Esta semana se tratarán en la Cámara de Diputados de la Nación los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocido como el “Plan de los Mil Días”. Más allá de los debates y de las distintas opiniones que puedan existir, hay, sin dudas, un punto de encuentro: nadie quiere que existan los embarazos no deseados ni los abortos. Pero igual de innegable es que, independientemente de los deseos, los abortos ocurren. Todos los días.
La evidencia empírica demuestra que en aquellos países en los que esta práctica se legalizó, los abortos y las muertes maternas como consecuencia de abortos clandestinos e inseguros se han reducido. No hay ningún indicador que permita afirmar que legalizar el aborto aumenta la práctica sino todo lo contrario.
Los dos proyectos que se debaten esta semana deben ser leídos en diálogo entre sí. La decisión del Poder Ejecutivo es clara: que nunca más una mujer o una persona gestante se vea obligada a realizar una práctica abortiva clandestina y a poner en riesgo su vida o su salud; pero, a la vez, que ninguna mujer se vea en la situación de tomar la decisión de abortar en virtud de su estado de vulnerabilidad económica o social.
Estos proyectos se orientan a promover una política pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y otras personas gestantes, sea cual sea su proyecto de vida. Se trata de poder garantizar el acceso y disfrute pleno al nivel más alto de salud que puede brindar el Estado, en condiciones de igualdad para todas, todes y todos.
Tanto el acompañamiento que se plantea en el proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, como la posibilidad de interrumpir de manera voluntaria el embarazo, van en sintonía con lo planteado por la Ley de Educación Sexual Integral y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
La propuesta es un mayor y mejor acceso a servicios de salud que permitan que esos abortos, que hoy existen y que son inseguros y clandestinos, se reduzcan. Se trata de promover el acceso a información efectiva y de calidad sobre los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos y, también, garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y sus hijas, hijes e hijos durante el embarazo y hasta los primeros 3 años de vida.
Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo permite que la mortalidad materna se reduzca, tal y como ha sucedido en Uruguay, que no registra muertes por aborto. También se eliminan los riesgos que implica para la salud de las mujeres y personas gestantes realizarse un aborto en condiciones inseguras.
La experiencia demuestra que con la legalización de la práctica los abortos disminuyen, tal como pasó en la Ciudad de México donde, a partir del año 2013, el número de casos se estabilizó y comenzó a disminuir. Esto sucede porque existe un mayor y mejor acceso a la información, dado que comienza a rodar un círculo virtuoso de atención y prevención, mediante conserjerías, y también a través de métodos anticonceptivos posaborto.
Estos proyectos de ley no promueven los abortos. Su sanción no le impondrá a nadie que lleve adelante una decisión que no sea la propia. Lo que estos proyectos garantizan es un Estado presente y responsable, acompañando la decisión, sea cual fuere, de cada persona gestante.
Es la primera vez en la historia de nuestro país que el Poder Ejecutivo envía un proyecto de interrupción legal del embarazo al Congreso. Cumple así, además, con una promesa que el Presidente hizo durante la campaña electoral y que retomó cuando pronunció su primer discurso ante los legisladores y legisladoras en la apertura de sesiones el 1 de marzo.
Resulta difícil de imaginar haber llegado hasta aquí sin la lucha de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y sin la irrupción de la Marea Verde en el 2018. Por el impulso de esta marea, el aborto dejó de ser un tema tabú y hace dos años la discusión sobre su legalización superó las paredes del Congreso Nacional.
El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo es una prueba irrefutable de que estamos ante un reclamo transversal y extendido. Nos atraviesa como sociedad y demuestra, una vez más, que cuando se trata de ampliar derechos, los consensos obtenidos trascienden la pertenencia partidaria.
Será Ley.
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