Algo huele mal en la ciudad

Hace pocos días el PRO presentó en la Legislatura porteña un proyecto para instalar incineradoras de basura: el mismo sistema que es fuertemente rechazado en diversos países por ser contaminante y que aquí está prohibido desde hace años.

La Comisión de Ambiente fue colmada por representantes de los más de 5500 trabajadores cooperativistas cartoneros que, con magros sueldos y en las precarias condiciones de labor que el Estado les provee, realizan la tarea indispensable y necesaria de recuperación y reciclado. Como señaló uno de ellos a los diputados presentes: "Conseguimos que esto sea un trabajo. Ahora queremos conseguir que sea un trabajo digno. Somos parte del servicio público de recolección y deberíamos pertenecer a la planta permanente de la Ciudad".

Lejos de esto, el proyecto oficial hace peligrar esa fuente de empleo. Con una frase que rememoraba los duros días que vivieron por el 2001, una compañera emotivamente les dijo: "Al infierno no volvemos nunca más". En esa Legislatura que les da la espalda a los problemas de las mayorías populares se coló un poco de la realidad de los movimientos que surgieron al calor de la miseria y el desempleo de la última gran crisis nacional.

También abogados, activistas y organizaciones ambientalistas hicieron conocer su rechazo a los efectos de la incineración de basura para la salud de los habitantes del área metropolitana.

El proyecto oficial modifica y deja sin sentido la ley de basura cero que, aunque se incumpla, rige en la ciudad y prohíbe expresamente la incineración de residuos. Lo que el proyecto llama, eufemísticamente, "combustión con valorización energética", en realidad son hornos que emitirán gases que contienen diversos contaminantes. Entre ellos, los furanos y las dioxinas, conocidos por haber sido empleados, obviamente en proporciones de armas de guerra, en Vietnam por el gobierno de los Estados Unidos, y que aún hoy generan malformaciones, enfermedades neurológicas y un sinfín de problemas de salud en la población.

A poco de ser inaugurada, en Canadá debieron cerrar uno de los hornos de una planta de incineración por sobrepasar 12 veces el mínimo establecido de dioxinas. Actualmente, en el País Vasco hay manifestaciones para detener la construcción de una planta incineradora y hace unas semanas varios sindicatos confluyeron con el Movimiento Antiincineración en una multitudinaria marcha bajo el lema: "Los trabajadores también, parad la incineradora. Hay alternativa". La propia Unión Europea desaconseja el uso de estas plantas, con lo cual es probable que estemos ante un negocio de empresas que vendrán a instalar aquí una tecnología que es considerada perjudicial y obsoleta en Europa. Estaríamos ante una vuelta de tuerca, a escala de empresas multinacionales, del llamado "negocio de la basura".

En forma llamativa, los funcionarios enviados por el Gobierno de la Ciudad a presentar el proyecto en la Legislatura se limitaron a leerlo y se negaron rotundamente a responder siquiera dónde estarán ubicadas las plantas incineradoras. Gustavo Coria, presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) (cuya vicepresidencia ocupa Claudio "Chiqui" Tapia; sí, el presidente de AFA), se limitó a decir que estarían incorporando "una tecnología más entre otras".

En defensa de los derechos de los trabajadores de las cooperativas y de la salud de todos exigimos que se retire el oscuro proyecto del PRO que redundará en aumentar los negocios de pocos y contaminar el ambiente de millones.

La autora es diputada porteña PTS-FIT.