Entre todas las complejidades para preservar la salud, la economía y el bienestar de los argentinos durante el aislamiento obligatorio a raíz de la emergencia declarada frente a la pandemia del coronavirus, una que no debemos pasar por alto es el elevado riesgo de situaciones de violencia intrafamiliar y de abuso infantil, como ha ocurrido en otros países. Por eso, desde el bloque de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto de ley para impulsar en todo el país una fuerte campaña de concientización y prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar.

Cuando se habla de abuso infantil, nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez existentes, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos, generando profundas secuelas tanto en el corto como en el largo plazo. Muchas veces este tipo de violencia es silenciosa, lo cual se profundiza en un contexto de cuarentena, donde las víctimas tienen escaso contacto con las redes habituales de detección fuera del hogar.

El objetivo del proyecto es redoblar los esfuerzos en la concientización a través de la comunicación masiva en pos de garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.061/05 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dando a conocer las formas de prevención, los primeros signos de abuso, los protocolos de acción en caso de detección del mismo, las redes con las que cuentan los niños, niñas y adolescentes como también quienes sospechen un caso de abuso para pedir ayuda. Es evidente que este proceso de aislamiento es propenso a incrementar el riesgo y los delitos contra los niños y niñas en sus propios hogares, permaneciendo allí más tiempo de lo frecuente, y con menor vinculación de las redes de protección y detección que también ofrecen la escuela y el sistema de salud, así como los organismos tutelares y de defensa. Aquí radica la importancia y urgencia de este proyecto.

La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde donde se arbitrarán los medios necesarios para elaborar políticas en ese sentido y coordinarían las acciones entre los municipios y las provincias. A la vez, la campaña tendría la misma duración que la declaración de la pandemia por el coronavirus COVID -19, la cual podrá ser prorrogada en caso de detectar la necesidad.

El proyecto apunta a la necesidad de generar una campaña que contemple mayor difusión de las herramientas estatales que se encuentran disponibles para prevenir, asesorar y acompañar a la ciudadanía, principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Fue acompañado por Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro, Roxana Reyes, Mercedes Joury, Mariana Stillman, Victoria Morales Gorleri, David Schlereth, Lorena Matzen, Claudia Najul, Dina Rezinovsky, Gonzalo del Cerro, Aída Ayala, Federico Angelini, Jorge Vara Gerardo Cipollini, Lidia Azcárate, Eduardo Cáceres, Gabriela Lena, Jorge Enríquez, Gustavo Hein y Alicia Fregonese.

Acorde a lo relevado por el Protocolo Provincial de Prevención, Detección y Abordaje del Abuso Sexual hacia Niños, Niñas o Adolescentes de la provincia de Buenos Aires, firmado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en el 2019 y que instrumenta la coordinación intersectorial para el abordaje integral y la agilización de protocolos en estos casos, solamente en la provincia de Buenos Aires hubieron 9559 casos declarados de abuso sexual en el 2018, de las cuales el 79,98% fueron mujeres. Considerando que estos datos solamente reflejan los casos que llegan a ser denunciados frente a la Justicia, es razonable asumir que la dimensión de la problemática es ampliamente mayor.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Por su parte, las estadísticas nacionales indican que la mitad de las víctimas viven con los agresores y es el hogar el lugar donde ocurren estos delitos. Asimismo, es relevante resaltar que en el 75% de los casos, el agresor es un familiar o un integrante del grupo familiar. En este contexto, puede ser complejo realizar un llamado telefónico desde un hogar donde habita toda la familia por la cuarentena, sin privacidad.

Por eso solicitamos al Ejecutivo que avance con una campaña de comunicación masiva, llegando a las casas a través de las plataformas educativas, en canales de televisión pública y brindando herramientas novedosas a través de aplicaciones para proteger a todas las niñas y niños de la Argentina. Estar aislados no significa que estemos solos, por eso cobran mayor relevancia las acciones que podamos realizar reforzando la presencia de los organismos del Estado en estas situaciones tan complejas, hablando con voz firme y fuerte de una temática muchas veces silenciada. Por supuesto, este trabajo debe continuar una vez terminada la pandemia, donde las experiencias de los programas de Prevención del Embarazo no Intencional Adolescente (ENIA) y Hablemos de Todo, entre otros, nos pueden servir de anclaje a la hora de trabajar tanto con las instituciones como con las niñas, niños y adolescentes en un esquema de información clara y contención holística.

Si creés que un niño, niña o adolescente es o pudo haber sido víctima de abuso sexual, aunque no seas familiar podés comunicarte a la siguiente línea gratuita y confidencial (cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del país): 0800-222-1717. Si no podés llamar por telefóno, podés mandar un correo a 08002221717@jus.gov.ar al Programa Las Víctimas Contra Las Violencias, llamar al 137 o escribir por Whatsapp al 113133-1000. Otros teléfonos a tener en cuenta son el 911 (emergencias), *144 (mujeres en situación de violencia) o al 102 en la mayoría de las provincias del país.

La autora es diputada nacional por Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires