El ejército rebelde participó protagónicamente en los cambios políticos y sociales que ocurrieron en Cuba a partir del 1º de enero de 1959, y cumplió un rol único e importante en la aplicación de la justicia revolucionaria, puesto que solo los efectivos más fieles de ese cuerpo eran confiables para una labor que consistía en manejar con toda firmeza la legalidad castrista que los hermanos Castro estaban imponiendo en la isla.
Por demás, no faltaron profesionales del derecho incondicionales al proyecto que inexplicablemente fungieron como jueces y fiscales, a pesar de que estaban aplicando una justicia con apellido, sin vendas, que de hecho invalidaba su imparcialidad.
Los tribunales revolucionarios fueron tribunales de excepción que organizó el régimen con el objetivo de juzgar sumariamente a los acusados de cometer crímenes en la defensa del régimen de Fulgencio Batista; no obstante la parcialidad mostrada por estos funcionarios en los procesos judiciales, determinó que la jerarquía gubernamental decidiera seguir usando esos mismos tribunales para juzgar cualquier transgresión de la ley, particularmente en las que estuviera involucrada un delito de carácter político.
Si los jueces y la fiscalía eran incondicionales del poder, los abogados que defendían a los inculpados eran severamente amenazados por el Tribunal y el fiscal, si estos entendían que el defensor estaba atacando de alguna manera a la Revolución. Los abusos contra los abogados fueron tan grandes que muchos rechazaban defender a un acusado por contrarrevolución, razón por la cual es válido recordar con gran respeto, entre otros letrados, a Luis Fernández Caubí y Fidel González, quienes arriesgaron su libertad por defender a los que la dictadura victimizaba. Nunca callaron ante los insultos y ataques de los esbirros que funcionaban como jueces.
No obstante, lo más inadmisible era que, cuando no había abogado dispuesto para la defensa, tal y como ocurre en una sociedad de derecho, le designaban al acusado un abogado de oficio que iba al Tribunal a cumplir con su deber vestido con el uniforme del ejército rebelde. Estos individuos, también la mayoría de los que cobraban por la defensa, concluían su alegato pidiendo misericordia a la Revolución, elogiando lo justo que eran los tribunales y obviando defender al acusado.
Los tribunales sesionaban en cualquier lugar. Un parque, una escuela o una fábrica. También en las oficinas de la policía política, como era el caso de Santa Clara, donde los acusados podían ser sentenciados a muerte sin ir a juicio. Mariano Soriano se enteró de que iba a ser ejecutado horas antes de su muerte, sería mediodía cuando un esbirro lo llamó a la puerta de la galera y le preguntó: "En caso de que te ocurra algo, ¿a quién le entregamos tus pertenencias?". Héctor Caraballo y Ramón Alfonso López fueron testigos de esa maldad extrema.
Las apelaciones eran resueltas por los mismos jueces que habían juzgado en la instancia precedente. La defensa era informada de las acusaciones minutos antes de que se iniciara el juicio, las fechas de los juicios no se comunican a las partes con anticipación, muchos juicios se celebraban a altas horas de la noche, particularmente aquellos que incluían penas de muerte. Los testigos de la defensa eran amenazados con ser procesados y juzgados, y si un testigo de cargo intentaba suavizar sus declaraciones o justificar los actos del encartado, era vituperado por la fiscalía y podía ir a prisión.
Los Tribunales Revolucionarios funcionaron en todos los municipios y las provincias, fueron el instrumento idóneo que usó el castrismo para el diseminar el terror en toda la sociedad. El miedo circuló por toda la nación cubana e hizo presa de la mayoría de sus ciudadanos. Todos aprendimos que en el país no había justicia y que los tribunales acataban las instrucciones de sus soberanos.
Los que integraron los tribunales revolucionarios tienen una gran deuda con la nación cubana, ellos acataron la enseñanza de Ernesto Guevara: "No demoren las causas, estamos en Revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son secundarias, hay que procesar por convicción".
Los jueces y fiscales llevan 60 años aplicando en Cuba el concepto guevarista de la Justicia. Todos son culpables de tanta vesania.
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