(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

Que el ex vicecanciller Andrés Cisneros haya recurrido a una frase del historiador oficial británico Lawrence Freedman para legitimar una posición en la cuestión Malvinas, en una columna recientemente publicada por Infobae en respuesta a un texto escrito por mí para el mismo medio es, cuanto menos, llamativo. "Lo que siempre ha sido el caso con las Falklands (sic) es que el derecho ha importado mucho menos que el poder y la determinación a la hora de decidir su propiedad", razonó el británico. Para nosotros, lo que demuestra cabalmente esa frase es la prepotencia colonial británica y su desapego por las normas internacionales.

La cuestión Malvinas es definida internacionalmente como la disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina por las islas Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Como tal, se trata de una cuestión jurídica y justiciable, no de una disputa política.

La posición argentina está fundada en sólidos argumentos jurídicos y a su vez desconoce que el Reino Unido tenga títulos sobre los territorios en cuestión. Quitar el eje de la cuestión jurídica para llevarlo al ámbito de lo político o de lo práctico ha sido la posición que el Reino Unido ha mantenido históricamente dada la debilidad jurídica de su posición.

Como ya lo sostuvo el propio embajador británico en la Argentina en 1928: "En cuanto a las islas Malvinas, siempre he considerado (…) que nuestra reivindicación de las islas era muy débil. En realidad, se basa en la fuerza y nada más".

La controversial figura del denominado "paraguas de soberanía", que, como bien indica Cisneros, tuvo como modelo el artículo IV del Tratado Antártico de 1959, no fue una novedad del gobierno de Carlos Menem. Su primera invocación en relación con la cuestión Malvinas tuvo como génesis un gobierno de facto, el del general Alejandro A. Lanusse, que utilizó esa cláusula en el acuerdo de comunicaciones de 1971. La diferencia sustancial con la aplicación posterior del paraguas de soberanía es que aquella vez nunca se quitó la cuestión de la soberanía de la mesa. Esta figura hay que analizarla en el contexto para la cual fue pensada: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas después de un conflicto armado.

Ahora bien, el problema del paraguas de soberanía no es su existencia per se, sino que su invocación al cabo de tres décadas ha generado un congelamiento indefinido de las negociaciones bilaterales por la soberanía que han favorecido a Gran Bretaña para iniciar su avance en la exploración y la explotación de los recursos naturales en y alrededor de los espacios en disputa.

Lo que hay que preguntarse aquí es si mantener una figura que en la práctica solo resuelve todos los problemas de la contraparte británica, sin ningún beneficio sustancial para nuestro país (como en el pasado), romperá la recalcitrante intransigencia británica. Los hechos, hasta ahora, demuestran que no.

Mejorar las relaciones comerciales, culturales y de otra índole con el Reino Unido y los habitantes de las islas son un punto importante. Pero ello debe ser compatible con el objetivo central e irrenunciable de recuperar el ejercicio de la soberanía de las islas Malvinas.

Si bien es cierto que desde 1990 se acordaron mecanismos para la cooperación en materia pesquera, no es correcto afirmar que esto haya generado que "parte de la pesca quedara para nosotros y menor parte para ellos", como alega Cisneros.

Nunca se acordaron medidas bajo fórmula alguna que permitiese actividades referidas a la administración conjunta de los recursos pesqueros de los espacios marítimos circundantes de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, debido a que la Argentina no reconocía ni reconoce al Reino Unido como Estado ribereño del Atlántico Sur.

Un acuerdo similar se había intentado alcanzar sobre recursos hidrocarburíferos. Según la interpretación del gobierno de aquella época, a través de ese acuerdo Gran Bretaña habría aceptado que la Argentina cobrase regalías, al igual que el Reino Unido.

Esa interpretación fue inmediatamente refutada por el Reino Unido al día siguiente de la adopción de la declaración, diciendo que no iban a permitir que la Argentina recibiese regalías. Ese acuerdo, contrario a los intereses nacionales, fue correctamente denunciado por la Argentina por el ex presidente Néstor Kirchner.

Su gobierno también suspendió los acuerdos en materia de cooperación pesquera justamente por la adopción sistemática de medidas unilaterales por parte del gobierno británico, contrarias a las resoluciones de Naciones Unidas, y que fueron desvirtuando los objetivos y propósitos originales.

Esas medidas unilaterales hoy continúan vigentes, siguen siendo tan lesivas como en el momento de su suspensión e, incomprensiblemente, se han reanudado.

La propuesta del ex vicecanciller de esperar a que la Argentina, en algún futuro, incierto, se transforme en un jugador de peso en el mundo y seduzca al Reino Unido a negociar la disputa de soberanía no se condice con los hechos históricos, ni de nuestro país, ni de otras naciones.

A fines del siglo XIX, cuando la Argentina tenía una de las primeras economías y era un jugador de peso mundial, ofreció resolver la cuestión de la disputa de soberanía al Reino Unido cuatro veces, por medio de arbitraje internacional. Así y todo, el Reino Unido no modificó ni un ápice su conducta intransigente. En cambio, hoy China, la segunda economía mundial, no puede doblegar la intransigencia de Taiwán para resolver su controversia.

Sin dudas, la propuesta de esperar a que las cosas cambien en algún futuro es cómoda, porque traslada la responsabilidad de su resolución hacia las generaciones futuras, pero por la misma razón está cargada de una gran irresponsabilidad. Una política responsable es hacer frente a los problemas buscando soluciones, no dejándolos para un futuro incierto. Mejorar las relaciones con el Reino Unido es positivo, pero no acerca por sí solo la solución de la disputa.

Convivir con la disputa es una opción. Negarla, como el Reino Unido, también. Lo que hay que perseguir es la solución de esa disputa. Así lo hacen los Estados que confían en su posición jurídica y en la justeza de sus reclamos.

Timor Oriental, un pequeño Estado de Oceanía que vio su independencia recién en 2002, obligó a Australia, una potencia regional, a negociar en los términos de la Convención del Derecho del Mar a delimitar la plataforma continental entre ambos.

La República de Mauricio, que tiene una controversia con el Reino Unido comparable a Malvinas (el archipiélago de Chagos), buscó y obtuvo una opinión consultiva ampliamente favorable de la Corte de La Haya, ratificada con 116 votos favorables y solo 5 negativos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Concuerdo con el ex vicecanciller en que cada argentino tiene derecho a pensar distinto. Sin embargo, respecto a la cuestión Malvinas, la disputa más antigua e importante de nuestro país, no nos podemos seguir dando el lujo de continuar fluctuando de un extremo al otro de las posiciones y facilitar este statu quo.

Es momento de romper la inercia y de pensar nuevas estrategias para avanzar en la solución de la disputa. Es necesario que la cuestión Malvinas sea definitivamente una política de Estado, no solo en lo discursivo, y que forje un consenso nacional por encima de coyunturas electorales.

El autor es secretario de Estado para la cuestión Malvinas de la provincia de Tierra de Fuego.