La violencia está legitimada en la Argentina. Y es una legitimación cultural y política. La violencia es la contracara de la impunidad que tienen en la Argentina los delitos del poder. Es decir, la corrupción.
Esta es la verdad que constata el informe de expertos del Colegio de Abogados de Córdoba del 2017 en su análisis sobre las causas de desconfianza social en la Justicia argentina. El razonamiento es muy sencillo. La impunidad de la corrupción genera desconfianza en la ley y en la Justicia, y esa desconfianza es la causa de la violencia.
Con esa lectura debemos acercarnos a la violencia del Boca-River. Es equivocado y deshonesto decir que la violencia desatada fue obra exclusiva de trescientos barras bravas.
La violencia del fútbol va en paralelo con la violencia piquetera, con la violencia sindical, con la violencia de los paros salvajes y con violencia ejercida por los diputados en el propio Congreso de la Nación. Se trata de una misma cultura violenta con distintas manifestaciones.
La violencia es el síntoma pero no la enfermedad
En una democracia es el Estado quien monopoliza la violencia. En la democracia argentina la violencia está en las calles y no en poder del Estado. Es burlarse de la sociedad declarar que el problema de la violencia en Argentina se soluciona con un simple aumento de penas para los barras bravas.
Ya Néstor Kirchner se equivocó en el 2004 con las leyes Blumberg, cuando, para calmar el clamor popular, aumentó las penas para los delitos de la calle. Hoy Mauricio Macri pretende hacer exactamente lo mismo, con el agravante de que han pasado 14 años desde aquel fracaso.
La no criminalización de la protesta social
Este fue el paradigma que marcó la década kirchnerista. Pero un noble objetivo como es el de legitimar la protesta social fue prostituido por los violentos que usaron de ese derecho para destruir el espacio público y violar la seguridad ciudadana. Frente a un Estado absolutamente ausente.
El "derecho constitucional a peticionar" está limitado por el "derecho humano a la seguridad ciudadana". La seguridad ciudadana es el nuevo paradigma de los derechos humanos en el siglo XXI. No se trata de seguridad pública o de seguridad del Estado. El objeto de protección por parte del Estado es la seguridad ciudadana.
Los que mandan deben tener claro el diagnóstico al tomar medidas. Se trata de saber que la violencia está legitimada en nuestra sociedad. No es un simple problema de los barras bravas del fútbol. El objeto de cualquier medida que se tome debe ser el de terminar con la violencia en las calles. Y garantizar seguridad ciudadana como un derecho humano. No como pretende Jair Bolsonaro, es decir, con mano dura policial.
Leyes con aumento de penas
De nada sirvieron y de nada servirán. Nuestro Presidente debe entender que para luchar contra la violencia con eficacia no son suficientes reformas aisladas del Código Penal, sino que lo que hay cambiar es toda una política criminal y priorizar el castigo legal a los delitos del poder que hoy en Argentina son carecen de todo castigo.
Me permito sugerir al Gobierno que comience con agravantes punitivos para todos los delitos de corrupción que tienen penas ridículas en Argentina. Que siga con una reforma al proceso penal que termine con la vergüenza de que los juicios por corrupción duren en Argentina 14 años. Que sigan, en tercer lugar, con derogar el irritante privilegio de jueces que no pagan ganancias. Sobre esas bases de ejemplos morales, habrá legitimidad para aumentar las penas a los violentos.
El aumento punitivo no debe limitarse al fútbol. También para los piqueteros y sindicalistas con paros salvajes que destruyen el espacio público. También las penas deberían ser para los diputados que ejercen la violencia tal como lo vimos en directo en las últimas sesiones. Todo debería estar en el mismo paquete legislativo.
Reformas penales aisladas solo para los barras bravas del fútbol son ineficaces. De nada sirven. En realidad, son una burla a una sociedad cuyos primeros reclamos son hoy seguridad ciudadana y castigo a la corrupción.
El autor es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN.
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