Consensos y continuidad de políticas: las claves para superar las recurrentes crisis de la Argentina

En lo que va de este 2019, todas las especulaciones giraron en torno a la recesión y después a los rumores sobre el fin de la crisis, pero sin certezas. En el último mes, la presión recayó en la política, en las alianzas, rupturas, imposibilidades, incompatibilidades y posibles derivaciones en la conformación del nuevo gobierno o de la continuidad corregida de la actual gestión.

No se habló de economía, de los temas pendientes a resolver, de los conflictos de arrastre y de los que tendrá que resolver la nueva gestión. Fue, en el ínterin, una economía con espasmos. Promete seguir siéndolo. ¿Qué pasaba con el riesgo país o las acechanzas en torno al dólar? ¿Cuántas eran las empresas importantes e históricas que se acogían al régimen de crisis porque la realidad las había sobrepasado? Todo salto del dólar complicaría el antiguo tema de la deuda pública y llevaría a un aumento de la inflación y la recesión en todos los rubros de la producción y la alimentación.

Quien tenga más de 40 años sabe que en las últimas décadas, lo único que permaneció intacto en la Argentina fue la volatilidad económica, el tránsito por la montaña rusa, de la mejora a la contracción. Según estudios privados, desde 1950 (al terminar el primer mandato de Perón) el 35 por ciento del tiempo fue dañado por la recesión y por la superposición de planes disímiles para dominarla. No hubo una continuidad política ni de políticas públicas que encararan soluciones.

Cada determinado tiempo todo cae y luego el país levanta cabeza, pero sin analizar los orígenes del drama. Lo más importante, quizás, de esos estudios, es que un argentino de 30 años de edad transitó 40 por ciento de su vida en recesión y otro de 20, la mitad de su vida en esa condición.

Esto explica muchas cosas, como el incremento de la pobreza, el achicamiento industrial, la ausencia de empleos en blanco, la pérdida de emprendimientos y de pequeñas y medianas empresas y el éxodo de científicos y de jóvenes argentinos en búsqueda de mejores perspectivas. La clase media reducida por la recesión es la que más padece el drenaje. Cada familia tiene un hijo o un sobrino en búsqueda de nuevos horizontes.

Según un informe de Ecolatina, lo primero que deberá hacer el próximo Gobierno es atenuar los malos presagios sobre el repago de la deuda pública. Argentina tendrá que enfrentar 52.000 millones de dólares entre 2021 y 2023 y hay economistas que aseguran que el país no podrá conseguir fondos con facilidad.

En definitiva, habrá que renegociar con el Fondo Monetario Internacional desde un Gobierno que conceda al organismo cambios en el mercado de trabajo y en las jubilaciones, y que tenga el respaldo del Parlamento para tomar esas medidas. Quizás si se obtiene todo ese paquete el FMI puede dilatar en el tiempo sus exigencias.

De manera explícita hay varios estratos políticos continentales que desean, para que todo eso se concrete, como el círculo de funcionarios que rodea a Donald Trump. Así se explica la visita reciente a Buenos Aires de los presidentes de Colombia y Brasil, políticos enfrentados a todo intento de populismo en el poder. Temen el resurgimiento de la demagogia y el mal manejo de las finanzas que sólo se utilizan para conseguir votos.

En todo 2019, los políticos sólo hablaron de quién ocuparía determinados cargos, pero hubo silencio de radio frente a los avatares de la economía de la vida real. Entre sueldos, jubilaciones, pensiones y planes sociales, 21 millones de personas dependen de un Estado frágil en sus finanzas que sólo intenta imponer un brutal régimen tributario para conseguir, en parte, esos fondos.

Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, de los 3,6 millones de empleos públicos totales, el 20 por ciento corresponde al Estado Nacional, el 64 por ciento a las provincias y el 16 por ciento a los municipios. Entre enero de 2012 y febrero de 2017, el empleo en esa categoría aumentó un 23 por ciento. Por lo tanto se incorporaron 576.000 empleados y trabajadores. En el último año el rubro creció un 0,9 por ciento, es decir 31.000 puestos nuevos.

El Estado hace frente también las necesidades de 15 millones de personas entre jubilados y pensionados (un poco menos de 6 millones), pensiones no contributivas, el área de asignaciones familiares (4 millones) y otros ítems. A pesar de todo, los niveles de pobreza y de indigencia crecen, como se vio.

Los grandes problemas del país no tienen posibilidad de arreglarse sin consenso entre los sectores y continuidad en la aplicación de determinadas políticas y modernas gestiones.

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