El insólito mecanismo que propone Amnesty para lograr legalizar el aborto

Sorprende que una organización que proclama haber nacido para defender a los presos de conciencia, quiera que los legisladores argentinos vendan la suya con tal de que el aborto se legalice en el país.

En un artículo firmado por su directora ejecutiva local, Mariela Belski, se evalúa la perspectiva de que el Ejecutivo envíe un proyecto de legalización del aborto y que no tenga los votos para hacerlo aprobar. Y entonces se sugiere: “La estructura federal de la Argentina le facilita al Poder Ejecutivo nacional algunas herramientas para negociar con las provincias y, a través de los gobernadores, con los senadores”.

Belski es abogada y en su CV afirma tener un posgrado en Derecho Constitucional, sin embargo en nombre del federalismo le pide al Presidente que tenga un comportamiento unitario. “Este poder que concentra el Ejecutivo Nacional -escribe- puede facilitar el tratamiento de la ley en el Senado de la Nación” ¿Será la extorsión con los fondos coparticipables una de las “herramientas” a las que alude? ¿Y la división de poderes?

En su nota, la directora de Amnesty también pide reincidir en “estrategias ya utilizadas en el pasado (que) pueden ser fundamentales” en un futuro: “En 2010, dos senadoras oficialistas que estaban en contra (del matrimonio igualitario) debieron partir a una oportuna misión a China que le permitió al Ejecutivo asegurar el triunfo en una ajustada votación en la Cámara Alta”.

“La negociación que diseñe el gobierno federal -insiste Belski- podría ordenar a los legisladores oficialistas díscolos; los más reticentes podrían ausentarse y los más laxos, votar a favor”.

En concreto, la sugerencia es que se falsee la voluntad popular, que en el sistema argentino se expresa a través de sus representantes, como dice la Constitución que la directora de esta ONG debería releer. Belski sabe que el aborto no tiene el respaldo mayoritario de los argentinos; aunque la ola verde sea más ruidosa y tenga la complacencia de Amnesty así como de otras ONG por el estilo, la realidad es que el proyecto fue rechazado siguiendo los mecanismos que prevé el sistema republicano y federal que rige en este país.

Nadie es ingenuo. “Estrategias” como las que propone Belski se han utilizado efectivamente en el pasado y es posible que se las siga usando. Lo insólito es que desde una ONG que supuestamente promueve causas elevadas se las proponga abiertamente como maniobras virtuosas cuando en realidad apuntan a viciar la democracia.

Amnesty fue creada en 1961 por iniciativa de un ciudadano británico, Peter Benenson, que asumió públicamente la defensa de unos estudiantes portugueses encarcelados por brindar por la libertad en su país, entonces bajo dictadura. Benenson acuñó la expresión “presos de conciencia”, en referencia a personas que eran encarceladas por sus convicciones políticas.

Hoy, su directora ejecutiva en Argentina sugiere que los legisladores no voten según sus convicciones sino de acuerdo a la presión que reciban de otro poder.

De hecho, algo así pudo haber pasado en la madrugada del 13 de junio de 2018 en la votación del proyecto del aborto legal en la Cámara de Diputados cuando todos los legisladores de una misma provincia pasaron de una posición contraria a la aprobación de la ley a votar por el sí. Muy posiblemente gracias a una “estrategia” como la que propone Amnesty para quien el fin justifica los medios.

Salvo eso, el debate y la votación del proyecto de ley fueron transparentes y democráticos. En una abrumadora mayoría los legisladores votaron según su conciencia y los bloques no impusieron un pensamiento único en la materia. Hoy, una ONG que nació defendiendo presos que padecían cárcel en dictadura considera que quien defiende sus convicciones y actúa según su conciencia es un “díscolo”. Y que la democracia, la división de poderes, la honestidad intelectual y el respeto a las convicciones son otros tantos obstáculos para imponer un punto de vista que no es mayoritario.

Cabe esperar que el Presidente haga caso omiso de estas sugerencias y que, en caso de insistir con un proyecto ya oportunamente rechazado por el Congreso, respete fidedignamente la independencia de poderes y deje en libertad de conciencia a sus legisladores, sin condicionar su voluntad en un debate que no pone en juego meras ventajas materiales, sino los valores más trascendentes.

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