A principios del primer gobierno del general Juan Perón, en 1946, los laboratorios farmacéuticos habían generado un desmesurado e injustificado aumento de los precios de los medicamentos, lo cual afectaba claramente la accesibilidad de los mismos para gran parte de la sociedad argentina.

En esos tiempos, la entonces Secretaría de Salud Pública, conducida por el Dr. Ramón Carrillo, impulsó el decreto número 23.394/46, por el cual se creaba la Empresa Medicinal de Estado Argentino (EMESTA) la cual produjo para el Sistema Público y para la venta en las farmacias de todo el país 100 remedios y favoreció el acceso de los medicamentos básicos esenciales, de muy buena calidad, y un 50% y 75% más baratos que los laboratorios privados nacionales y extranjeros.

En los años ’60 Arturo Illia, presidente radical, impulsó en honor a su ministro de Salud Pública, el Dr. Arturo Oñativia, dos leyes que obligaban a los laboratorios a presentar declaraciones juradas indicando los costos de producción y justificando los exorbitantes precios que tenían los medicamentos en las farmacias.

Por otro lado los laboratorios debían limitar la publicidad y reducir la compra de insumos en el exterior. Los laboratorios farmacéuticos extranjeros, en este caso, comenzaron a presionar a través del Club de París, amenazando que dichas leyes harían peligrar la renegociación de la deuda externa argentina. En 1966 el golpe militar de Juan Carlos Onganía derrocó al presidente Illia y al año siguiente las leyes fueron derogadas por el gobierno dictatorial.

El 29 de junio de 2011, durante la presidencia de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, se sancionó la Ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV) que declara, entre otras cosas, el interés nacional en la investigación y la producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, los medicamentos acumularon un aumento de 360,9 % según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Para ilustrar con más claridad el nivel de ganancias de los laboratorios farmacéuticos, un ejemplo: cuando una persona paga en la caja de una farmacia $1.000 por un remedio, ese dinero se reparte de la siguiente manera: $800 para el laboratorio farmacéutico, $50 para la droguería y $150 para la farmacia.

En 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sancionó la ley de producción pública de medicamentos
En 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sancionó la ley de producción pública de medicamentos

Lo poco ético, en mi opinión, es que ese medicamento al laboratorio le costó aproximadamente 80 pesos. El margen de ganancia de los laboratorios privados ronda el 1000 %.

El 8% de descuento otorgado por las cámaras farmacéuticas como apoyo solidario, ¿es aceptable? La respuesta es claramente no. Por dos motivos: porque vienen acumulando en estos últimos años un nivel de ganancias muy por encima del crecimiento de la economía argentina y eso les permitió armarse de un colchón financiero suficiente para un gesto solidario mucho más significativo y justo, y porque siguen los medicamentos siendo inaccesibles para la mayoría de las argentinas y argentinos.

Con este panorama histórico la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV) se transforma en la herramienta más importante para regular los precios de los medicamentos y hacer a los mismos accesibles en forma sostenida y sustentable.

En la Argentina existen 39 laboratorios públicos que dependen de la Nación, de provincias, universidades y de las fuerzas armadas. De estos, solo 12 tienen habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías (ANMAT) y de esta forma no se les permite sacar los productos de las provincias a las rutas nacionales para distribuirse por el país.

Si se pudiera, por ejemplo a través de la Ley de Emergencia Sanitaria u otras fuentes de recursos, poner en valor estos 12 laboratorios con inversión por parte del Estado Nacional en recursos físicos, tecnológicos e insumos y con una coordinación nacional eficiente por parte de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que es el organismo que nuclea y coordina a los laboratorios públicos, se podría organizar la producción de manera estratégica para poder pasar a escalas mayores a las provinciales o municipales.

En los años del gobierno de Macri el presupuesto de la ANLAP no fue adecuado a los niveles de inflación y disminuyó drásticamente.

Pero los laboratorios públicos no solo necesitan dinero, sino también demanda, para poder ser autosustentables. Y esta demanda tiene que venir por parte del Estado. Si los gobiernos continúan comprando mayoritariamente en el mercado privado y no se implementa una campaña de educación para la salud y divulgación médica para toda la población para que demanden en los puntos de compra o distribución los medicamentos más económicos y no los que por medio del marketing que imponen los medios de comunicación, los medicamentos de los laboratorios públicos no van a tener demanda bajo la sospecha de mala calidad, cuando todos sabemos que eso no sería cierto, por lo menos por el solo hecho de ser de producción pública.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, los medicamentos acumularon un aumento de 360,9 %
Durante el gobierno de Mauricio Macri, los medicamentos acumularon un aumento de 360,9 %

El acceso a los medicamentos por parte de la población volvió a ser, durante el gobierno de Macri, más allá de que se tenga o no cobertura social, en uno de los temas más urgentes para resolver.

La importancia de estos laboratorios es que no tienen fines de lucro y por lo tanto no tienen los gastos que implica el marketing y el packaging que, según informes, representarían un 60 % del costo de los medicamentos.

Mientras que los laboratorios privados establecen los precios sugeridos en forma arbitraria, sin regulación por parte del Estado, si bien no es obligatorio, las farmacias los respetan históricamente.

De nuevo, el circuito comercial de un medicamento es: laboratorio=droguería=farmacia.

Sin embargo, el panorama no es tan negro. Hay alternativas y ejemplos que demuestran que se puede tener una relación seria con la industria farmacéutica y tener laboratorios de producción pública de medicamentos y vacunas que garanticen la accesibilidad a los medicamentos por parte de la sociedad.

Los laboratorios estatales además son ideales para fijar los precios de mercado, los llamados “precios testigo”.

Qué bueno sería para todas y todos si en todas las farmacias del país existieran “Medicamentos Cuidados” sin los costos del marketing y el lucro. El camino de la negociación de descuentos o congelamientos de precios circunstanciales no demostró capacidad para detener el poder lucrativo de las industrias farmacéuticas nacional y extranjera.

Finalmente les dejo un ejemplo histórico que confirma lo que se plantea en el artículo: en el año 2009 el Ministerio de Salud de la Nación lanzó una campaña nacional contra la hidatidosis, una de las llamadas enfermedades desantendidas en poblaciones postergadas. Como el chagas es una enfermedades relacionada con la pobreza directa o indirectamente, el Ministerio le solicita a un laboratorio privado extranjero y este le presupuestó 22 pesos el comprimido.

No conforme con el precio se le solicitó otro presupuesto del mismo medicamento y misma forma farmacéutica al PROFARSE (laboratorio estatal de la provincia de Río Negro), que le pasó un precio de $0,22 por comprimido.

¿Qué eran los otros $21,50 de diferencia que pedía el Laboratorio Privado? Pretendía ganar 43 veces más de lo que en verdad costaba producirlo y comercializarlo.

El Laboratorio Público de la Provincia de Santa Fe (Foto: Facebook LIF)
El Laboratorio Público de la Provincia de Santa Fe (Foto: Facebook LIF)

La Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV) tampoco es una idea nueva: las antiguas farmacias hospitalarias producían y aún producen medicamentos y una serie de productos de uso sanitario que no han despertado interés comercial, tal como podemos ver en los antecedentes de la producción de insulina, de sueros antiofídicos o de vacunas que realizan laboratorios públicos como el Instituto Malbrán, la Fiocruz en Río de Janeiro, el Butantán de San Pablo o el Pedro Curie de Cuba.

La colisión de la lógica de las patentes con la soberanía sucede hasta en los países centrales, como ocurrió con el Antrax en Estados Unidos.

Vassallo y Serranes dedican un libro completo a analizar el ilustrativo caso del conflicto entre el gobierno de los Estados Unidos y el laboratorio Roche en la poscrisis inmediata de 2001, cuando el Antrax parecía una posibilidad cierta de guerra bacteriológica y el producto ciprofloxacina (Cipro), fabricado por este laboratorio suizo “formador de precios” era la única opción.

Donato Spaccavento
Donato Spaccavento

El interés de este caso reside en que el gobierno de EE.UU., en plena gestión republicana, al mes del atentado a las Torres Gemelas llegó a la amenaza de usar un recurso legal para tiempos excepcionales y comenzar a fabricar el Cipro como medicamento genérico. Apenas 11 días después, el laboratorio Bayer, que ofrecía vender al por mayor el medicamento a 1,83 dolar por comprimido, aceptó venderlo a US$ 0,75. Se trataba del mismo medicamento que se vendía en las droguerías de EE.UU. a 4,75 dólares y un precio de farmacia de 5 a 7 dólares el comprimido.

Si con un sistema de laboratorios públicos actualizado, moderno y eficiente se puede garantizar el acceso de Medicamentos Básicos Esenciales (MBE) a toda la población tanto la que asiste al sector público o a los otros subsistemas, se podrían definir los precios testigo en el mercado farmacéutico, y se podría promover la investigación, desarrollo y producción de medicamentos huérfanos (Chagas, por ejemplo).

La brecha que existe entre los costos de producción y los precios de venta de los medicamentos es enorme. Esto genera una disputa entre los Estados y las empresas farmacéuticas por la soberanía y por la decisión sobre la vida de las personas. Es indispensable consolidar la producción pública de medicamentos para garantizar el derecho a la salud de las grandes mayorías.

Donato Spaccavento es médico sanitarista, fue ministro de Salud Pública de la CABA