Propongo reflexionar sobre la llamada "causa de los cuadernos". Intento hacerlo con el máximo rigor tratando de dejar de lado cualquier contaminación mediática. También, seguro de que en nada pueden ayudar en este ejercicio reflexivo, me propongo tomar distancia de la locura imperante.

Empecemos por decir que en la llamada "causa de los cuadernos" nunca se encontraron los cuadernos. Solo se cuenta con fotocopias de sus páginas que dicen haberse obtenido irregularmente. ¿Por qué irregularmente? Porque quienes hicieron las fotocopias y la digitalización de los cuadernos dicen haberlo hecho sin el consentimiento de quien presuntamente era su dueño y los escribió.

Como los cuadernos no existen, nunca podremos saber si ellos fueron escritos en el momento que se dice que han sido escritos. ¿Por qué esa observación? Es simple. Si contáramos con los originales y un perito pudiera analizar la antigüedad de la tinta, podríamos establecer si estamos ante un hecho genuino ocurrido en el tiempo y el modo que esos cuadernos describen o si estamos simplemente ante una escenografía montada ulteriormente con el propósito de inducir al imaginario público con un propósito determinado.

En síntesis, solo contamos con fotocopias que en el mejor de los casos valen como meros indicios. Necesitan ser corroboradas por pruebas fehacientes para que tengan entidad como elemento de juicio. Para la Justicia, la veracidad de lo que se dice en las fotocopias está probada porque alguien las reconoce como de su autoría y porque algunos hechos que en ellas se describen parecen haberse corroborado con las expresiones de los "arrepentidos".

Ahora bien. El autor de los textos es un ex oficial del Ejército que quedó desvinculado de la fuerza cuando la Justicia lo declaró inimputable tras arrojarle una granada a un camarada. Sabemos de él, por los dichos de su ex pareja, que también es un hombre violento y maltratador. ¿Cuánto valen las expresiones de un hombre de tales condiciones psicológicas? De eso la Justicia, hasta aquí, no se ha ocupado. Tomó sus dichos (no olvidemos que además es un imputado que goza del privilegio de poder mentir para defenderse) como plenamente válidos.

¿Los "arrepentidos" confirmaron los hechos relatados en los presuntos cuadernos? No de un modo específico. Han reconocido haber pagado coimas a funcionarios del Estado, haber formado parte de un "cartel" del que los cuadernos ni hablan o haber hecho aportes para campañas electorales a favor del partido entonces gobernante, pero no han especificado si algo de ello sucedió en los tiempos y las formas que en los cuadernos se narra.

En algún caso hasta ha quedado evidenciado que lo que los que los cuadernos dicen no era cierto. Es lo que pasó en el caso de Jorge "Corcho" Rodríguez quien espontáneamente se presentó ante el tribunal y aclaró que el día que en los cuadernos se lo señala como partícipe de un encuentro con alguno de los imputados estaba fuera del país y que las oficinas suyas supuestamente visitadas por los ex funcionarios, se inauguraron un año más tarde a lo que expresaban los textos.

Aunque es razonable relativizar el valor probatorio de las fotocopias de los cuadernos, llama la atención que el juez actuante convierte en prueba central a cuanto emana de ellas. Sorprende que las distintas imputaciones que formula se fundan básicamente en esos textos. Así, el juez consideró probado con la versión fotocopiada, la cantidad de veces que "depositaron" dinero proveniente de coimas en el departamento de la ex Presidenta. No le bastó con ello. También estimó acreditado el monto de dinero acumulado en concepto de coimas, sumando las cifras que surgen de las fotocopias.

¿Por qué lo hace? Porque no cuenta con pruebas certeras y porque no encontraron un solo centavo de los cientos de millones que dicen haber motorizado en innumerables viajes.

Hay que admitir que leyendo los textos fotocopiados, uno puede advertir que el autor de los mismos tiene una extraña destreza que le permite conocer cuanto dinero hay en un bolso cerrado. Llama la atención que, siendo tan detallista en sus descripciones, nunca haya fotografiado con su celular los bolsos que transportaba o filmado a quienes los cargaban.

A la prueba de las fotocopias de los cuadernos, el juez suma las declaraciones vertidas por "arrepentidos".

¿Cómo ha funcionado la Ley del Arrepentido en esta causa? Mal. Lisa y llanamente operó como un mecanismo extorsivo para provocar delaciones. Es evidente que todo aquél que admitió la ocurrencia de un delito quedó liberado, mientras que el que no lo confesó terminó en la cárcel. Asumo que no comulgo con la lógica que impera en la Ley del Arrepentido.

Pese a ello, tengo claro que la ley promueve la inducción al acusado para que confiese el delito y aporte pruebas que alivien la labor investigativa. A cambio de ello, la pena que finalmente corresponda podrá disminuirse a modo de premio.

Para que la pena se alivie no hace falta solo la confesión. Hace falta aportar probanzas que demuestren los hechos. Nada de eso ha ocurrido en este caso. Solo existen confesiones claramente inducidas. Los empresarios, ofrecen declaraciones en donde cargan sobre sus hombros la responsabilidad de haber pagado coimas. Ninguno relata como fueron esos pagos, de dónde salieron los fondos, quién los recibió y en que cuentas quedaron depositados o de qué modo fueron gastados.

El método aplicado en este caso consistió en buscar la confesión y otorgar la libertad como premio. No ha habido de parte de los acusados aportes a la investigación. La invocación de la ley fue únicamente una válvula de escape para la liberación de los procesados.

La ley promueve beneficiar al arrepentido con una pena menor después de corroborar la veracidad de sus aportes a la investigación. Aquí el premio ha sido anticipado y no se le ha exigido nada más que admitir su participación en los hechos. Los aportes a la investigación no existen. Son nulos.

En conclusión, las dos grandes pruebas de cargo con que cuenta la Justicia en este caso son las débiles fotocopias de los cuadernos y los singulares dichos de los "arrepentidos".

Hay además cierta prueba documental y algunos testimonios que se invocan como pruebas de cargo. Pero en realidad son probanzas que solo avalan datos objetivos descriptos en las fotocopias de los cuadernos, por ejemplo la dirección de una oficina o la titularidad de un automóvil.

Pero a todo ello se suma una cuestión adicional. Es evidente que el juez interviniente está decidido a implicar en la causa a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hace con una desmesura evidente producto, seguramente, del encono que le guarda, algo que todos sabemos menos la Cámara que revisa sus fallos.

Así, para el juez, Cristina lideró una asociación ilícita que lucraba con el otorgamiento de obras y concesiones públicas.

Lo afirma sin tapujos. Condimenta esa afirmación con adjetivos de todo tipo. Pero lo cierto es que en medio centenar de procesados y arrepentidos nadie dice haber acordado el pago de coimas con Cristina Fernández de Kirchner.

Tres declaraciones la mencionan tangencialmente, siempre poniendo en boca de otros que ella estaba al tanto de lo que ocurría. Hay quien dice que Julio de Vido dijo que Cristina conocía el acuerdo de cartelización. Hay quien dice que José López dijo que Cristina controlaba como se adjudicaban obras en Vialidad Nacional. Y es el mismísimo José López quien dijo suponer que eran de Cristina los millones de dólares que cargaba en su auto al momento de ser detenido.

Me asalta una duda. ¿Habrá advertido el juez de la causa que la singular nueva declaración de López se choca de cuajo con la versión que dio ante el Fiscal Delgado y el Juez Rafecas en la causa en la que está a punto de ser condenado?

Leyendo el fárrago de palabras con los que le juez quiere motivar su decisión, es evidente que su objetivo central es cargar contra Cristina. En sus fundamentos, da muchos títulos a los medios, pero silencia argumentos jurídicamente valiosos que de invocarlos debilitarían su voluntad persecutoria. Su único objetivo es descalificarla. La maltrata de tal modo, que hasta reclama encarcelarla para que su opinión no pese en los medios de comunicación. Francamente patético.

En su fallo, el juez se ubica en el lugar del moralizador que carga sobre ella la responsabilidad de haber liderado una inmensa asociación ilícita de la que participaron empresarios, funcionarios y hasta choferes y secretarios. Una extraña asociación ilícita en la que sus miembros no se conocen entre si. Formula su imputación levantando palabras y no pruebas. Si la ex Presidenta conducía esa próspera asociación ilícita, ¿por qué en el años 2012 puso en manos de Florencio Randazzo parte de ese negocio? Los empresarios cuentan que con el ex ministro los reclamos de coimas desaparecieron.

Insólitamente, el juez atribuye a la ex Presidenta ubicarse al frente de una asociación ilícita por el sólo hecho de que en su gobierno, aparentemente, algunos canjeaban obras y concesiones públicas por coimas. Fija así una regla de responsabilidad objetiva que repugna a la lógica del derecho penal moderno.

La "causa de los cuadernos" puede significar un punto de inflexión para Argentina. No me animo a decir que todo cuanto allí se ventila sea falso. Si la investigación se hiciera seriamente, tal vez podríamos determinar cómo ha funcionado (y funciona) la Patria Contratista y cómo desde el Estado algunos se asocian al poder económico de Argentina para quedarse con una tajada que todos pagamos.

Pero estoy seguro que este no es el modo, porque todo el proceso está teñido de vicios y arbitrariedades que muchos soslayan porque sienten que las padecen los que ya fueron condenados mediáticamente.

En un Estado de Derecho preservar las reglas del debido proceso es algo esencial. En nuestra joven democracia hemos hecho grandes juzgamientos respetando todas las garantías constitucionales. Hasta a los genocidas se les han preservado, como corresponde, todos y cada uno de sus derechos. ¿Por qué quebrar esa regla ahora?

De eso se tratan estas reflexiones. Darnos cuenta del riesgo que corremos cuando aceptamos que la ligereza judicial gobierne a los magistrados. Entender que los jueces no deben limpiar las culpas que generaron cuando fueron serviles al poder, operando después como inquisidores del nuevo régimen. Advertir lo peligroso que resulta que sean los medios de comunicación quienes tienen el poder de dictar el veredicto de culpabilidad o inocencia.

Debemos darnos cuenta que celebrar la injusticia que padece el oponente es un placebo capaz de calmar el dolor que nos causa nuestra peor enfermedad. El odio.

El autor fue jefe de Gabinete de la Nación (2003-2008).