En Argentina vive el 20% de la población mundial con Chagas

Julieta Izcurdia

En el mundo se estima que hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas con el parásito que causa el Chagas y más de un millón y medio de ellas viven en Argentina, cifra que representa el 20% de la población con Chagas del planeta. En nuestro país, todos los días corren riesgo de infectarse 7 millones de personas, son las niñas y niños quienes se encuentran en mayor riesgo de contraer la enfermedad, tanto por vía vectorial como por transmisión materna. A pesar de ser la principal endemia del país, de existir dos leyes nacionales, así como obligaciones internacionales reforzadas por tratarse de una enfermedad endémica desatendida, las falencias que presentan las políticas públicas destinadas a controlarla la convierten en una grave problemática de derechos humanos que afecta principalmente a las personas más pobres del país.

Las diferentes agencias internacionales que promueven la salud y la Secretaría de Salud de la Nación coinciden en las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad: implementar políticas públicas centradas en la detección y garantizar el tratamiento temprano de la transmisión congénita, así como el control de la vinchuca para reducir la transmisión vectorial.

Los objetivos y las estrategias para controlar el Chagas han sido delineados hace ya tiempo, son claros y concretos. Para alcanzarlos, se requiere la implementación de políticas públicas adecuadas que incluyan la producción de estadísticas que posibiliten un diseño adecuado; la vigilancia epidemiológica y el rociado químico en todas las zonas de riesgo; la realización de análisis serológicos a personas embarazadas, y a niñas y niños; la atención oportuna y apropiada a la salud y sus determinantes (como la vivienda) de las personas afectadas; y el fortalecimiento de las actividades de capacitación de los equipos de salud provinciales, de autoridades y de otras áreas relacionadas con la temática.

Pese a que en Argentina el estudio para detectar la enfermedad en personas embarazadas es obligatorio, no siempre se cumple. Por falta de seguimiento y ausencia de controles, un importante sector de la población con Chagas no se diagnostica ni recibe tratamiento oportuno: más de 1300 niñas y niños nacen con la infección y menos del 50% son diagnosticados. De esta forma, se pierden oportunidades fundamentales para brindar tratamientos adecuados que posiblemente permitan la cura. El Chagas puede no dar síntomas tempranos pero a largo plazo lo hace —muchas veces— con complicaciones cardíacas irreversibles. Por eso es tan importante el diagnóstico y el tratamiento en la infancia, etapa en la cual los resultados son más efectivos.

Tampoco se ejecutan todas las actividades programadas de rociado y vigilancia de viviendas (hay subejecuciones del 80% y el 95%), siendo las principales acciones para frenar el avance de la enfermedad en zonas endémicas, a pesar de que el Estado se propuso alcanzar, en el año 2016, la interrupción de la transmisión vectorial en todas las provincias. Es evidente que las políticas en este sentido no han sido suficientes para cumplir la meta, ya que la interrupción se ha certificado en solo 9 de las 19 provincias consideradas endémicas.

Las falencias en la implementación de medidas tendientes a controlar la enfermedad se corresponden con la falta de recursos presupuestarios. Desde el año 2015, se observa una disminución gradual del presupuesto y subejecuciones de los fondos disponibles. La situación para el 2018 empeoró y se profundizó en 2019: las actividades del presupuesto aprobado evidencian una disminución considerable en la cantidad de viviendas a rociar y de personas a quienes se les realizarán estudios serológicos. Para este año, se proyecta rociar solo 45 mil viviendas y realizar estudios a 480 mil personas. En los años anteriores, estas cifras alcanzaban a más del triple de viviendas y 710 mil personas.

A todo lo anterior se suma la ausencia de una base de datos única y de registro de la información en las diferentes provincias sobre controles de personas gestantes y recién nacidas, lo que impide diagnósticos integrales, precisos y oportunos que permitan adoptar las decisiones más adecuadas para controlar la enfermedad.

Las anteriores son algunas de las múltiples falencias en la implementación de políticas públicas tendientes a controlar esta problemática. Es esencial la asignación de recursos para cumplir con las obligaciones asumidas por Argentina en materia de derecho a la salud y controlar una enfermedad que, sin compromiso político, continuará siendo desatendida.

La autora es abogada del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ.

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