Es momento de que el Senado proteja a los apátridas

En el mundo existen personas a las que no se les reconoce ninguna nacionalidad, personas apátridas. Esto significa principalmente que una barrera invisible los separa del pleno goce de una innumerable cantidad de derechos esenciales.

La apatridia no es una cuestión menor, se calcula que afecta a más de diez millones de personas alrededor del mundo. Una persona puede nacer apátrida o sobrevenir apátrida en cualquier momento de su vida, producto de la discriminación y vacíos en las leyes de nacionalidad, la falta de registro de nacimiento o enormes obstáculos administrativos. A su vez, muchas veces sucede que aquel que nace o deviene apátrida le transmite la condición a sus hijos, y estos a la generación próxima.

Es importante entender que sin una identificación legal no tenemos acceso a educación, a la salud, al matrimonio ni a oportunidades laborales. Los apátridas no gozan de los derechos humanos básicos que muchos damos por sentado.

Esto que parece una historia de película o de otra época es una tragedia actual que debemos erradicar. La crisis humanitaria en Venezuela está incrementando los casos de niños apátridas. Sucede que, por la falta de acceso a la salud, muchas mujeres embarazadas viajan a Colombia para dar a luz. En Colombia la nacionalidad se puede obtener en dos casos: por nacimiento, cuando alguno de los padres es colombiano o si, siendo extranjero, se tiene domicilio permanente en Colombia, o bien, por nacionalización. Pero ninguno de los casos se da cuando se trata de hijos de venezolanos con estatus migratorio irregular en Colombia. Frente a esto, los niños no pueden ser inscritos y carecen de nacionalidad.

Otro ejemplo es el de República Dominicana. En el año 2013, el Tribunal Constitucional decidió quitarles la nacionalidad a todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano entre 1929 y 2010. Esto provocó la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano, que todavía no ha sido saldada. Ello afecta principalmente a la comunidad haitiana que migra a su país vecino en la isla.

En Argentina, desde hace 57 años asumimos nuestro compromiso con los apátridas en el mundo. Nuestro país adhirió a los dos instrumentos que regulan esta condición en el sistema internacional: la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, en 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, en 1961, pero nunca tuvo una norma local que instrumentara el procedimiento de regularización.

El mundo abordó con responsabilidad esta deuda pendiente y organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a nivel internacional, y la Dirección de Migraciones y la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) en Argentina han asumido la tarea de fomentar la creación de un marco normativo para suplir estas falencias.

Es por ello que el 5 de diciembre del año pasado, en período extraordinario, dimos media sanción al proyecto que presenté para establecer un régimen de reconocimiento y protección de las personas apátridas que se encuentren en el territorio nacional. En esa oportunidad, el Senado tuvo su oportunidad de tratar el proyecto, pero decidió posponerlo.

Es ahora el momento de que ese debate se habilite nuevamente y es hora de que el Senado se comprometa con ampliar derechos ciudadanos en la aldea global. De esta manera se establecerá un procedimiento claro y transparente que les asegurará a las personas apátridas el disfrute más amplio de sus derechos. Con esta ley podremos brindar protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización para las personas apátridas y mejorar el acceso a la nacionalidad como solución definitiva.

La autora es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (UCR-Cambiemos). Autora del proyecto de ley de protección y reconocimiento de las personas apátridas.