
Este último agosto se cumplieron 25 años de la reforma de nuestra Constitución Nacional, distancia suficiente para hacer un balance y entonces preguntarnos lo siguiente: ¿que ha cambiado, mejorado o empeorado en la institucionalidad y la vida de las personas a partir de la Constitución del 94; o es que todo sigue igual?
Lo primero y más importante es recordar que una Constitución es un pacto sociopolítico en el cual se fijan acuerdos y consensos básicos, especialmente sobre cuestiones organizativas e institucionales. Ese contrato en la historia argentina se celebró en el año 1853.
Ahora bien, no debe asumir el lector moderno que dicho "contrato constitucional" fue el resultado de un café para todos, suscripto a partir de amigables negociaciones de escritorio, pues allí, es decir recorriendo cada párrafo de sus 129 artículos, descubrirá las cicatrices de un pueblo y sus luchas. Es por ello que todo texto constitucional debe ser considerado y entendido siempre como una síntesis temporal (una fotografía) de un dialogo social siempre abierto y en constate transformación.
Lo cierto es que la Constitución argentina es impulsada por la inercia de un sistema de ideas desarrollado durante el siglo XVIII a partir de la revoluciones norteamericana de 1776 y francesa de 1789; es por esto que los constituyentes del 53´ responden al ideario dictado por el racionalismo de la época.
El asunto es que esa matriz ideológica propia del siglo XVIII, ha subsistido en todas y cada una de las reformas que se aplicaron a lo largo de más de 160 años de historia constitucional: estas son las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y la última de ellas acontecida en el año 1994.
Sucede que ese liberalismo primitivo -si bien fue posteriormente atenuado a partir de la incorporación del denominado constitucionalismo social mediante la enmienda del año 1957- fue luego tan solo retocado con el reconocimiento de nuevos derechos, garantías e institutos mediante la reforma del año 1994, pues lo cierto es que dicha reforma –y esto es lo importante- mantuvo intacto el viejo sistema de poder, generándose tal asimetría entre los nuevos derechos y la tradicional organización política que finalmente funcionó como un boomerang contra la propia efectividad de todos estos nuevos derechos agregados. Algo así como remplazar el sulqui por un coche, pero que sigue movido por los cansados caballos de siempre.
Por ello es que considero que la reforma del año 1994 inició la etapa que denomino "constitucionalismo contradictorio", en tanto dicha reforma efectivamente modernizó y amplió una parte de la Constitución pero dejó intacta la otra mitad, acentuando así una contradicción interna de nuestro sistema constitucional tan fuerte, que ahora propone dos modelos diferentes de democracia: una de tipo conservadora con estructuras de poder altamente concentradas, tributarias del siglo XIX y con pocas posibilidades reales de intervención popular en la gobernabilidad; y otra más abierta que ofrece a la ciudadanía algunos nuevos derechos e institutos más acordes al siglo XXI.
Esta tensión (o doble juego) explica, en gran medida, por qué razón le cuesta tanto al sistema constitucional argentino cumplir con aquello que el mismo proclama, o sea, explica el problema de legitimidad.
En otras palabras: la reforma del 94 no solo no adecuó el antiguo esquema de poder al nuevo catálogo de derechos y garantías, sino que por el contrario mantuvo lo peor de la vieja maquinaria decimonónica.
En conclusión, la reforma constitucional de 1994 conservó una organización del poder concentrada que en pleno siglo XXI sigue respondiendo a ideas, estructuras, necesidades y desafíos propios del siglo XIX.
El autor es doctor en Ciencias Jurídicas y Especialista en Constitucionalismo. Profesor Adjunto Regular, derecho constitucional, UBA. Titular de la Cátedra de derecho político, USI-Placido Marín
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