Responsabilidad política. Salud pública. Derechos humanos. Aprendizaje histórico. Evidencia científica. Las razones sobran.
El aborto en Argentina constituye hoy una clandestinidad asumida. Está penado, sí. Pero es una práctica cotidiana de mujeres de diferentes edades, religiones y clases sociales que, a pesar de ello, recurren a clínicas privadas, casas particulares o consultorios irregulares para cumplir su decisión. ¿Cuántas son efectivamente castigadas? Unas pocas. ¿Cuántas viven para contarlo? Ahí el problema.
Primera causa de mortalidad materna: tres mil mujeres muertas por abortos clandestinos inseguros en democracia. Nuestras hijas, nietas, sobrinas, amigas, vecinas, compañeras de trabajo o de estudio. ¿Muere cualquiera? No: las argentinas de menos recursos, las que no pueden pagarse las pastillas abortivas, las cirugías seguras y los seguimientos pos-operatorios.
Seamos honestos: la ausencia de regulación es un fracaso con costo humano.
No disuade a las mujeres a abortar. A pesar de permitirlo en caso de violación o de riesgo de vida de la madre, impone obstáculos institucionales para ejercerlo. Agrava las desigualdades sociales. Fuerza a muchas mujeres a llevar embarazos no deseados, incluso cuando existe evidencia científica de la inviabilidad de vida extrauterina. "Tortura". "Trato cruel, inhumano y degradante", así lo define la ONU.
El dilema real es: ¿aborto legal o clandestino? Nuestra alternativa: educación sexual para poder decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
Sí, también se trata de derechos. A la libertad, a la igualdad, a estar libres de toda discriminación y violencia. A poder acceder en igualdad de condiciones a la educación y los servicios de salud sexual y reproductiva. A la elección autónoma sobre su sexualidad y maternidad.
¿Capricho de las argentinas? No. De hecho, llegamos tarde al debate. La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho ya consagrado en los países desarrollados. Sin ir tan lejos, Uruguay: el aborto pasó de provocar el 37,5% de las muertes maternas entre 2001 y 2005 a solo el 8,1% entre 2011 y 2015.
Quienes defendemos esta ley somos legalistas, no abortistas. Porque hoy la democracia es ciega frente a los dramas de las mujeres. Por ellas. Con ellas. Por todas.
La autora es diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires (Evolución Radical).
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