Estados Unidos, la Unión Europea y Japón: juntos por la reforma de la OMC

El 25 de septiembre en los márgenes de la reunión de la Asamblea General los ministros de Comercio de Estados Unidos, Unión Europea y Japón dieron a conocer un documento con sus propuestas para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC). La reunión tuvo lugar solo diez después de la reunión del G20 en Mar del Plata. El documento está dirigido a los países que no aplican políticas de mercado, que tienen prácticas que crean sobreproducción y eluden la libre competencia. Esta descripción lleva el nombre de China.

El comunicado sostiene que el libre mercado es fundamental para un sistema de comercio global justo y mutuamente ventajoso, y que resulta indispensable mantener reuniones periódicas para identificar las prácticas nocivas realizadas por terceros países, intercambiar información y trabajar con otros miembros para proteger las condiciones del libre mercado, profundizar la discusión y la forma de aplicación de las normas para abordar las distorsiones en el comercio internacional.

El documento confirma los estudios sobre posibles regulaciones futuras en subsidios industriales y el rol de las empresas del Estado que socavan las reglas del comercio. El cuestionamiento alcanza a préstamos de bancos públicos, otorgamiento de garantías oficiales, apoyo de fondos de inversión estatales, fijación de precios diferenciales para los insumos, otorgamiento de subsidios en los casos de sobreoferta o sin reestructuración de deuda o compensaciones por capacidad ociosa. Los ministros sostienen que ningún país puede obligar a las empresas a transferir tecnología a socios locales, establecer joint-ventures, obligaciones para el proceso de aprobación de patentes o incursión ilegal en los redes de computación de las empresas extranjeras. Los trabajos deberán estar terminados al final de este año para comenzar las negociaciones.

Los ministros de Comercio coincidieron en la necesidad de reformar la OMC. El primer paso será la presentación conjunta sobre transparencia y notificación en la próxima reunión del Consejo sobre Comercio de Bienes y el fortalecimiento de los comités para asegurar su eficiencia. El documento cuestiona la definición imprecisa de desarrollo y el mecanismo de autodenominación de país en desarrollo, porque terminan siendo un escollo para la efectividad de los acuerdos y el progreso en negociaciones futuras. Esta predisposición de involucrarse en negociaciones dentro del marco de la OMC constituye un avance respecto a la Reunión Ministerial de Buenos Aires y las amenazas de retirarse del organismo. El G20 difícilmente pueda ignorar este tema, a pesar de los esfuerzos para propiciar diálogos y consensos.

El último párrafo del documento plantea la relación entre seguridad nacional y comercio e inversiones. Los Estados Unidos utilizaron esta relación para justificar la aplicación de tarifas adicionales a las importaciones de acero y aluminio, y las sanciones a China. La inclusión de inversiones en un documento de este tipo tendría el propósito de dificultar la transferencia de empresas con tecnología sensible a capitales extranjeras. Este es criterio de guerra fría que reconoce la posibilidad de conflictos, y reivindica la interferencia y la vigilancia de los gobiernos en los negocios privados. Los Estados Unidos han remarcado el temor por los avances tecnológicos de China reflejados en su plan industrial 2025.

Los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han dado un paso muy importante para la apertura de negociaciones sobre la reforma de la OMC. El planteo conjunto obligará a acelerar la agenda, porque persigue objetivos muy concretos para proteger a sus mercados, sus empresas de la "competencia desleal" y el liderazgo tecnológico, más aún cuando las negociaciones tendrán lugar bajo la amenazas de represalias. El problema principal consiste en dilucidar si la calificación del régimen de mercado residirá en la voluntad de cada país o en una instancia del organismo. El presidente Donald Trump en su discurso ante la Asamblea General recalcó que los Estados Unidos no otorgarán a ningún organismo internacional el derecho de intromisión en sus decisiones y el acuerdo Estados Unidos-México ratifica ese principio. Todo hace prever que bajo estos argumentos las negociaciones para decidir el futuro de la OMC serán arduas y difíciles de congeniar ante la intransigencia que hasta el presente han mostrado las autoridades de los Estados Unidos.