
Un grupo de presos, desde un pabellón en una cárcel bonaerense, graba en un móvil una posible respuesta a la pregunta sobre cómo será la vida en prisión de los que mataron a Fernando, se viraliza y se convierte en noticia. ¿Pero es así como tratan a un recién llegado?
Quienes ingresan a una cárcel argentina suelen ser recibidos con una “bienvenida” que consiste en la aplicación de golpes de puños y patadas regadas con insultos. No la suelen brindar sus nuevos compañeros de pabellón, sino que la aplica el personal del Servicio Penitenciario: empleados públicos (que pagamos todos) cuya misión es velar por la aplicación de la ley en vez de violarla. Quienes quieran que los detenidos la pasen mal, verdaderamente mal, tienen que saber que eso es lo que sucederá.
Durante años “vivirán” en ámbitos insalubres, con menos camas y colchones que gente para usarlas, donde faltan médicos, maestros, aulas y talleres para aprender y ejercer oficios. Un lugar que obliga a presos y carceleros a conformarse con que nada puede mejorar, y si a pesar de eso, insisten en intentarlo, serán mirados con desconfianza por sus pares, y chocarán con un sistema que se esfuerza para reproducir las conductas que sanciona. En la cárcel se golpea, se apuñala, se roba, se viola, se mata; pero también todo es negociable si se adaptan los actores a un complejo sistema de prebendas, regulado por la amenaza -siempre latente- del uso de la violencia como explicación suficiente y forma de resolver los conflictos. Estos son los códigos que imperan tras los muros de la prisión.
Más de la mitad de los presos seguramente lo volverá a estar, tendremos nuevas víctimas que lamentar y, además, aunque a muchos no les importe, se violan los derechos humanos; y el Estado no tiene autorización para convertirse en delincuente, tampoco en contextos de encierro.
No se puede justificar el comportamiento presente o futuro de presos, ni de carceleros, pero se deben conocer las causas para entender el fracaso de la política penitenciaria y poder diseñar otra, que sirva a los objetivos que ordena la ley, aquellos que aseguran derechos en vez de violentarlos. Derechos fundamentales que cuando el Estado garantiza su acceso integran de manera pacífica, reducen el daño que causa la prisión en el preso, en su familia, en los que allí trabajan y en el conjunto de la sociedad; una sociedad que sabe y padece las consecuencias de tener cárceles que agravan el problema que dicen venir a solucionar.
En la cárcel, el Estado se parece a los asesinos de Fernando. Los problemas se resuelven con violencia, el más fuerte impone su verdad. La alegría de muchos por las penurias que amenazan a los rugbiers de Zárate es consecuencia del fracaso de todos los que gobernaron hasta hoy. Es tiempo de parar con la violencia, también en la prisión.
El autor es diputado de la Ciudad de Buenos Aires y experto en temas carcelarios.
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