La lucha de una década por frenar la incineración de residuos

Como si se tratase de un mal sueño que se repite, los planes de incinerar basura en la Ciudad de Buenos Aires vuelven a aparecer sobre la mesa. Esta tecnología obsoleta y contaminante, que los países más desarrollados están abandonando, vuelve a aparecer como una opción en la Legislatura porteña.

La ley de basura cero, cuya sanción data del 2005, sufrió ataques sistemáticos desde que entró en vigencia. No solo hubo una demora de dos años en reglamentarla, hecho que sucedió finalmente en el 2007, sino que, en ese momento, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, ya pensaba en reactivar la incineración. Greenpeace realizó denuncias públicas al respecto.

Los objetivos de cumplimiento de la ley son y siempre fueron claros. Se debía avanzar en una reducción progresiva de los residuos enviados a rellenos sanitarios: un 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para 2017.

Claramente, estas metas no fueron alcanzadas. El año pasado fueron dispuestas 1.202.101 toneladas en rellenos sanitarios, tres veces más del objetivo impuesto para ese año. Es decir, en la Ciudad ni siquiera fue cumplida la meta impuesta para el 2010.

Entonces, la termovalorización presentada en el nuevo proyecto de ley, que no es más que un eufemismo para hacer referencia a la quema de basura, vuelve de nuevo a discusión para tapar la ineficacia política del Gobierno de la Ciudad, que no cumplió con los estándares establecidos por la normativa.

Pareciera que el Gobierno quisiera hacer magia y hacer desaparecer las toneladas de basura junto a su falta de voluntad política para hacer cumplir la ley vigente, que ellos mismos votaron en 2005.

La solución a la crisis de los residuos pasa por responder a los principios de una economía circular en línea con la ley de basura cero: esto implica, en principio, desarrollar y fortalecer la industria del reciclaje, establecer un marco de tratamiento a los residuos orgánicos —hoy el 50% de la basura de la Ciudad—, y generar políticas inclusivas y responsables sobre la generación de residuos bajo el principio de responsabilidad extendida del libro productor.

Sin embargo, los planes del Gobierno son otros: están proyectadas siete plantas incineradoras. Cada una tiene un costo estimado de 500 millones de dólares. Con solo un 6% del costo de una de las plantas se podrían construir 40 centros de reciclado para procesar el total de los residuos reciclables. De esta manera, los millones restantes para el tratamiento sustentable de los orgánicos y los no reciclables. Además, más de seis mil personas que hoy viven gracias al reciclado perderían su principal fuente de trabajo.

Mientras Buenos Aires lleva adelante una política atrasada por décadas, en otras ciudades del mundo se está avanzando en la promoción de energías más eficientes. En enero de 2017 la Comisión Europea publicó sus lineamientos sobre el papel de la incineración en la economía circular e instó a los países a priorizar las políticas de reducción y reciclado de residuos; y a desalentar el uso de la incineración.

Por otro lado, la Unión Europea se encamina a aumentar los objetivos de reciclaje, estableciendo como meta reciclar el 65% de los residuos sólidos urbanos para 2035. Asimismo, a la luz del mapa de uso eficiente de los recursos, el plan de Europa es llevar a cero y eliminar para el 2020 la incineración de materiales reciclables. El verdadero ejemplo que el Gobierno debería tomar de Europa es la priorización del reciclaje. La solución no puede radicar en modificar una ley vigente, sino buscar soluciones dentro de esta, sin cambiar su esencia: incinerar no es basura cero.

El autor es coordinador de campañas de Greenpeace.