(Foto: Gustavo Gavotti)
(Foto: Gustavo Gavotti)

Las “medidas extraordinarias contra la violencia de género” anunciadas por el Presidente no tienen mucho de novedoso, recortan un problema multidimensional desde una perspectiva criminal y de seguridad, contradiciendo el enfoque integral que establece la Ley de Protección Integral contra Todas las Formas de Violencia hacia las mujeres. El anuncio se organizó en cinco puntos centrales.

Primero: se propone la investigación automática ante la primera denuncia. La necesidad de hacer más de una denuncia o el pedido de ratificación de la denuncia en sede judicial es causada por una práctica burocrática del Estado que no encuentra vínculo con las regulaciones vigentes. Las mujeres ya pueden dirigir sus denuncias directamente a las fiscalías u otras dependencias del Poder Judicial, que tienen la obligación de actuar. Aun cuando fuera una denuncia planteada ante una Comisaría, debe seguir su curso (y no ser archivada como a veces sucede por mala práctica). En todo caso, como en otros temas, las deficiencias en la capacitación puede generar la revictimización de las mujeres, que es un tema preocupante en el que hay que seguir trabajando.

Segundo: se propone que cualquier persona pueda denunciar la violencia y para eso proponen que los delitos sean de acción pública. Hay que distinguir las situaciones de violencia que son delitos de las que no lo son. En los casos en que son delitos, salvo frente a lesiones leves y violencia sexual, en los demás supuestos ya son delitos de acción pública, en los que cualquier persona puede realizar una denuncia. De todas maneras, el punto es que el Estado debe actuar siempre, cualquiera sea la forma en que toma conocimiento de la situación y cualquiera sea la conducta de violencia. Ahora, esa actuación no necesariamente debe ser en el marco de un proceso penal obligando a la mujer a llevar adelante una causa judicial para la cual puede no estar preparada emocional y materialmente. Lo que está detrás de esto es el respeto por la autonomía de las mujeres. Es importante que nos involucremos y acerquemos nuestra asistencia y acompañamiento a una mujer que está atravesando una situación de violencia, pero no necesariamente imponiéndole una denuncia que sin redes y contención, probablemente no pueda sostener.

Tercero: se propone centralizar la información sobre denuncias de violencia. Esta puede ser una medida muy relevante si se hace en tiempo real, es decir, si todos los organismos del Estado comparten bases de datos y facilitan así una actuación articulada. El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) que lleva el Indec tiene esa misión, pero depende que los diversos organismos de las 24 jurisdicciones compartan esa información con posterioridad. Esta propuesta parece una medida superadora y potencialmente útil, aunque de compleja implementación.

Cuarto: se propone la acción concreta desde la primera alerta. Los organismos del Estado ya tienen la obligación de tomarse en serio la primera alerta. Todo contacto de una persona con un organismo estatal (ya sea a nivel nacional, provincial o municipal) frente a la vulneración de los derechos, puede ser una oportunidad única e irrepetible para brindar protección, contención y acompañamiento. A esto hay que agregar que la propuesta de contar con “tutores” para mujeres adultas en situación de violencia resulta llamativa y preocupante. Ellas necesitan políticas sociales para la contención, acompañamiento, patrocinio jurídico, fortalecimiento de su autonomía, inserción laboral. Y no es claro en qué manera una persona “tutora” podría contribuir a esto. La palabra misma sugiere cierta infantilización de las mujeres.

Quinto: contar con fuerzas policiales preparadas. Ya existe la obligación de estas fuerzas así como de los organismos judiciales (y de todos los agentes del Estado en general) de capacitarse y trabajar con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Más allá de fortalecer la obligación prevista en las leyes (incluyendo la implementación de la Ley Micaela), es importante garantizar su cumplimiento y monitorear su adecuada ejecución.

En resumen, los anuncios se enfocan en un recorte de las problemáticas de las violencias, centrado en la seguridad y alejado de la integralidad del abordaje imprescindible para atender las desigualidades estructurales que están detrás de los femicidios. La promoción de un Plan Nacional de Seguridad de Reducción de los Femicidios desconoce el trabajo que el propio Estado viene haciendo y el mandato de la Ley 26.485. Las violencias se cobran las vidas de las mujeres, atraviesan a las familias, derrumban los valores que deseamos para una sociedad verdaderamente igualitaria. No se puede resolver con anuncios aislados de su contexto más complejo.

La autora es directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género