Los cuadernos de Centeno y las declaraciones como imputados colaboradores de algunos empresarios revelaron parte del funcionamiento de la corrupción estructural durante los gobiernos kirchneristas. De acuerdo con lo revelado por los medios, la causa no solo involucra a funcionarios, sino también a los grandes jugadores de la obra pública de los últimos cuarenta años, así como a jueces, fiscales y operadores judiciales. Se trata de aquello que Elisa Carrió llamó "la matriz de la corrupción" en su denuncia de 2008, aquella que generó risas socarronas de buena parte de la dirigencia política, empresarial y social de la Argentina. Ahora, otros se refieren a estas revelaciones como "el mecanismo", reproduciendo el título de la serie que retrata el caso Lava Jato en Brasil. Pero lo cierto es que la corrupción en este país no es ni una matriz ni un mecanismo. Es una máquina. Y no es nueva.

El concepto de mecanismo sería apropiado para pensar el modo en que se presenta la corrupción en una etapa determinada (por ejemplo, entre 2003 y 2015) o en las maniobras que se investigan en una causa penal concreta. El problema de esta visión es que soslaya el carácter estructural que tiene la corrupción en la Argentina. No estamos ante un germen que aparece por momentos para atacar a nuestras maravillosas instituciones públicas y privadas, y que es repelido o abrazado dependiendo de las virtudes morales de quienes las conducen.

Lo que enfrentamos, en cambio, es un síntoma de debilidades institucionales que este país arrastra desde su fundación y que, a lo largo de la historia, los jugadores han hecho cada vez más sofisticadas: inestabilidad política, autoritarismo, falta de frenos y contrapesos, corporativismo, patrimonialismo, concentración del poder (político y económico), etcétera. De estas debilidades macro se derivan luego otras específicas, vinculadas con los sistemas de control, la discrecionalidad en materia de designaciones y reestructuraciones organizacionales, la administración financiera, el financiamiento electoral, las contrataciones y la obra pública, la toma de deuda, la publicidad oficial, el sistema tributario y aduanero, etcétera. Y de todo ello emerge, entre otras consecuencias negativas, la corrupción, que a la vez las retroalimenta.

Esta máquina que la Argentina viene construyendo desde hace más de doscientos años comprende todos los mecanismos. Es un sistema complejo, aceitado y permanente, formado por distintas partes: políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas, medios de comunicación, jueces, fiscales, abogados y otros auxiliares de la Justicia, como las fuerzas de seguridad e inteligencia. El poder relativo de cada parte respecto de las otras no es siempre el mismo, pero nunca desaparece por completo, mientras que la máquina en sí es inmune a diferentes modelos económicos y políticos, e incluso a tendencias globales.

Destruir la máquina es casi imposible, pues todos los sectores con capacidad de hacerlo se alimentan de ella. Dependiendo del modo de funcionamiento en que esté activada, a veces les toca una porción grande y a veces una pequeña, pero siempre les toca algo y, desde luego, todos prefieren algo antes que nada. En el mejor de los casos, la ciudadanía recibirá de su dirigencia tres respuestas simbólicas, pero igualmente infructuosas para reducir la corrupción en forma significativa: (a) acciones de Mani Pulite para juzgar el pasado; (b) reformas penales para juzgarlo en forma más eficiente, pues el diagnóstico (equivocado) es que el problema persiste porque el sistema penal es lento; y (c) lo que la literatura especializada denomina "fachadas de buen gobierno", es decir, versiones edulcoradas de reformas institucionales que se van poniendo de moda en el mundo (gobierno electrónico, gobierno abierto, compras online, etcétera).

La historia de la corrupción en la Argentina muestra que desde la colonia hasta Menem, con una breve interrupción durante el período del rosismo y el caudillismo, la máquina funcionó en el modo clásico de la captura de Estado. En este modelo, el mayor poder relativo es de unos pocos privados, que obtienen prebendas y privilegios de la mayoría de los funcionarios de un Estado débil y desorganizado a cambio del pago de un una tasa o cuota, cuyo valor se modifica según las épocas (el 15, el 20 o lo que sea).

Durante el menemismo, la máquina empezó a moverse hacia el otro extremo, asentándose en el funcionamiento típico de un monopolio bilateral. Aquí, el poder relativo de las partes es similar, pues los pocos privados de siempre enfrentan a un Estado más organizado. Los tomadores de sobornos son menos (en general se concentran en el círculo íntimo de la cabeza del Estado), el líder interviene en la selección de los oligarcas a los que entrega los negocios y, además, las rentas se reparten entre los funcionarios y los empresarios en función del tamaño de la torta y del poder relativo que tengan en cada momento.

Finalmente, con el kirchnerismo la máquina avanzó decididamente a un esquema cleptocrático, una versión moderna de la tipología que interrumió la captura de Estado durante el caudillismo, ahora mediada por algunas restricciones institucionales que no existían a mediados del siglo XIX. En este modelo, el mayor poder relativo es claramente de la política. Los recursos públicos se utilizan como propios y el poder político ya no se conforma con una cuota a cambio de otorgar contratos y negocios, ni con repartir la torta ilegal de un modo más "equitativo". Lo que busca, en cambio, es ocupar el lugar de los empresarios y quedarse con todo. Por eso, en este sistema aparecen "nuevos" empresarios: sujetos hasta entonces desconocidos, cercanos al poder político, que obtienen cada vez mayores porciones de la torta (los Báez, los Ferreyra), aunque conviven con los jugadores de siempre (los Rocca, los Pescarmona, los Macri, entre otros).

En este marco, es sorprendente la liviandad con la que muchos toman el esfuerzo defensista de algunos empresarios por mostrarse como víctimas de funcionarios venales declarando que estos les exigían el dinero, y no ya para otorgarles contratos de obra pública, sino para financiar las campañas electorales del kirchnerismo. Este planteo busca alejar a los empresarios del cohecho activo y de la asociación ilícita, y presentarlos apenas como víctimas del delito de exacciones ilegales (que solo los funcionarios pueden cometer). Si esto fuera así, lo máximo que podría caberles (si no se investigara la evasión por el dinero no declarado) serían las sanciones de la ley de financiamiento electoral, que castiga a las empresas con una multa de 1 a 10 veces el monto de la contribución, y a sus propietarios, directores, gerentes y representantes con inhabilitación de 6 meses a 10 años para elegir y ser elegidos en elecciones nacionales. Una verdadera ganga.

La estrategia no debería prosperar desde el punto de vista jurídico, pues las exacciones ilegales presuponen un vínculo unilateral y, además, carecen del elemento propio de los sobornos: el quid pro quo, es decir, el intercambio de dinero o dádivas para que el funcionario haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Considerando que quienes hacían los aportes eran receptores de obra pública, que esta dependía de los mismos funcionarios a los que les entregaban el dinero y que los aportes también se habrían realizado en años no electorales, será difícil negar que se trataba de relaciones bilaterales y que los empresarios recibían una contraprestación por lo que entregaban. La declaración de Carlos Wagner como imputado colaborador lo torna aun más difícil.

Pero, además, la versión de los empresarios es incoherente con lo que nos muestra la historia de la máquina de la corrupción: el juego siempre es de ida y vuelta, y las únicas víctimas son el sistema democrático y la sociedad. El argumento que se escuchó en los últimos años de parte de empresarios y de no pocos comunicadores (que durante el kirchnerismo no se podía hacer negocios de otra manera y que había que pagar para preservar la empresa y sus fuentes de trabajo) es moralmente inadmisible. Cumplir la ley en un país estructuralmente anómico no es gratis. Claro que a quienes se aprovechan del sistema para obtener privilegios les va mejor. Al menos en el corto plazo, pues, como dejara en claro Carlos Nino con su célebre concepto de "anomia boba", en el mediano y largo perdemos todos.

Pero hay que cumplir la ley. Y no solo por razones deontológicas (es lo correcto), sino también utilitaristas (es lo que produce mayor utilidad agregada), pues el cálculo lo hacen los legisladores. El derecho es como un semáforo: rojo significa "pare", no "reduzca un poco la velocidad, mire a cada lado y si le parece que no va a chocar ni pisar a nadie, cruce". Si cada uno de nosotros pudiera hacer su propio cálculo ("voy a pagar una coima porque si no voy a quebrar y mis empleados se quedarán sin trabajo"), la vida en sociedad sería imposible. No hace falta imaginar cómo sería vivir así, pues de hecho así vivimos.

La autora es magíster y doctora en Derecho (Yale).