El ajuste profundiza las desigualdades en la Ciudad de Buenos Aires

La efectividad en el goce de todos los derechos humanos para todos en la Ciudad se ve fuertemente empañada por las desigualdades que ya eran patentes en 1996, cuando redactamos nuestra Constitución local, y hoy están agudizadas. Más allá de las diferencias estructurales en el acceso a bienes y servicios de la Ciudad y a las posibilidades de participar en sus decisiones, restringidas por condiciones de género, etarias, por discapacidad, por lugar de nacimiento o barrio, resulta alarmante —tomando cifras 2018 del propio GCBA— la existencia de 639 mil personas pobres, 120 mil más que un año atrás. Equivale al 20,9% de sus habitantes. Es porque no acceden a la canasta básica familiar que llegó en diciembre de 2018 a 24.865,43 pesos. Así, entre indigentes, pobres, en situación vulnerable y clase media frágil, hay 1.178.000 personas, el 38,5% del total de nuestra población en CABA.

Si bien hay normas constitucionales incumplidas por los tres Poderes de la Ciudad, es una constante omisión de las políticas públicas del GCBA que debe garantizar los derechos a todos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, en igualdad real de oportunidades y trato.

En general, no faltan las normas, aunque muchas veces se las incumple (como las reiteradas leyes de urbanizaciones sistemáticamente incumplidas) y otras no se las reglamenta o se las reglamenta de manera restringida. A veces la falta de normas redunda en graves privaciones de derechos (falta ley sobre política habitacional efectiva para personas en situación de calle, en lugar de discontinuados regímenes para la emergencia) o en detrimento de la calidad de vida (falta de un Código Ambiental).

No se trata de falta institucionalidad ni de falta de personal capacitado. A lo largo de más de 20 años se han creado infinita cantidad de áreas y programas, pero su eficacia es discontinua. Los derechos sociales deben reflejarse en el presupuesto. El incumplimiento del GCBA con el presupuesto participativo dificulta dar seguimiento como sociedad civil a su gestión presupuestaria y hacer propuestas.

Pese a que el Gobierno porteño continúa endeudándonos, los presupuestos en salud, educación y vivienda siguen deteriorándose. Según datos del CEyS CABA, el presupuesto total destinado a educación cayó más de un 10% durante la última década: para 2017 representó apenas un 18,26 por ciento. En materia de salud, hay un progresivo deterioro del presupuesto para sistema público (hasta el año 2007, siempre rondaba el 25% del total, en 2017 solo alcanzó el 17%).

El relevamiento de la UBA muestra que en el año 2017 el gasto educativo bajó un 15% en términos reales, teniendo en cuenta el índice de inflación del propio GCBA. El principal recorte es en educación de nivel inicial, donde sigue el problema de vacantes y crece la gestión privada en las comunas del norte. También resulta alarmante la discriminación según el sector socioeconómico, a través del uso como sustituto de los Centros de Primera Infancia (CPI) —instituciones asistenciales no computadas como unidades educativas, gestionadas por organizaciones sociales—, lo que viola nuestra Constitución local, que garantiza universalización de la educación desde los 45 días. Los gastos en infraestructura escolar y en salud también descendieron en términos reales. Indigna si se compara con gastos de publicidad.

En los programas habitacionales hubo un proceso de recorte continuo durante la gestión de Macri-Larreta (2007-hasta la actualidad), cuando el porcentaje de participación del presupuesto descendió al 2,7% en el 2015 (fue 2,14% en el 2014), incluso según datos del CEyS.

El Gobierno porteño para este 2019 planteó un fuerte ajuste: mientras estimó un crecimiento de sus recursos y gastos de 26%, proyectó una inflación mayor a 34% (que en la práctica puede ser más alta). A eso se suma que como Ciudad deberemos hacernos cargo de los subsidios al transporte, el agua y la energía eléctrica de los que el Gobierno nacional se desentendió. En un momento de recesión y aumento de pobreza y desempleo, el principal recorte recae sobre las políticas de vivienda (-7%), trabajo (-20%), educación (-3%) y salud (-2,7%), y sobre los sueldos de los trabajadores públicos. Los recortes en términos reales son del 48% en vivienda, 20% en promoción social, 23% en educación y cultura, 8% en salud, 17% en ciencia, 20 % en agua potable y alcantarillas, y 6 % en servicios sociales.

Podemos hacerlo diferente, de nuestra participación ciudadana depende.

La autora es ex diputada nacional (2003), ex constituyente de la Ciudad (1996), ex legisladora CABA (2010-2014) y presidenta INADI (2006-2010). Es profesora de Derechos Humanos (UBA) y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.