El juicio por YPF nos recuerda que la fiesta populista nunca es gratis

En este último tiempo han tomado estado público los reclamos de empresas y bonistas ante el CIADI, institución mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, además de las causas en los estrados judiciales de Nueva York, donde, entre otras, se demanda a la Argentina por la estatización de YPF, Aerolíneas Argentinas, la reestatización de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el pago del cupón PBI y bonistas que quedaron fuera del acuerdo con los holdouts. Sumando los reclamos pendientes, los argentinos aún enfrentamos juicios de empresas y bonistas por 5300 millones de dólares, y ya se pagaron a empresas y bonistas sentencias por 25 mil millones de dólares.

El populismo tiene una de sus bases en la irresponsabilidad de la clase dirigente, en donde se exacerban sentimientos por sobre la racionalidad, se promueve una especie de "peste emocional" al decir del psiquiatra Wilhelm Reich, y se invita a la ciudadanía a una "fiesta" patriótica de la cual, después, nadie se hace cargo de los costos.

Fue una fiesta cuando nuestros legisladores aplaudieron de pie al declararse el default ante la asamblea legislativa en el año 2002, también se instaló una épica alrededor de la recuperación de "nuestra línea de bandera" (Aerolíneas) o sobre la expropiación de YPF, donde el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo eufórico: ""No solo no le vamos a pagar nada a Repsol, sino que ellos nos van a tener que pagar 10 mil millones de dólares por daños ambientales".

Unos días después de anunciar con bombos y platillos el plan para quedarse con la petrolera, Kicillof se presentó ante el Congreso y afirmó que no se pagaría ninguna indemnización a Repsol. Al final del camino, esa "fiesta" nacional y popular nos costó a todos los argentinos 5 mil millones de dólares para alegría de Antonio Brufau y el directorio de la multinacional española.

Bajo esta óptica no se considera que los funcionarios deban tener consecuencias y rendir cuentas por sus decisiones, en efecto, los méritos, la oportunidad o la conveniencia, se sostienen bajo el concepto de "interés general". Así, bajo este argumento, el ejercicio de sus poderes pareciera que no conlleva responsabilidad alguna, y con base en una simple manifestación desde el romanticismo y con arengas altisonantes genera en los administrados un cargo o sacrificio especial.

El constitucionalista Carlos Colautti nos enseñaba: "Sostener que el Estado es irresponsable implicaría hoy lesionar principios básicos de nuestro sistema de derecho y sobre todo aquel que es fundamento de todo el constitucionalismo: el principio de igualdad". En tal sentido, los funcionarios deben ser responsables de sus actos. Pareciera que la "tribuna" les genera un manto de impunidad para llevar a cabo políticas que afectan a todos los ciudadanos y no generan consecuencia alguna para ellos.

En la actualidad, y en pleno proceso electoral, debería ser indispensable debatir sobre estas cuestiones, entre aquellos que piensan que debe haber una rendición de cuentas de las decisiones tomadas desde el Estado y de otros actores que, bajo la inmunidad del populismo, nos invitan a volver a una fiesta que lo único que produce es mayor pobreza y más desigualdad, alejándonos del mundo y llevándonos a vivir al margen de la ley.

En definitiva, necesitamos más seguridad jurídica y esta va de la mano de la responsabilidad del Estado, sus gobernantes y funcionarios circunstanciales, que deben ejercer el poder con responsabilidad, para lo cual también deberían existir consecuencias por su mal accionar, aplicando el concepto de mala praxis, que pareciera que solo se ajusta a las profesiones liberales como la medicina. Un verdadero Estado constitucional y convencional de derecho debe ser aquel donde la responsabilidad de sus funcionarios y dirigentes políticos por sus acciones u omisiones sea real, esto nos dará una verdadera seguridad jurídica tantas veces reclamada por varios sectores, así como declamada por nuestra dirigencia.

El autor es abogado. Docente de grado y posgrado de la UBA.