Una medida imprudente que contradice el espíritu de la Constitución

La decisión de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires más de 30 mil millones de pesos lesiona gravemente el necesario equilibrio entre los integrantes de nuestra república

El presidente Alberto Fernández
El presidente Alberto Fernández

En medio de esta crisis que atraviesa la república, observamos con asombro que la Casa Rosada decidió el Gobierno le quitará un 1% de la coparticipación a la Ciudad y se la dará al gobernador bonaerense para lo que creó el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal”. Dijo el Presidente: “La Ciudad recibió 2,1% más de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal. Pero advertimos que había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta. Tengo la tranquilidad que nadie puede mostrarse sorprendido”. Tal situación resulta sorprendente, y abona lo que muchos venimos diciendo desde hace años: la dirigencia política está en deuda con el mandato constituyente en lo referente a la Ley de coparticipación federal. La decisión implica, ni más ni menos, darle la espalda al fortalecimiento del federalismo.

Nuestro sistema federal de gobierno se funda en la necesidad de llevar adelante una distribución equitativa y justa de los recursos del Estado nacional, pero el federalismo no se resuelve y define únicamente con la transferencia de competencias, servicios y funciones al Estado autónomo o a una provincia, sino que el federalismo se debe zanjar indefectiblemente con el cumplimiento de la Carta Fundamental.

Más federalismo implica debatir sobre la distribución de fondos que, como dice la Carta Fundamental, “se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. Desde hace un tiempo venimos escuchando las viejas antinomias entre los porteños y el interior. La decisión presidencial no sólo es una maniobra imprudente y torpe desde el punto de vista político, sino que contradice el espíritu de nuestra norma fundamental y lesiona gravemente el necesario equilibrio entre los integrantes de nuestra república.

Nuestra Constitución establece también: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por Ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”. En este sentido, nos debemos preguntar ¿en qué momento el Congreso fue parte de esta discusión? Y podemos redoblar la apuesta: ¿el Gobierno de la Ciudad pudo sentarse en una mesa y dialogar sobre esta cuestión? Las respuestas las deberá dar la dirigencia política, pero no podemos hacernos los distraídos y debemos entender que también el federalismo se define desde el dialogo, el consenso y la búsqueda de lugares comunes. En su sabiduría, la Carta Fundamental establece límites al gobierno central, que no podrá bajo ningún aspecto utilizar los recursos del Estado como herramienta de presión política ni variable para dirimir sus diferencias con otros estamentos de la estructura federal de gobierno, tal como sucedió en nuestra más reciente historia.

El federalismo correctamente interpretado determina un modelo de convivencia como nación que implica además el ejercicio del debate y el consenso como herramienta para la construcción colectiva de un país, con respeto y tolerancia en las diferencias. Por estos valores debemos repudiar los intentos de usar nuestro mayor texto político para solventar imaginarias luchas intestinas, y hacer, definitivamente, del cumplimiento de la letra de nuestra Constitución esa hoja de ruta que nos permita transitar el camino luminoso hacia una Argentina con más igualdad, equilibrada, con mayor desarrollo, y mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos.

El autor es abogado constitucionalista

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