Los presos de Devoto protagonizaron un motín con la excusa del coronavirus (Franco Fafasuli)
Los presos de Devoto protagonizaron un motín con la excusa del coronavirus (Franco Fafasuli)

La justicia nos acaba de mostrar que no todo está perdido. Un juez de instrucción y tres jueces de la cámara penal han tomado una decisión que nos da fuerza para pensar en que la independencia de poderes no es una utopía.

Todo comenzó con una decisión administrativa de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que es el tribunal superior de todos los jueces penales con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires. El 24 de abril pasado y con firma de nueve de sus miembros se pronunció respecto de un pedido que realizara el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), un organismo de derechos humanos presidido por Horacio Verbitsky y funcionarios oficiales por el cual, con motivo de la pandemia actual, requerían se dispusiera la disminución de la población carcelaria por medio de medidas que morigeraran las penas, ya sea con monitoreo o sin él. Como se ve, el pedido atendía a que se dejara en libertad o se mandara a sus casas a los presos, aunque no pudiera ejercerse ningún tipo de control posterior sobre lo que hacían. Al analizar esa petición, el mencionado tribunal acordó recomendar a los magistrados del fuero criminal que extremen los recaudos para contribuir a la más pronta disminución de la cantidad de presos en las cárceles, explicando que debía atenderse prioritariamente a los grupos de riesgo. Al decir prioritariamente, es obvio que no excluía que se procediera de esa forma aunque los reclusos no conformaran esos grupos. Siendo el superior de los jueces penales de la capital es de imaginar la presión que tal decisión ejerce sobre los mismos, habida cuenta que las decisiones que tomen van a terminar siendo revisadas por esa cámara de casación.

Pues bien, una reconocida y respetable institución, como lo es Usina de Justicia, cuya presidenta es Diana Cohen Agrest, interpuso una acción de amparo contra la acordada a que hicimos referencia en el párrafo anterior, pidiendo se declare que la misma es inconstitucional y que, en consecuencia, no sea aplicable por los jueces, en virtud de haber sido violatoria de la ley que protege a las víctimas de delitos y por afectar el principio constitucional de independencia de los magistrados judiciales. Considerándola procedente, el juez de primera instancia que le tocó intervenir -el Dr. Jorge A. de Santo- en una muy fundada resolución, resolvió hacer lugar al amparo y declaró que la acordada 5/2020 era inconstitucional, es decir, no debía ser aplicada.

Ante ello, el CELS apeló dicha resolución, lo que motivó que interviniera la sala 4 de la Cámara Criminal de la Capital, que lisa y llanamente consideró que dicha entidad carece de legitimidad para impugnar la decisión y, en consecuencia, ni siquiera tuvo necesidad de pronunciarse sobre la materia en cuestión, por lo que resulta válido lo decidido por el juez de Santo. Dicha resolución lleva la firma de los doctores Ignacio Rodríguez Varela, Juan Esteban Cicciaro y Alberto Seijas, tres juristas de muy destacada trayectoria judicial.

La ciudadanía advierte en estos días y con gran preocupación la reiterada conducta judicial de producir liberaciones o conceder prisiones domiciliarias masivas de presos, usando la excusa de los riesgos al contagio del virus, como si no pudieran adoptarse las medidas sanitarias en cada unidad para evitar ese inconveniente y dotar al hospital penitenciario de todas las condiciones para el adecuado tratamiento de quien pueda verse afectado. El riesgo de tales excarcelaciones es mayúsculo, habida cuenta de la imposible tarea de control, lo que se viene evidenciando a través de delitos que han cometido quienes acababan de ser enviados a sus casas. La gente prontamente advirtió que gran parte del poder judicial accedía a conceder esas libertades sin importarle las consecuencias de ese accionar y apartándose de la consideración personal de cada caso para proceder a liberaciones masivas. Entonces, para expresar su contrariedad, volcó su molestia e impotencia en las redes, recurrió a cacerolazos y se expresó contundentemente en una reciente encuesta, en que casi la unanimidad de los consultados rechaza enérgicamente esta suelta de presos.

En un momento en que la independencia del poder judicial se ve seriamente cuestionada por la presión que funcionarios oficialistas y de instituciones afines al Gobierno ejercen sobre ellos para hacerlos adoptar resoluciones favorables a sus intereses, debemos resaltar decisiones como las mencionadas y la actuación de magistrados intachables, como el juez de primera instancia y los integrantes de la mencionada cámara criminal, al resolver en una forma absolutamente jurídica y mostrando una verdadera independencia en su decisión, con lo que nos abre una esperanza acerca del rol que deben jugar los jueces. Es de desear que todos los magistrados hagan valer la independencia de los poderes, que es uno de los atributos de la república y que permita devolver a la justicia la confianza que lamentablemente ha perdido en ella gran parte de la sociedad. La gran cantidad de jueces dignos que la componen lo merecen.

El autor es abogado penalista, ex juez nacional en lo Criminal de Instrucción