de cuidado.

En Cuidar sin matar propongo una alternativa entre dos errores simétricos. Uno es la obstinación terapéutica, prolongando artificialmente una agonía irreversible con tratamientos desproporcionados. El otro es convertir la provocación deliberada de la muerte en respuesta sanitaria al sufrimiento. Entre ambos existe un amplio territorio: proporcionalidad terapéutica, deliberación interdisciplinaria, planificación anticipada, adistanasia y cuidados paliativos integrales.

Argentina debería observar con atención la experiencia uruguaya, pero no para copiar su conclusión sino para lo que aparece antes: preguntar, escuchar, detectar depresión, dolor, aislamiento y sensación de ser una carga; distinguir entre desear morir y no querer seguir viviendo de determinada manera; evitar la obstinación terapéutica y garantizar paliativos reales. Y, sobre todo, deberíamos reconocer algo que rara vez se menciona, el derecho de una persona sufriente a que su deseo de morir sea interpretado antes de ser ejecutado.

No se trata de paternalismo. La autonomía exige comprender a la persona completa y no solo registrar una declaración aislada. Requiere información, ausencia de coacción, alternativas reales y condiciones mínimas para decidir. Si alguien pide morir porque se siente una carga, está deprimido, no recibe paliativos o enfrenta solo una enfermedad devastadora, la respuesta ética no puede limitarse a certificar que esa voluntad existe. Antes hay una obligación de cuidado.

El propio protocolo uruguayo lo reconoce cuando afirma que el tratamiento del sufrimiento físico, emocional, social y espiritual debe realizarse antes de interpretar el deseo de adelantar la muerte como solicitud de eutanasia. Quizás allí esté la pregunta que debiera preceder a cualquier pretensión de legislar sobre eutanasia: no solamente si alguien desea morir, sino también qué hicimos, o qué dejamos de hacer, para que haya llegado a desearlo.

Cuando la medicina ya no puede curar, su responsabilidad no termina. Cambia. Debe aliviar, acompañar, limitar tratamientos inútiles, evitar el ensañamiento, sedar cuando corresponda, escuchar y sostener.

Reconocer el límite terapéutico no habilita a apropiarse del poder de concluir la vida. Como sostengo en Cuidar sin matar, el desafío consiste en construir instituciones capaces de discernir cuándo tratar, cuándo limitar, cuándo aliviar y cuándo permitir morir sin provocar ni acelerar la muerte. Una bioética pública capaz de cuidar sin ensañarse, aliviar sin matar, deliberar sin confundir y protocolizar sin deshumanizar.

El verdadero fracaso sanitario no consiste en que una persona enferma llegue a decir que quiere morir. Consiste en que dejemos de preguntarnos qué necesita para querer seguir viviendo.