¿Qué hay detrás del debate por la legalización del aborto? ¿Cuánto significaría para el Estado que sea gratuito? La salud pública tiene otras prioridades por atender y, así y todo, puede prevenir y evitar esta práctica.

El debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo viene agitado por la bandera de sectores que reclaman por "aborto legal, seguro y gratuito"; una consigna efectista, sin duda, pero vacía de sentido al contrastar, al menos en una dimensión, el hecho de si en verdad se propone cargar la cuestionada práctica sobre las espaldas del Estado, con la consecuente erogación presupuestaria que sale de los impuestos de los contribuyentes.

Antes de hacer números finos, vale la pena contemplar la experiencia que en décadas han acumulado aquellos países donde el aborto ya es legal. Los resultados son más que interesantes.

-En los años subsiguientes a la legalización, se incrementa significativamente la cantidad de abortos voluntarios. En Estados Unidos, el número de abortos por año aumentó de 193.491 en 1970 a 1.034.170 en 1975. En el Uruguay, en solo cuatro años la cantidad de abortos aumentó un 35,5 por ciento. En España, el número de abortos por año creció casi un 500% entre 1985 y 2013.

-Luego de la legalización, disminuyen las tasas de fecundidad y natalidad, produciéndose cambios en la composición demográfica de los países y conduciendo al envejecimiento poblacional. Dicho fenómeno perjudica, directamente, la sustentabilidad del sistema previsional, que ya enfrenta enormes desafíos hacia futuro en nuestro país.

-El aborto como método de control poblacional ya fue planteado en el memorándum 200, elaborado en 1974 por el famoso secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. Detrás de la discusión por legalizar el aborto hay intereses de poderosos grupos económicos internacionales que buscan no solo acumular riqueza en pocas manos, sino también controlar el crecimiento poblacional.

Ahora bien, ¿cuánto costaría a la sociedad argentina avalar el aborto? En los Estados Unidos, abortar durante el primer trimestre de embarazo cuesta, en promedio, 490 dólares. Si diéramos crédito a la irrisoria cifra de que en nuestro país suceden 500 mil abortos anuales, ya no por su actualidad, sino por considerarse una cifra alcanzable a futuro, y la práctica fuera cubierta en hospitales públicos y planes de prepagas y obras sociales, esto representaría más de cinco mil millones de pesos. Nada menos que el 10% del actual presupuesto total del Ministerio de Salud de la Nación para 2018. Este monto es tres veces más lo que hoy en día dicho ministerio destina, de acuerdo con su previsión de gastos, para las políticas de "atención de la madre y el niño".

Con todos los problemas que tiene el sistema de salud actualmente, ¿podríamos destinar cinco mil millones de pesos al aborto? ¿No sería, acaso, mucho más humano y eficiente destinar estos recursos a la contención y el acompañamiento de las mujeres con embarazos en crisis?

El Estado debe utilizar los recursos para proteger toda vida, especialmente la del más indefenso. El aborto es una respuesta ineficiente. En economía usamos el término "eficiente" para referirnos a la situación en la que no se puede mejorar el bienestar de un individuo sin empeorar el de otro. El aborto claramente no es esta situación, ya que se elimina el bienestar de uno (el niño por nacer) y se atenta contra la integridad de la madre. Hay muchas formas de mejorar el bienestar de ambos. Hay muchas soluciones verdaderas. El aborto nunca es una de ellas.

La autora es economista (UNR) e integrante de Rosario Te Quiero Pro Vida.